“Pesticidas” retrasan aprobación de Farm Bill en la Cámara, donde también se evalúa transición a SNAP en Puerto Rico

Controvertida disposición que beneficiaría a compañías de pesticidas mantiene estancada la discusión en el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes

Glenn Thompson, representante republicano de Pennsylvania — El presidente del comité de Agricultura de la Cámara, Glenn Thompson, en trámites relacionados con la Farm Bill. Crédito: J. Scott Applewhite | AP

29 Abr 2026, 11:53 AM EDT

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NUEVA YORK – Disposiciones que beneficiarían a las compañías que producen pesticidas han retrasado el avance en la discusión de la “Farm Bill” o Ley de Agricultura ante el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes federal que también evalúa una enmienda para la transición a SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) en Puerto Rico.

Aunque los líderes republicanos buscan aprobar esta misma semana el proyecto de ley ómnibus que suma múltiples programas agrícolas y de alimentos, la Cámara podría no conseguir los votos para darle paso a la legislación.

La provisión en controversia impediría que los estados y los tribunales sancionen a los fabricantes de plaguicidas que no incluyan en las etiquetas de estos productos advertencias sobre los efectos en la salud acorde con las guías de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), reportó The Hill.

La oposición no solo incluye a demócratas, sino a republicanos ligados al movimiento “Make America Healthy Again”.

Union of Concerned Scientists es una de las entidades que también se ha pronunciado en contra del lenguaje por entender que privilegia a las corporaciones, en lugar de combatir el cambio climático y proteger a los agricultores.

“Hoy más que nunca se necesita una ley agrícola visionaria y transformadora, en un momento en que los agricultores luchan contra los impactos de las guerras innecesarias y los aranceles caóticos de Trump. En cambio, Trump y sus colaboradores pretenden aprovechar la actual crisis agrícola para aprobar una ley que ponga más dinero en los bolsillos de la gran agroindustria, ignorando al mismo tiempo las necesidades reales de los agricultores y las familias”, compartió Abbey Vogel, coordinador de alcance de la organización.

El líder argumentó que la aprobación de la Ley de Agricultura, Alimentación y Seguridad Nacional de 2026 (FFNSA), consolidaría el control corporativo y asfixiaría las prácticas orientadas a la regeneración y la resiliencia en el sistema alimentario.

“Al recortar la financiación de programas vitales de conservación del Departamento de Agricultura de los EE. UU. —programas que ya cuentan con una demanda superior a su capacidad y una financiación insuficiente—, la FFNSA agravaría la contaminación agrícola, incluido el uso excesivo de fertilizantes. Precisamente cuando los agricultores luchan contra los elevados precios de los fertilizantes, la ley agrícola de la Cámara diezmaría los programas basados en la ciencia que podrían brindarles ayuda. Si este proyecto de ley se aprueba, podemos esperar la contaminación del agua potable y la destrucción de humedales vulnerables que actúan como barrera natural contra las sequías y las inundaciones”, añadió a través de un newsletter.

El grupo también cuestionó que el H.R. 7567 no asigne fondos suficientes para la investigación agrícola crítica y consolide recortes “desastrosos” en programas de asistencia alimentaria, como SNAP.

El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, presentó una enmienda para insertar la transición del PAN (Programa de Asistencia Nutricional) al SNAP en el proyecto de reautorización. Sin embargo, es muy poco probable que ese esfuerzo legislativo avance en vista de la resistencia, principalmente, por parte de republicanos al cambio de programas en la isla.

En un newsletter el 23 de abril, el Comité de Agricultura de la Cámara, presidido por el republicano de Pennsylvania, Glenn “GT” Thompson, indicó que el impulso a favor de la Ley de Agricultura continúa creciendo. “El Comité de Reglas examinará el proyecto de ley agrícola la próxima semana (esta). Una vez aprobado, podrá comenzar el debate en el pleno de la Cámara”, lee el aviso.

La entrada argumenta que el Comité de Reglas trabaja para determinar qué legislación se somete a votación en el pleno, de acuerdo con las reglas. “Dichas reglas regulan el tiempo de debate, la posibilidad de enmiendas y qué enmiendas pueden considerarse. En resumen, el nuevo proyecto de ley agrícola debe pasar por el Comité de Reglas antes de poder ser sometido a votación en el pleno del Congreso”, explicaron.

El 5 de marzo pasado, Thompson afirmó que el borrador que el Comité de Agricultura aprobó de la Farm Bill era uno bipartidista que defendía los intereses del sector agrícola.

“Tras un proceso de revisión y enmiendas que se prolongó por más de 20 horas, la legislación refleja la voluntad del comité y está repleta de disposiciones bipartidistas que marcarán una diferencia significativa para los agricultores, ganaderos y los habitantes de las zonas rurales de todo el país”, expuso por medio de un comunicado.

“A lo largo de este proceso de revisión, quedó más claro que nunca que nuestro país necesita una nueva Ley agrícola; y no la necesitamos el próximo año, ni en el próximo Congreso. La necesitamos ahora. Espero con interés trabajar de buena fe con mis colegas de ambos lados del espectro político a medida que avanzamos hacia una votación final en el pleno de la Cámara”, puntualizó.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas Unidos (UFW) y la Fundación UFW respaldaron la enmienda presentada por el representante Zoe Lofgren que crearía una vía hacia la ciudadanía para los trabajadores agrícolas migrantes que carezcan de antecedentes penales y cuenten con un historial comprobado de trabajo en el sector.

La enmienda, idéntica en su texto a la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola original, se basa en un acuerdo entre grupos de trabajadores agrícolas y los de empleadores, explicaron las organizaciones en un comunicado conjunto. Resaltaron que, de ser aprobado, el estatuto protegería a los trabajadores agrícolas indocumentados de la deportación.

Los grupos esperan que la introducción de la enmienda permita atender la necesidad urgente de estabilizar la fuerza laboral agrícola.

Teresa Romero, presidenta del UFW, catalogó como un paso fundamental y de sentido común incluir la propuesta en la Farm Bill.

“En todo el país, los trabajadores agrícolas inmigrantes acuden a sus puestos de trabajo cada día para alimentar a Estados Unidos. Sin embargo, estos mismos trabajadores temen con demasiada frecuencia ser deportados, simplemente por encontrarse en el lugar equivocado en el momento equivocado. Nadie debería tener que ir a trabajar con el miedo de no poder regresar a casa con su familia. Los trabajadores que alimentan a Estados Unidos se han ganado el derecho a permanecer en este país, como estadounidenses. Incluir esta solución de sentido común en el proyecto de ley agrícola constituye un paso adelante fundamental”, declaró Romero.