Gobierno de Trump crea fondo de $1,700 millones para compensar a aliados que alegan persecución política

La administración del presidente Donald Trump anunció este lunes la creación de un fondo de $1,776 millones de dólares destinado a indemnizar a personas que aseguren haber sido víctimas de persecución política por parte del Departamento de Justicia durante el gobierno de Joe Biden.

El denominado Fondo contra la Injerencia en la Justicia forma parte de un acuerdo alcanzado para resolver la demanda presentada por Trump contra el Servicio de Impuestos Internos por la filtración de sus declaraciones fiscales, publicó Associated Press.

El fiscal general interino Todd Blanche afirmó que el mecanismo busca ofrecer “un proceso legal para que las víctimas de la instrumentalización de la justicia sean escuchadas y obtengan reparación”.

“La maquinaria del gobierno nunca debe usarse como arma contra ningún estadounidense”, señaló Blanche en un comunicado. Sin embargo, sus declaraciones omitieron referencias a las acusaciones de que el propio Departamento de Justicia bajo Trump ha sido utilizado para perseguir adversarios políticos del mandatario republicano, indicó la agencia de noticias.

Rechazo entre legisladores demócratas

Cerca de 100 miembros de la Cámara de Representantes firmaron un escrito judicial para intentar bloquear el acuerdo porque consideran que permitiría distribuir dinero público entre aliados políticos del presidente bajo acusaciones no comprobadas de persecución.

Donald Sherman, presidente de la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, calificó el plan como “uno de los actos de corrupción más grandes de la historia estadounidense”.

Los críticos sostienen que el fondo podría convertirse en una herramienta para beneficiar a personas cercanas a Trump que fueron investigadas o condenadas antes de su regreso a la Casa Blanca.

AP recordó que, en su primer día nuevamente en el poder, Trump otorgó indultos y conmutaciones de penas a participantes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Desde entonces, el Departamento de Justicia también ha aprobado pagos para algunos involucrados en investigaciones sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses y ha impulsado procesos contra figuras consideradas adversarias políticas del presidente.

El representante demócrata Jamie Raskin, principal miembro de su partido en el Comité Judicial de la Cámara Baja, acusó a Trump de intentar usar recursos públicos para beneficiar a sus seguidores.

“Este caso no es más que una estafa diseñada para sacar $1,700 millones de dólares del Tesoro y repartirlos entre su milicia privada de insurrectos, alborotadores y supremacistas blancos”, afirmó en un comunicado.

El Departamento de Justicia aseguró que el fondo no tendrá requisitos partidistas y que cualquier ciudadano que considere haber sido perseguido injustamente podrá solicitar compensación y una disculpa oficial.

La supervisión estará a cargo de una comisión de cinco miembros designados por Blanche.

El mandatario ha citado como ejemplos los procesos penales que enfrentó por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 y por el manejo de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago. Como parte del acuerdo, Trump también accedió a cerrar reclamaciones relacionadas con la investigación sobre Mar-a-Lago y otra pesquisa sobre los vínculos entre su campaña de 2016 y Rusia.

Un portavoz del equipo legal del presidente aseguró que Trump fue víctima de “acoso ilegal e invasiones de la privacidad”.

Durante la administración Biden, el entonces fiscal general Merrick Garland rechazó repetidamente las acusaciones de politización y sostuvo que las decisiones judiciales se basaron en pruebas y en la ley. El Departamento de Justicia de ese período también investigó a figuras demócratas, incluido el propio Joe Biden por el manejo de documentos clasificados, y presentó cargos contra su hijo Hunter Biden.

Para justificar la legalidad del acuerdo, el Departamento de Justicia comparó el nuevo fondo con uno de $760 millones de dólares creado durante el gobierno de Barack Obama para compensar a agricultores nativos americanos que denunciaron discriminación racial.

Sin embargo, críticos apuntan que aquel programa no estuvo orientado a beneficiar a aliados políticos investigados por posibles delitos.

La disputa judicial se originó tras una demanda presentada este año por Trump en Florida, en la que acusó al IRS de causar daños económicos y reputacionales por la filtración de sus registros fiscales y los de la Organización Trump. Sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump también participaron en la acción legal.

En 2024, Charles Edward Littlejohn, excontratista del IRS, fue condenado a cinco años de prisión tras declararse culpable de filtrar información fiscal de Trump y de otros contribuyentes adinerados a medios de comunicación entre 2018 y 2020.

Las filtraciones dieron pie a investigaciones periodísticas, entre ellas una publicada por The New York Times en 2020 que reveló que Trump pagó apenas $750 dólares en impuestos federales el año en que llegó a la Casa Blanca y que en algunos períodos no pagó impuestos sobre la renta debido a grandes pérdidas declaradas.

Diversos grupos de vigilancia ética adelantaron que buscarán impugnar judicialmente el acuerdo. Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, afirmó que el caso “siempre fue una farsa y otra estrategia del presidente para acceder a fondos públicos y enriquecerse”.

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