Inquilinos de un edificio en Queens demandan al “peor casero” de NYC y exigen reparaciones inmediatas
Los moradores de apartamentos en Elmhurst documentan años de historias de negligencia, deterioro y acoso
Los demandantes aspiran que un tribunal obligue a resarcir años de violaciones. Crédito: AAFE | Cortesía
Frente al Tribunal de Vivienda de Queens y con pancartas reclamando condiciones dignas para vivir, inquilinos del edificio ubicado en 41-25 Case Street, en Elmhurst, se manifestaron este lunes antes de una audiencia judicial clave en una demanda que busca poner fin a lo que describen como años de negligencia, deterioro y acoso residencial.
La acción legal apunta contra Margaret Brunn y Brian Garland, de 41-25 Case Street LLC, propietarios que han sido señalados por los residentes de acumular por años varias violaciones que afectan de forma muy directa su calidad de vida.
La demanda exige reparaciones inmediatas y la corrección de cientos de condiciones peligrosas dentro del edificio, desde fallas estructurales y plagas hasta interrupciones prolongadas de servicios esenciales.
El caso adquiere especial notoriedad debido al historial de la propietaria Margaret Brunn, considerada una de las caseras más controversiales de la ciudad.
Brunn, directiva de A&E Real Estate, encabeza la lista 2025 del Defensor Público de Nueva York de los peores propietarios de la ciudad.
A comienzos de este año, este consorcio inmobiliario alcanzó además un acuerdo legal con la Ciudad en relación con denuncias de acoso a inquilinos y condiciones peligrosas detectadas en 14 edificios de la ciudad.
Relatos de terror
Para los residentes de este edificio las estadísticas y expedientes legales tienen rostro humano.
“Nuestra calidad de vida se ha visto gravemente afectada”, declaró el líder de inquilinos Luis Acevedo, al describir un apartamento donde la pintura desprendida cae sobre el piso debido a reparaciones nunca realizadas.
Acevedo relató que las filtraciones dañaron por completo los gabinetes de la cocina y denunció que su familia permaneció dos semanas sin calefacción ni agua caliente en pleno invierno, situación que según afirma agravó la salud de un niño de cinco años residente en el hogar.
“Ninguna familia debería ver sufrir a un hijo porque un propietario no proporciona condiciones seguras y habitables. Esto no debería ocurrir en Nueva York”, expresó.
El conflicto en 41-25 Case Street refleja una batalla más amplia por la preservación del parque de viviendas de renta estabilizada en la ciudad.
La mayoría de los residentes vive en apartamentos de renta estabilizada y forma parte del Sindicato de Inquilinos de 41-25 Case Street, creado para organizar la respuesta colectiva frente al deterioro del edificio.
Según la demanda presentada en corte, los residentes han enfrentado durante años ascensores averiados, fallas recurrentes en calefacción y agua caliente, cámaras de seguridad dañadas, intercomunicadores inoperantes, infestaciones de ratas y techos y paredes deteriorados.
Trabajos de mala calidad
Los inquilinos sostienen que las reparaciones solicitadas son frecuentemente ignoradas y que cuando finalmente se realizan, suelen ejecutarse de forma deficiente.
La tensión entre propietarios y residentes escaló en julio del año pasado, cuando los inquilinos enviaron una carta detallando múltiples reparaciones urgentes tanto en apartamentos como en áreas comunes.
Para el momento en que se presentó la demanda, el edificio acumulaba 372 violaciones registradas ante el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (HPD).
Para Amber Gill, otra de las líderes del edificio, el deterioro trascendió hace tiempo la incomodidad cotidiana.
“Las condiciones han afectado nuestra salud, nuestras finanzas y nuestra vida diaria”, afirmó.
Gill relató que su hijo ha sufrido enfermedades recurrentes asociadas a las condiciones del apartamento y ha perdido más de 50 días escolares. Ella misma quien es una paciente inmunocomprometida terminó hospitalizada con septicemia en cuidados intensivos.
A esto se suman gastos de miles de dólares asumidos por la familia para pagar exterminadores, reparaciones y alimentación fuera del hogar después de permanecer 32 días sin gas ni estufa funcional.
“No estamos pidiendo favores. Estamos exigiendo vivienda segura y habitable y rendición de cuentas. Ninguna familia debería pagar renta y también pagar con su salud”, reclamó airada.
Mi hijo sufrió enfermedades repetidas debido a las condiciones del apartamento y ha perdido más de 50 días de escuela. Yo soy inmunocomprometida y terminé gravemente enferma y con septicemia en la unidad de cuidados intensivos. He tenido que pagar servicios de exterminación y reparaciones. Mi familia pasó 32 días sin gas para cocinar, lo que nos costó más de 3 mil dólares en gastos adicionales.
Años de espera
La batalla legal de los residentes cuenta con el respaldo de Queens Legal Services y Asian Americans for Equality (AAFE), organizaciones que han acompañado la documentación de violaciones y la organización vecinal.
“Estamos enviando un mensaje claro: los propietarios no pueden acumular violaciones año tras año sin consecuencias”, sostuvo Bianca Zarate-MacPherson, abogada principal de la Coalición de Derechos de los Inquilinos de Queens Legal Services.
La abogada explicó que solicitaron al juez ordenar reparaciones inmediatas en apartamentos y áreas comunes, además de exigir que la Ciudad continúe inspeccionando el edificio y respondiendo a las denuncias de los residentes.
AAFE, organización que trabaja con comunidades de renta estabilizada en toda Nueva York, ayudó además a impulsar en el edificio una campaña de reportes al sistema municipal 311, promoviendo denuncias formales de mantenimiento y apoyando a decenas de residentes en solicitudes de reducción de renta ante la División de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York (DHCR).
“Queda trabajo por hacer”
Tras ser calificados a principios de año como “los peores caseros”, A&E Real Estate en un comunicado divulgado por la cadena ABC, advirtió que “desde la adquisición de sus propiedades, hemos invertido más de $800 millones en nuestro portafolio para mejorar la calidad de la vivienda, lo que significa que cada uno de nuestros edificios está hoy en mejores condiciones que cuando asumimos su administración. Hemos eliminado 35,000 violaciones. Calificar más de $800 millones en reparaciones como ‘negligencia’ es engañoso e irreal, aunque reconocemos que aún queda mucho trabajo por hacer”.
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