Alcaldes en Puerto Rico se suman a llamado para que el DOE restituya millones en fondos federales para placas solares

NUEVA YORK – La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR) se sumó al llamado de congresistas y organizaciones dentro y fuera de la isla para que el Departamento de Energía (DOE) restituya los cientos de millones de dólares para sistemas de placas solares con baterías en hogares vulnerables bajo el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF) que fueron cancelados.

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En una carta con fecha del 7 de mayo, la Junta de Directores de la AAPR le solicitó al Departamento reconsiderar su decisión de frenar el dinero para programas como “Acceso Solar” y “Comunidades Resilientes”.

“Yo respetuosamente le comunico nuestra profunda preocupación, en realidad, indignación, por las recientes decisiones del Departamento de Energía de cancelar más de $700 millones en fondos bajo el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF), aproximadamente, $365 millones cancelados el 30 de septiembre de 2025 y otros $350 millones el 9 de enero de 2026. De los, aproximadamente, 12,000 hogares aprobados (para recibir financiamiento) que se quedaron sin los sistemas solares con baterías, una mayoría sustancial reside en las municipalidades representadas por la Asociación”, lee parte del escrito de la Asociación que representa a un 52% de los alcaldes de Puerto Rico afiliados al Partido Popular Democrático (PPD).

“Nuestros miembros son los primeros que responden, los primeros administradores, y muchas veces, el primer y último punto de contacto para esa familia. Es desde este punto que le comunicamos nuestra profunda preocupación sobre las cancelaciones del 30 de septiembre y el 9 de enero y respetuosamente la solicitamos al Departamento que reconsidere su decisión”, añadieron los ejecutivos municipales encabezados por el alcalde de Jayuya y presidente de la entidad, Jorge L. González Otero.

En el documento dirigido a Chris Wright, secretario del DOE, se argumentó que los fondos fueron establecidos a través de la Ley de Asignaciones Consolidadas promulgada en el 2023 que autorizó $1,000 millones para Puerto Rico en respuesta a la falta de resiliencia de la red eléctrica en la isla con la intención de beneficiar a familias de bajos recursos y/o personas discapacitadas.

“El texto de la ley no es un lenguaje aspiracional; es una directriz relativa a quién desea beneficiar el Congreso”, afirmaron.

“El estatuto identifica poblaciones beneficiarias específicas, hogares con ingresos bajos o moderados y hogares con individuos con discapacidades. Redirigir esos fondos para transmisión, distribución y actividades de generación centralizada, si bien indudablemente necesarias por derecho propio, no alcanza a las familias que el Congreso identificó”, indica otra parte de la misiva suministrada a El Diario la semana pasada.

La carta destacó que el retiro de los fondos da al traste con tres años de trabajo entre la Oficina de Despliegue de la Red Eléctrica (GDO) del DOE, municipios, organizaciones comunitarias y otros socios federales que en coordinación lograron resultados tangibles o la instalación de los paneles para unas 6,000 familias y la identificación de otros 12,000 hogares.

En ese sentido, el documento añade que los niveles de pobreza en la isla son tres veces superiores a los de territorio nacional en una proporción de 36.9% versus 12.5%.

“Son precisamente esas familias, muchas de las que dependen de medicamentos que deben estar refrigerados, ventiladores o concentradores de oxígeno y máquinas de diálisis que nuestras oficinas municipales sirven primero cuando se va la luz”, alerta el texto.

Según los alcaldes asociados, muchos subrecipientes ya habían contratado trabajadores, solicitado el equipo, agendado inspecciones y firmado acuerdos de cooperación para encaminar los sistemas.

Los suscribientes además cuestionaron la falta de información sobre los proyectos específicos para los que serían redirigidos los fondos del PR-ERF, ya que el DOE, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), LUMA Energy y Genera PR solo han dado “descripciones generales”.

“Observamos que muchas de las actividades para las que se identificaron fondos del PR-ERF, incluyendo manejo de vegetación en las líneas de transmisión, reparación a unidades de gas metano envejecidas y de generación y la modernización de infraestructura encajan plenamente en las categorías de trabajo para las que la Agencia Federal de Emergencias (FEMA) ha obligado más de $9,000 millones, específicamente, para el sistema eléctrico de Puerto Rico”, plantearon.

Los alcaldes respaldaron la solicitud de demócratas para una sesión informativa con el secretario con el fin de indagar en el asunto a través del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. Se suponía que el 30 de abril era la fecha límite para que el DOE respondiera al emplazamiento como parte del inicio de la investigación. No hay datos, al momento, de que eso haya ocurrido.

El DOE no ha respondido al reclamo multisectorial a favor de la restitución del dinero aprobada bajo el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico.

Un reporte del 30 de septiembre pasado, emitido por la Oficina del Inspector General del DOE, determinó que la Oficina de Despliegue de la Red no estaba plenamente preparada para implementar el PR-ERF.

Según el informe, la oficina “no había desarrollado las herramientas y los recursos de supervisión necesarios para llevar a cabo una supervisión independiente y adecuada que garantizara el cumplimiento de sus metas y objetivos previstos”.

El informe identificó seis áreas relacionadas con la implementación del programa por parte de la GDO en las que supuestamente se requiere supervisión y recursos adicionales.

“La falta de preparación y de supervisión planificada se debió a que la GDO dependió de otras entidades. Específicamente, si bien la GDO delegó las funciones de gestión y ejecución en otras entidades, no evaluó la preparación ni la capacidad de estas para supervisar el Programa PR-ERF, ni tampoco elaboró un plan para supervisar el trabajo realizado por dichas entidades”, lee un resumen del texto.

“La capacidad de la GDO para lograr los objetivos del Programa PR-ERF resulta vulnerable si no se establecen una supervisión independiente y sólida, así como los recursos necesarios”, concluyó la evaluación.

En un comunicado al día siguiente, el DOE anunció que reasignaría hasta $365 millones del Fondo para abordar la crisis de la red eléctrica de Puerto Rico.

“Estos fondos respaldarán reparaciones de sentido común y medidas de emergencia destinadas a fortalecer la estabilidad de la red y robustecer la infraestructura crítica. La GDO del DOE administrará estos fondos a través de la AEE para llevar a cabo estas mejoras fundamentales”, expuso la agencia.

En el parte de prensa, se argumentó que la red eléctrica de Puerto Rico ha padecido durante años la falta de mantenimiento, una gestión deficiente y el impacto de tormentas devastadoras, lo que ha dejado a familias y empresas vulnerables ante frecuentes apagones y costos elevados.

“En virtud de la Orden Ejecutiva 14156 del presidente Trump, el DOE está redirigiendo recursos para fortalecer la infraestructura crítica y suministrar energía confiable y asequible a las comunidades de todo Puerto Rico”, dijo Wright.

En un comunicado ayer, el DOE informó de la renovación de dos órdenes de emergencia para despachar unidades de generación y mantener la capacidad de generación crítica, al tiempo que continúan los trabajos de remoción de vegetación de la red eléctrica.

Es la segunda vez que la agencia renueva las órdenes. En esta ocasión estarán vigentes desde este 12 de mayo hasta el 9 de agosto.

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