Boricuas Unidos en la Diáspora cabildea para que se introduzca proyecto como el 2070 de Nydia Velázquez para Asamblea de Estatus

NUEVA YORK – Miembros de la organización “Boricuas Unidos en la Diáspora” (BUDPR) le pidieron a congresistas demócratas que impulsen un proyecto similar a la llamada “Ley de Autodeterminación de Puerto Rico” (H.R. 2070) que fue presentado en el 2021 por las representantes demócratas neoyorquinas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez (AOC).

Chris Soto, director de Políticas del grupo con representantes en distintos estados y la isla, confirmó a El Diario que completaron una jornada de cabildeo en el Congreso la semana pasada que incluyó encuentros con legisladores de la minoría.

“El statu quo y la relación colonial, que algunos le llaman territorial, no es bueno para Puerto Rico”, inició Soto.

“Nos reunimos con tres congresistas, pero tuvimos más de 16 reuniones con diferentes oficinas y su personal”, especificó en la entrevista exclusiva con este periódico.

Los integrantes del grupo, que favorecen la independencia para Puerto Rico, mantuvieron intercambios con Glenn Ivey, de Maryland; Delia Ramírez, de Illinois y con Adelita Grijalva, de Arizona.

“Las reuniones eran para que esos congresistas impulsaran a Nydia Velázquez a reintroducir el 2070 o la Ley de Autodeterminación de Puerto Rico. Ella introdujo la medida en el 2021 y nosotros apoyamos ese proyecto. Eso también se tradujo en el proyecto de Ley de Estatus de Puerto Rico (Puerto Rico Status Act o H.R. 8393). Pero el proyecto de Ley de Estatus no tenía tres cosas clave y por eso estábamos apoyando el 2070”, resaltó.

Según el portavoz de BUDPR, entre las carencias del H.R. 8393, aprobado por los demócratas en la Cámara de Representantes el 15 de diciembre de 2022, estaba la falta de un lenguaje que garantizara una campaña educativa imparcial sobre las opciones de estatus legalmente viables.

“Número uno, la creación de una comisión bilateral que de paso a negociaciones formales entre Washington D.C. y Puerto Rico. También el reconocimiento de que Puerto Rico tiene poder para convocar una Asamblea de Estatus y número tres, el financiamiento para una campaña educativa imparcial. Cuando estaba en el Congreso (el Puerto Rico Status Act) la gente ni sabía que era la libre asociación…”, mencionó el activista sobre las alegadas faltas del proyecto.

Un resumen de la legislación en Congress.gov expone que el proyecto de ley disponía para un plebiscito con aval del Congreso para resolver el estatus político de Puerto Rico entre tres opciones: estadidad, independencia o libre asociación.

La medida incluía herramientas para que la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE) llevara a cabo una campaña de educación al votante “de carácter no partidista” a través de medios de comunicación tradicionales pagados.

El proyecto estableció que la CEE debía proveer a todos los centros de votación materiales educativos para los votantes relacionados con el plebiscito. También establecía la presencia de observadores electorales nacionales e internacionales para garantizar la transparencia y la confianza en el proceso electoral.

“Todos los materiales educativos para los votantes y las papeletas utilizados para la implementación de este proyecto de ley estarán disponibles en inglés y español”, especifica la entrada en el sitio web de monitoreo legislativo.

El proyecto de ley también requería un proceso de transición e implementación de cada una de las opciones ofrecidas en la consulta.

Antes de que la Cámara Baja le diera paso a la medida que no llegó a evaluarse en el Senado, Velázquez, AOC y otros demócratas insistían en el “Puerto Rico Self-Determination Act”. Tras negociaciones con la entonces comisionada residente y actual gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, acordaron presentar el proyecto para el plebiscito.

Previo al convenio, González apoyaba el H.R. 1522 o “Puerto Rico Statehood Admission Act” (Ley para la Admisión de Puerto Rico como Estado) que introdujo el representante demócrata de Florida, Darren Soto. La medida establecía un proceso para la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión. La propuesta de ley fue coauspiciada por 81 representantes.

La legislación para una Asamblea de Estatus contaba con 76 coauspiciadores en la Cámara.

El proyecto de ley establecía que la legislatura de Puerto Rico tenía la autoridad para convocar una convención de estatus que estaría conformada por delegados electos por los puertorriqueños para evaluar las distintas opciones viables.

La intención principal mediante la Asamblea era abrir un diálogo con el gobierno estadounidense para definir las distintas alternativas por las que los boricuas pudieran votar y el impacto de las mismas en términos económicos, políticos y culturales.

La legislación en el Congreso disponía para el financiamiento público para la elección de los delegados, además del establecimiento de una Comisión Bilateral de Negociación del Congreso “para brindar asesoramiento y consulta a los delegados de dicha convención”.

“La convención de estatus debe presentar opciones de autodeterminación para un referéndum del pueblo de Puerto Rico. El voto por orden de preferencia es un formato permitido para el referéndum. Los delegados llevarán a cabo una campaña educativa a través de medios tradicionales pagados en relación con el referéndum”, detalla la información en la citada página web.

Posteriormente, el Congreso debía votar por una resolución conjunta en la que se ratificara la opción seleccionada a través del referéndum.

A preguntas de por qué no se reunieron directamente con Velázquez en vista de que fue una de las autoras principales de ambos proyectos, Soto respondió: “Tenemos una relación buena con la oficina y con Nydia y ya les pasamos la opinión…Ella está al tanto de nuestra posición, pero no puede ser solamente con ella. Tenemos que también trabajar con diferentes congresistas”.

“Pero, hay ambiente para ese tipo de legislación, y le pregunto porque en una de las conversaciones que tuve con Velázquez, lo que me dijo fue que precisamente no había ambiente en el Congreso para ese tipo de legislación”, indagamos.

“Si usamos ese punto de vista, nunca vamos a lograr nada, porque hay muchos demócratas que están introduciendo diferentes proyectos sabiendo que no van a pasar porque los republicanos tienen la Cámara y el Senado, pero siguen introduciendo proyectos. Eso es lo número uno. Número dos, ya Nydia se va (se retira), pero lo digo con amor por el trabajo que hizo, pero, el año que viene, cuando ella no esté y estén hablando de estatus van a usar los proyectos anteriores como una base de legislación y lenguaje para nuevos proyectos. El último proyecto que fue introducido fue el Puerto Rico Status Act. Entonces, no podemos dejar que ese sea la base para la nueva legislación”, respondió.

“¿No es perder el tiempo (introducir un proyecto)?, porque no he escuchado a los republicanos, a ninguno, salvo a Tom McClintock (California), diciendo que se podrían unir a demócratas para presentar una legislación de estatus. ¿Por qué esto es necesario en vista de esa mayoría republicana que, aparentemente, no está dispuesta a abordar este tema por ahora?”, cuestionamos.

“La realidad es…vamos a decir que los demócratas ganan en noviembre de 2026 (elecciones de medio término) y vamos a decir que en enero y febrero introducen un nuevo proyecto, estaríamos atrás, porque no tenemos el tiempo para educar a esos miembros (del nuevo Congreso). Estamos usando este periodo, en el que no hay voluntad por parte de los republicanos, para educar a los demócratas, particularmente, esos demócratas con postura progresista de que deben apoyar a un Puerto Rico independiente, porque no pueden decir ‘Palestina libre’, pero no a Puerto Rico. Eso no tiene sentido”, expuso el entrevistado.

Sobre la resolución aprobada en el pleno del Comité Nacional Demócrata (DNC) a principios de mes que emplaza al Congreso a que actúe sobre el tema de estatus y que establezca el mismo como uno prioritario, dijo que, para emitir una declaración, tendría que leerla.

“Tengo que leer bien (la resolución). Yo vi un artículo. Vi que estaban usando temas como colonia y ciertas cosas así, pero tengo que leerlo bien. Pero la realidad es que sí, el Partido Demócrata tiene que resolver el estatus. Lo que recuerdo es que dentro de la resolución tenían diferentes puntos para apoyar a la estadidad…Para mí eso significa que no quieren un proceso imparcial”, consideró.

“Sabemos que el presidente (del Partido Demócrata en Puerto Rico, Luis Dávila Pernas) tiene una buena relación con Ken Martin (presidente del DNC), y, de hecho, Ken Martin ya dio sus comentarios sobre Puerto Rico, que quería que Puerto Rico y Washington D.C. sean estados”, planteó a modo de cuestionamiento.

El representante de BUDPR se refirió a las expresiones de Martin en octubre pasado en un podcast en las que indicó que el Senado federal debe acabar con la regla del filibusterismo que requiere de 60 votos para adelantar medidas, ya que facilitaría la admisión de Puerto Rico y Washington D.C. como estados de la Unión.

Soto afirmó que, si Martin está abogando por esa opción de estatus para Puerto Rico, “estamos en contra de esa postura”.

“Entonces, partiendo de ahí, podemos concluir que tampoco hay mucho consenso dentro del Partido Demócrata relacionado con el camino para resolver el tema del estatus de Puerto Rico …Se habla mucho de los republicanos y de que no quieren saber del tema, pero parece que hay resistencia también en el Partido Demócrata”, planteamos.

“Esa es la realidad, y esa es la razón por la cual estamos haciendo este trabajo, porque sabemos dónde están los republicanos en términos de la estadidad. Eso no es un secreto. El problema dentro del Partido Demócrata es que hay una influencia bien grande del partido (en Puerto Rico / Nuevo Progresista) que apoya la estadidad…Lo hemos visto por años. Cuando (Pedro) Pierluisi era comisionado (residente) y él hizo un trabajo para traer esos demócratas a favor de la estadidad. Entonces, tenemos que combatir todo ese trabajo porque, si estamos hablando de soberanía; si estamos hablando que Rusia no puede hacer tal cosa con Ucrania, si estamos hablando de ‘Palestina libre’, el futuro de Puerto Rico debe ser la soberanía”, replicó.

A juicio de Soto, el respaldo a la estadidad ha ido reduciéndose a través de los años, aún cuando obtuvo el 58.61% del favor del electorado en el plebiscito criollo de noviembre de 2024.

“(El apoyo) a la estadidad ha ido disminuyendo cada vez que hay un voto. Número dos, cuando vemos los números entre los votantes de 18 y 35 años, más del 60% votaron por una opción soberanista. Para mí, eso significa que el electorado está cambiando. Cada día que una familia se va de Puerto Rico porque no tienen agua ni luz, eso es un reconocimiento de que la vida está demasiado dura bajo una colonia”, argumentó.

En la referida consulta, la libre asociación obtuvo 29.57% y la independencia 11.82%

Ante la posibilidad de que Soto presente un proyecto como el Puerto Rico Status Act con la opción del Estado Libre Asociado (ELA), sistema de gobierno territorial que aplica en la isla desde el 1952, dijo que no debe resultar sorpresivo ante la postura del comisionado residente Pablo José Hernández.

“Eso es una realidad de la que no podemos escapar. El comisionado residente está en el Congreso y sabemos que si hay algún proyecto de estatus, él va a querer esa opción y va a tener que defender el estatus territorial, colonial. Yo pienso que es indefendible, pero tenemos que ver el lenguaje del proyecto (si se presenta)”, afirmó.

Soto, sin embargo, destacó la buena intención del congresista en impulsar un proceso, aún cuando cree firmemente en la estadidad.

“Me gusta usar a Darren Soto como ejemplo. Esto es un mensaje a esos demócratas que quieren decir que sea lo que la gente de Puerto Rico quiera. Darren Soto tiene su postura como estadista, pero también él está tratando de impulsar un proceso. Tiene su opinión, pero también está impulsando el proceso, y por qué otros demócratas no pueden tomar esa misma postura teniendo su opinión o preferencia sobre el estatus. Ese es el mensaje que le llevamos a los demócratas”, reconoció.

Enmiendas a la Ley Jones

Como parte del cabildeo, Boricuas Unidos en la Diáspora también expuso los efectos económicos nocivos en Puerto Rico de la Ley Jones (Ley de la Marina Mercante) para la que el presidente Donald Trump ordenó en marzo una dispensa de 60 días para tratar de bajar el costo del combustible y otros derivados del petróleo.

“Tenemos que reconocer que, si el presidente Trump dio una exención, (eso es prueba) del daño que hace la ley. ¿Por qué necesitamos una dispensa?, porque estamos tratando de aliviar los costos de petróleo y gasolina. A través de la exención se está reconociendo que esa ley hace un daño”, analizó el cabildero.

La Ley de la Marina Mercante de 1920 regula el comercio marítimo en aguas estadounidenses con el fin de mantener la seguridad nacional y proteger la industria marítima.

El estatuto establece que las mercancías que se mueven entre puertos estadounidenses deben transportarse en embarcaciones construidas en el país. Dispone, además, que al menos 75% de los buques sean propiedad de ciudadanos o empresas estadounidenses.

Por otro lado, estipula que los trabajadores y miembros de la tripulación sean ciudadanos estadounidenses o extranjeros con estatus legal.

Los barcos de bandera extranjera pueden llegar a Puerto Rico sin intervención de la marina mercante si provienen de o van a un puerto extranjero sin pasar por otro puerto en EE.UU., o si son pesqueros que descargan su propia pesca.

La ley se traduce en mayores gastos por impuestos que a su vez son transferidos a los consumidores en Puerto Rico que importan más de 80% de lo que consumen.

La propuesta de la organización es que se enmiende la ley para excluir permanentemente a Puerto Rico de las leyes de cabotaje, como es el caso de otros territorios como Islas Vírgenes.

“Si tenemos esa exención, por qué no podemos extenderla indefinidamente a Puerto Rico, número uno. Y hay precedente para eso, porque las Islas Vírgenes y algunos de los otros territorios en el Pacífico tienen esa exención indefinidamente. ¿Por qué no para Puerto Rico? Por eso estamos usando este momento en el que el presidente (Donald Trump) dio esa dispensa para seguir la conversación y para enseñarle a los congresistas que si hace un daño, Puerto Rico tiene que vivir bajo ese daño cada día y los otros territorios no”, contrastó.

“Lo que estamos diciendo es que pueden enmendar la ley o enmendar otra ley. No tiene que estar dentro de esa ley la enmienda; puede estar en otro proyecto. Literalmente, son unas pocas palabras las que tienen que poner para una exención permanente a Puerto Rico”, añadió.

Soto indicó que la negativa en tocar la ley responde a muchos aspectos relacionados con los efectos en la industria naviera y las posturas de grupos con diferentes intereses, como los que reúnen a empleados de uniones.

“Es un tema bien complicado en términos de los diferentes aspectos de la ley, pero algo que no es complicado es que hay territorios que tienen exenciones (permanentes) y otro que no. Eso no es complicado”, puntualizó.

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