Exsecretario de Salud en Puerto Rico pide a federales investigar irregularidades en manejo de Medicaid para beneficiar a Politank
Carlos Mellado alega presiones para favorecer a empresa vinculada a la firma de cabildeo que encabezaba Francisco Domenech, secretario de la Gobernación
La solicitud fue hecha a Mehmet Oz, administrador de CMS. Crédito: Archivo - Tom Brenner | AP
NUEVA YORK – El exsecretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Carlos Mellado, pidió a los Centros de Servicios de Medicare & Medicaid (CMS) que investiguen alegadas irregularidades en el proceso de adquisiciones y en el manejo de fondos del programa Medicaid bajo el Gobierno de Jenniffer González.
En una carta a Mehmet Oz, administrador de CMS, Mellado le pidió que inicie una investigación formal de cumplimiento y, de ser “apropiado”, refiera los hallazgos a las autoridades pertinentes.
En la solicitud de Mellado, quien fue secretario de Salud bajo la pasada Administración de Pedro Pierluisi, volvió a sonar el nombre de Politank en referencia a la firma de cabildeo que encabezaba el actual secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.
En la misiva, con fecha del 5 de mayo, Mellado vinculó a Domenech, así como al secretario de Salud actual, Víctor Ramos, en un presunto esquema para interferir en el proceso de adquisiciones de Medicaid Management Information System (MMIS) y favorecer a un antiguo cliente de la firma con contratos en el Departamento.
“Como exsecretario del Departamento de Salud, estoy muy familiarizado con los requisitos federales que regulan las adquisiciones de Medicaid, incluyendo la completa y abierta competencia, transparencia y salvaguardas contra el conflicto de interés. Durante mi mandato, yo viajaba constantemente a Washington D.C. para abogar por la paridad en el financiamiento de Medicaid por los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico al mismo tiempo que implementaba programas de detención de fraude que antes no existían en la isla. La lucha por financiamiento justo y adecuado debe continuar, pero no se puede lograr si el dinero federal es mal utilizado, desviado o administrado a través de procesos de adquisiciones comprometidos”, inició Mellado el documento de tres páginas.
En el texto se menciona directamente a Domenech, Ramos y al exsecretario de Estado de Puerto Rico, Kenneth McClintock.
“Información que tengo disponible, incluyendo los hechos detallados en mi declaración jurada, levantan serias preocupaciones de que los procesos de adquisiciones para intercambio de información de salud habrían sido comprometidos bajo la actual Administración. Específicamente, altos funcionarios, incluyendo el jefe de Gabinete, Francisco Domenech; el exsecretario de Estado, Kenneth McClintock (actual cabildero de Politank) y el actual secretario de Salud, Víctor Ramos, aparentemente, habrían influenciado el proceso de adquisiciones a favor de un proveedor representado por la firma de cabildeo previa de Domenech, Politank”, expuso.
Mellado argumentó que, poco antes de asumir labores en el Gobierno, Domenech mantuvo una relación profesional con Intervoice Communication of Puerto Rico a través de Politank y, “previamente intentó presionarme para que revocara un proceso de adquisiciones activo durante mi mandato”.
“La secuencia de eventos, que incluyen la interrupción de un RFP (Solicitud de Propuesta) activa, la cancelación de esa adquisición, subsecuente reemisión que culminó en la otorgación al mismo proveedor, levantan preocupaciones sustanciales relacionadas con la integridad de las adquisiciones, influencia no permitida y cumplimiento con estándares federales de conflicto de interés”
Mellado procedió a mencionar estatutos y regulaciones federales que se pudieron haber violado relacionadas con la integridad de las adquisiciones, cumplimiento con el financiamiento de Medicaid y fraude que involucra fondos federales.
En la lista se encuentra 18 U.S.C. § 666 que prohíbe el robo, la malversación de fondos, el soborno o el fraude por parte de organizaciones o gobiernos estatales o locales y 45 CFR § 75.327, una regulación del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que establece las normas de adquisiciones para los beneficiarios de subvenciones federales y acuerdos de cooperación.
Otra ley que mencionó fue la de Reclamaciones Falsas (FCA) que impone responsabilidad civil a los individuos y empresas que, a sabiendas, presentan reclamaciones o declaraciones falsas ante el Gobierno.
“Si los hechos delineados en mi declaración jurada se sustentan, apoyarían hallazgos, no solamente de irregularidades en adquisiciones sino potenciales violaciones de leyes federales criminales y estatutos de fraude civil que involucran el mal uso de los procesos de adquisiciones para el financiamiento federal de Medicaid”, anticipó.
Mellado confirmó en la misiva que ya refirió a otras entidades federales como el FBI (Negociado Federal de Investigaciones) y la Oficina del Inspector General de HHS sus alegaciones, “incluyendo presión ejercida por asociados a Politank”. Añadió que se reunió con agentes federales para detallar sus denuncias.
El exsecretario le solicitó a CMS iniciar una revisión formal de cumplimiento de los procesos de adquisición de Medicaid de los pasados 16 meses para determinar si se cumplió con los requisitos administrativos, de competencia y contra el conflicto de interés.
El médico además le pidió al encargado de los Centros referir los hallazgos al Inspector General del Departamento de Salud en caso de ser necesario e implementar remedios o acciones correctivas.
El pasado 29 de abril, Mellado acudió al Departamento de Justicia para ser entrevistado sobre la declaración jurada que presentó el 24 de marzo.
El reporte de El Nuevo Día señaló que Mellado estuvo reunido por menos de 15 minutos y que no ofreció detalles sobre la pesquisa a raíz de la declaración en la que alegó que se sintió presionado e intimidado ante requerimientos para que beneficiara con un contrato a Intervoice.
Domenech y McClintock lo habrían presionado para que dejara sin efecto la contratación de la empresa KONZA para desarrollar un sistema de “Intercambio de Información de Salud” (Health Information Exchange), denunció Mellado.
En el documento se expone que, tras las elecciones del 2024, McClintock le manifestó que Intervoice iba a impugnar la subasta y que el contrato con KONZA no debía ser firmado. Posteriormente, en una reunión, tanto McClintock como Domenech le habrían expresado que la subasta no era viable por violaciones a la Ley del Proceso de la Transición del Gobierno (Ley 197-2002).
El exsecretario de Salud no hizo expresiones a la prensa al acudir a Justicia.
Domenech fue cuestionado en la Comisión Total que convocó el Senado de Puerto Rico sobre los vínculos de la empresa con agencias del gobierno.
Este dijo que no había tenido comunicación con personal de Intervoice tras haber asumido su posición gubernamental.
Domenech, quien en diciembre de 2024 vendió su participación en Politank, insistió en que estaba completamente desvinculado de la empresa y que se había inhibido de atender a clientes de la firma como Intervoice.
“Las subastas las otorgan las agencias y después pasan a OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto), después de OGP pasan a la secretaría de la Gobernación para un cotejo final de cumplimiento de si estaba dentro de las justificaciones…Las adjudicacionens propiamente de los contratos las hacen las agencias”, reiteró ante la Comisión Total.
El 27 de marzo pasado, el actual secretario de Salud, dijo que había investigaciones activas por parte de agencias estatales y locales contra Mellado.
Aunque no dijo en que consistían las pesquisas, adelantó que pronto saldrían los resultados.
“Nuestra idea es tener los servicios principales de salud —Medicaid, Registro Demográfico, WIC— en todos los pueblos de la isla. Estamos trabajando agresivamente en los pueblos (donde) no están todos los servicios. Y ciertamente hay investigaciones en el Departamento de Salud. Hay investigaciones que están corriendo de agencias estatales y federales. No puedo entrar a discutir las investigaciones que se están haciendo, pero pronto saldrán los resultados”, expresó Ramos en entrevista con Metro Puerto Rico
En ese intercambio, el funcionario declaró que todas las subastas de Medicaid bajo la Administración pasada habían sido impugnadas cuando llegó a la posición, incluyendo los de Intervoice ya que no se hicieron acorde con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).
En el 2027, Puerto Rico se enfrenta nuevamente al llamado “abismo fiscal” o “fiscal cliff” de Medicaid, lo que significa que el Congreso debe aprobar nuevamente fondos para mantener operando el programa en la isla.
Las tasas del FMAP tienen un mínimo legal del 50 % y un máximo del 83 %.
En Puerto Rico, territorio de Estados Unidos, el programa Medicaid opera bajo una estructura diferente.
Contrario a los 50 estados y el Distrito de Columbia (D.C.), el FMAP se aplica hasta que se alcanza el tope anual de fondos federales. A esto se le conoce como el techo de Medicaid. Como resultado de la aprobación en el Congreso de la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2023 (Ley Pública 117-328), el FMAP de Puerto Rico se incrementó al 76 % para el periodo entre el 29 de diciembre de 2022 y el 30 de septiembre de 2027, o sea por cinco años.
Para esa fecha, los pacientes de Medicaid en la isla quedarían desprovistos de financiamiento para atención médica si el Congreso no actúa.
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