Transición a SNAP en Puerto Rico enfrenta camino incierto en “Farm Bill” del Senado

NUEVA YORK – Tras los recortes a SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) el año pasado que no fueron recompensados con provisiones en la versión de la Farm Bill (Ley de Agricultura) que se aprobó en la Cámara de Representantes la semana pasada, parece poco probable que, en el Senado, se incluyan disposiciones para una transición a ese programa en Puerto Rico.

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La semana pasada, la Cámara Baja le dio paso a su versión del paquete ómnibus para autorizar el financiamiento de programas agrícolas y de nutrición hasta el 2031, luego de tres años de extensiones a la ley que expiró en el 2023.

La medida, fue descrita como “skinny” (reducida), debido a que, como parte de la llamada “One Big Beautiful Bill” (OBBBA), en el verano pasado, los republicanos aprobaron cambios significativos y reducciones de fondos en algunos programas que administra el Departamento de Agricultura (USDA), incuyendo SNAP.

Esa es una de las razones por las que varios demócratas han cuestionado el contenido de la versión aprobada en la Cámara de Representantes.

Por ejemplo, Jim McGover planteó que la legislación no atiende los recortes a SNAP que ascienden a $200,000 millones.

“Estamos debatiendo en el pleno un proyecto de ley agrícola de cinco años que, francamente, no hace nada por nuestros agricultores, perjudica a las personas pobres y mantiene los casi $200,000 millones de dólares en recortes al programa SNAP”, indicó en un mensaje en el hemiciclo de la Cámara. “Va a empeorar el hambre en este país”, añadió según citó un reporte de Post Register.

Como parte de la discusión de H.R. 7567 o “Ley de Agricultura, Alimentación y Seguridad Nacional de 2026”, se dejó fuera la transición a SNAP que el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, intentó integrar.

El Comité de Reglas descartó incluir en el Farm Bill el H.R.5168 que presentó el comisionado, el año pasado, con el fin de facilitar el cambio del PAN (Programa de Asistencia Nutricional) al SNAP en la isla en un periodo mínimo de 10 años.

Sin embargo, la Administración de la gobernadora Jenniffer González celebró la inclusión de lenguaje a favor de la extensión de SNAP al territorio en el reporte del Comité de Agricultura que acompaña la medida.

Argumentaron que el reporte (H. Rept. 119-620, Book 1) expresa “apoyo del comité al objetivo de transición de PAN a SNAP, y reconoce que SNAP proveería más herramientas para promover empleo en la isla”. Añadieron que en el texto se alienta a Puerto Rico y el Departamento de Agricultura federal (USDA) a “continuar formulando un plan hacia la transición que sea viable en términos financieros y operacionales”.

La Ley de Agricultura se encuentra ante la consideración del Senado.

No hay certeza de lo que pueda pasar con la legislación en ese cuerpo. Lo previsible es que la Cámara Alta realice cambios a la medida antes de devolverla al otro cuerpo legislativo.

El Diario contactó a la oficina de prensa de la demócrata Amy Klobuchar, miembro de alto rango del Comité del Senado sobre Agricultura, Nutrición y Silvicultura, para indagar en su postura sobre el llamado de SNAP para Puerto Rico.

Sin embargo, el personal de prensa nos refirió a un comunicado conjunto de los demócratas en el comité senatorial que no hace mención específica a la transición.

“Hemos dejado claro que el proyecto de Ley Agrícola debe atender las necesidades de los agricultores y las familias estadounidenses. Ante un máximo de cinco años en el número de bancarrotas de pequeñas explotaciones agrícolas, este proyecto de ley debe abordar el aumento de los costos de los insumos, brindar nuevas oportunidades para los mercados nacionales y luchar por una agenda comercial que funcione para todos”, inició el parte de prensa.

“Los demócratas del Senado estamos comprometidos en garantizar que todos los estados reciban un trato equitativo, para lo cual retrasaremos los nuevos traspasos de costos del programa SNAP y atenderemos las necesidades de las zonas agrícolas. Esperamos con interés trabajar con los republicanos del Senado en un proyecto de Ley Agrícola bipartidista que logre prosperar en el pleno del Senado”, emplazaron los senadores.

La “Gran y hermosa” ley de presupuesto estableció un traspaso de los costos de los beneficios y de la administración del programa SNAP a estados con tasas de error superiores al 6%.

Estas disposiciones en el estatuto podrían dejar a algunas demarcaciones incapaces de administrar plenamente el programa.

Aparentemente, ese ángulo de la discusión será uno de los más claves para los demócratas en el Senado, a juzgar por un informe de POLITICO.

“Necesitamos llevar a cabo una negociación bicameral entre la Cámara de Representantes y el Senado en torno a un proyecto de ley agrícola bipartidista”, declaró la senadora demócrata Tina Smith al referido medio.

“Esa negociación debe incluir algún tipo de alivio frente a los drásticos recortes al programa SNAP. Recibo comentarios al respecto tanto de los comisionados condales republicanos de Minnesota como de cualquier otra persona, ya que están muy preocupados por los importantes traslados de costos que esto conlleva”, agregó.

No solo a la minoría le preocupan los cambios a SNAP establecidos a través de OBBBA; gupos católicos, por ejemplo, se han sumado a los cuestionamientos.

Líderes como Francisco “Frankie” Chevere, director de política social y asuntos gubernamentales de Catholic Charities USA, incluso creen que las probabilidades de que se apruebe una ley agrícola en el Senado son “dudosas”.

“Más de 3 millones de participantes, niños, personas mayores, veteranos, personas con discapacidad y padres trabajadores, ya han perdido el acceso a SNAP desde julio del año pasado”, expresó Chevere a OSV News.

Catholic Charities USA y otros grupos, como Catholic Relief Services, la Sociedad de San Vicente de Paúl y Catholic Rural Life, han pedido cambios en la legislación.

Un informe de National Catholic Reporter (NCR) cita una carta conjunta de las organizaciones en febrero, en la que solicitaron la posposición de la entrada en vigor de los nuevos requisitos estatales de coparticipación y facilitar la transición de Puerto Rico a SNAP.

La Oficina Presbiteriana de Testimonio Público (OPW) de la Iglesia Presbiteriana de EE. UU. indicó esta semana que, si bien el avance en la Ley Agrícola es importante, la legislación aprobada por la Cámara de Representantes plantea serias preocupaciones morales.

“Esta consolida profundos recortes al SNAP, el programa contra el hambre más eficaz de nuestra nación, al tiempo que no logra restablecer el apoyo a las familias que ya luchan contra el aumento de los costos de los alimentos. Como personas de fe comprometidas con poner fin al hambre y cuidar la creación de Dios, debemos hablar con claridad: una Ley Agrícola que debilita la asistencia nutricional no es una Ley Agrícola fiel”, afirmó la entidad.

El comunicado resaltó que SNAP es central para “la seguridad alimentaria, la gestión ambiental y el bienestar económico”.

“Cuando estos apoyos se debilitan, las familias pasan dificultades, los agricultores pierden mercados y todo el sistema alimentario se pone en riesgo”, advirtieron.

El grupo argumentó que el proyecto de ley de la Cámara se aparta de esta tradición, ya que impone recortes estimados en $187,000 millones al programa SNAP, lo que reduce el acceso a los alimentos para millones de hogares; debilita protecciones clave establecidas en la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), lo que limita la revisión ambiental y la participación comunitaria en proyectos de gran envergadura; y recorta apoyos fundamentales para los productores, incluyendo una menor inversión en programas como el de Incentivos Nutricionales Gus Schumacher (GusNIP) que conectan a los agricultores con los consumidores.

El grupo reclamó la protección y el fortalecimiento de los programas contra el hambre; el mantenimiento y la ampliación de los programas de conservación; e inversiones en el suelo, el agua y la resiliencia climática para sostener la agricultura a largo plazo. Además pidieron apoyo para los pequeños agricultores y los principiantes con recursos limitados.

Este periódico además contactó a la oficina de prensa del senador de Pennsylvania, John Fetterman, quien, junto a los también demócratas, pero de Nueva York, Kirsten Gillibrand y Charles E. Schumer, introdujo la “Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional para Puerto Rico”. El proyecto, presentado en marzo, extendería SNAP a los residentes en la isla. Sin embargo, no recibimos respuesta a la solicitud de información sobre el estatus de la medida y la discusión en la Cámara Alta.

Luego de la aprobación en la Cámara de Representantes, el presidente del Comité de Agricultura del Senado, John Boozman, destacó el “firme liderazgo” de Glenn “G.T”. Thompson para adelantar la legislación.

“La aprobación por parte de la Cámara de una Ley Agrícola 2.0 bipartidista es un testimonio del firme liderazgo del presidente (del Comité de Agricultura) G.T. Thompson, y lo felicito por este importante logro. Este es un paso significativo hacia la actualización de políticas largamente postergadas que brindan apoyo a nuestras familias agrícolas y fortalecen las comunidades rurales. Hemos dotado a la Ley Agrícola de un mayor enfoque en el sector agropecuario mediante los Recortes Fiscales para las Familias Trabajadoras, y esta legislación se basa en ese éxito. Mantengo mi compromiso de trabajar con mis colegas en el Senado para mantener este impulso y hacer llegar la Ley Agrícola 2.0 al escritorio del presidente para su promulgación. Espero con interés dar a conocer el texto legislativo en las próximas semanas”, indicó mediante un comunicado.

Un reporte, el 4 de mayo, en Red River Farm Network resaltó declaraciones de Boozman en el sentido de que el Senado enfrenta un desafío para lograr la cantidad de votos necesarios para aprobar un proyecto de ley de agricultura.

“Tenemos una situación algo diferente en el Senado, en el sentido de que, debido a la dinámica de trabajo impuesta por el obstruccionismo (filibusterismo), necesitamos 60 votos para lograr la aprobación de las iniciativas. Por lo tanto, existe la posibilidad de perder el apoyo de algunos republicanos, así como la de perder el de un buen número de demócratas”, anticipó el líder senatorial.

“Probablemente necesitemos conseguir que nueve, 10 o más legisladores voten junto a nosotros”, estimó el republicano.

Según el político, serían necesarias actualizaciones que reflejen las condiciones económicas actuales en cuanto a herramientas de financiamiento para los agricultores. “Creo que lo más importante que debemos hacer es aumentar los límites de crédito. La Ley Agrícola de 2018 se basó, de hecho, en datos del año 2012. El mundo de hoy es totalmente distinto al que existía en 2012”, contrastó.

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