Jueza bloquea fondo impulsado por Trump para indemnizar a presuntas víctimas de persecución política

Una jueza federal suspendió temporalmente el viernes la implementación de un fondo de compensación de $1,776 millones de dólares promovido por la administración del presidente Donald Trump para indemnizar a personas que consideran haber sido perjudicadas por un supuesto uso político del gobierno y del sistema judicial.

La jueza federal Leonie Brinkema, de Alexandria, Virginia, ordenó paralizar la creación y funcionamiento del denominado Fondo contra la Armamentización mientras se desarrolla el litigio que cuestiona su legalidad. La magistrada fijó una audiencia para el próximo 12 de junio, cuando evaluará si mantiene o amplía la medida cautelar.

La orden impide temporalmente que el gobierno transfiera dinero al fondo, procese solicitudes de compensación o realice desembolsos. Brinkema argumentó que es necesario preservar el statu quo y evitar movimientos irreversibles de recursos mientras se resuelve la controversia judicial.

El fondo fue creado por la administración Trump como parte de un acuerdo para resolver la demanda presentada por el mandatario contra el Servicio de Impuestos Internos por la filtración de sus declaraciones fiscales.

En respuesta al fallo, un portavoz del Departamento de Justicia defendió la legalidad de la iniciativa y aseguró que cuenta con respaldo jurídico y precedentes de acuerdos alcanzados en administraciones anteriores, incluida la del expresidente Barack Obama.

“No permitiremos que las preferencias políticas de los jueces interfieran con nuestros esfuerzos por brindar compensación a las víctimas de abusos legales”, señaló el portavoz en un comunicado citado por AP.

La jueza otorgó además una semana adicional al gobierno para responder por escrito a los argumentos de los demandantes, quienes solicitan la suspensión definitiva del fondo.

Desde su anuncio la semana pasada, el programa ha generado críticas tanto de organizaciones civiles como de algunos legisladores republicanos, quienes han pedido explicaciones al fiscal general interino Todd Blanche sobre los criterios de elegibilidad.

Una de las principales preocupaciones es la posibilidad de que personas involucradas en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 puedan optar a compensaciones. Durante una audiencia en el Congreso, Blanche no descartó esa posibilidad.

Hasta ahora, el Departamento de Justicia no ha conformado la comisión de cinco miembros que deberá establecer los criterios de pago. Tampoco se han recibido solicitudes ni se ha desembolsado dinero.

La demanda presentada en Virginia por abogados de la organización Democracy Forward sostiene que el fondo carece de una base legal clara y de mecanismos adecuados de supervisión y rendición de cuentas.

“Al hacerlo, la administración (Trump) no reconoce la campaña sin precedentes que ha llevado a cabo para atacar a individuos y entidades con fines de represalia por motivos personales e ideológicos”, argumentaron los demandantes en documentos judiciales.

Al menos otras dos demandas presentadas en Washington también buscan bloquear el fondo.

Una de ellas fue interpuesta por la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, que calificó el programa como “un acto asombroso de corrupción presidencial”. Otra fue presentada por dos agentes de policía que participaron en la defensa del Capitolio durante los disturbios de 2021.

Paralelamente, la jueza federal Kathleen Williams, en Florida, ordenó a los abogados de Trump responder antes del 12 de junio a acusaciones de que el acuerdo que dio origen al fondo habría buscado evitar un examen judicial sobre su legalidad. La magistrada pidió explicaciones sobre señalamientos de supuesta colusión y sobre la posibilidad de reabrir el caso por presunto fraude al tribunal.

¿Quiénes demandan?

Entre los demandantes figura Andrew Floyd, exfiscal federal que participó en el procesamiento de casos relacionados con el ataque al Capitolio y que fue despedido el año pasado. Floyd sostiene que su salida fue una represalia por su trabajo en esas investigaciones.

También forma parte de la demanda Jonathan Caravello, profesor de la Universidad Estatal de California Channel Islands, quien fue absuelto de un cargo de agresión tras ser acusado de lanzar una granada de gas lacrimógeno contra agentes federales durante una protesta contra una redada migratoria en una plantación de cannabis en California en 2025.

Sigue leyendo:
• Gobierno de Trump crea fondo de $1,700 millones para compensar a aliados que alegan persecución política
• Trump retira la demanda contra el IRS en la que exigía una indemnización de $10,000 millones de dólares
• Trump evalúa crear fondo de $1,700 millones para indemnizar a aliados investigados bajo el mandato de Biden