Protestas frente a centro de detención migratoria en Nueva Jersey dejan más de 80 arrestos
Los manifestantes aseguran que buscan respaldar a los inmigrantes retenidos en el lugar, quienes han denunciado condiciones inadecuadas
Delaney Hall es operado por GEO Group, una empresa privada. Crédito: Adam Gray | AP
Las manifestaciones contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump y las condiciones denunciadas por los detenidos en un centro de inmigración de Nueva Jersey derivaron en choques con las fuerzas del orden y más de 80 arrestos desde finales de mayo.
El foco de las protestas se encuentra en Delaney Hall, un centro de detención ubicado en Newark con capacidad para albergar a unas 1,000 personas, informó Associated Press. Los manifestantes aseguran que buscan respaldar a los inmigrantes retenidos en el lugar, quienes han denunciado condiciones inadecuadas de alojamiento y atención médica.
Delaney Hall es operado por GEO Group, una empresa privada contratista del sistema penitenciario estadounidense que administra varios centros de detención en el país. De acuerdo con el grupo de defensa de inmigrantes Cosecha, algunos detenidos iniciaron una huelga de hambre el mes pasado y difundieron cartas manuscritas en las que exigen mejores condiciones de vida, acceso adecuado a medicamentos y atención médica más eficiente.
Entre las denuncias figuran acusaciones sobre alimentos en mal estado, algunos presuntamente con presencia de gusanos, así como hacinamiento y falta de aire acondicionado en las instalaciones.
Legisladores demócratas de Nueva York que visitaron el centro durante los primeros días de las protestas señalaron que los testimonios de los detenidos les parecieron creíbles. La Casa Blanca y funcionarios de la administración Trump han rechazado las denuncias sobre supuestos abusos o malas condiciones en el centro.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó recientemente que los detenidos reciben la alimentación necesaria. “Lo cierto es que les estamos dando las calorías que quieren. Esto no es un hotel Holiday Inn”, declaró el funcionario citado por la agencia de noticias.
Por su parte, Tom Homan, responsable de la política fronteriza durante la administración Trump, aseguró tras una visita a las instalaciones que la comida era adecuada. “Los espaguetis estaban buenos”, comentó.
GEO Group también negó las acusaciones y sostuvo que las críticas forman parte de una campaña impulsada por grupos que buscan eliminar los centros federales de detención de inmigrantes.
Choques entre manifestantes y autoridades
Algunos manifestantes utilizaron conos de tráfico, contenedores de basura y otros objetos como escudos improvisados, además de intentar bloquear la entrada y salida de vehículos del centro.
El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, difundió imágenes de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que presentaban heridas y hematomas tras los enfrentamientos.
En videos difundidos en redes sociales se observa a unidades antidisturbios utilizando gases lacrimógenos y porras para dispersar a los manifestantes, mientras que otros registros muestran a policías montados avanzando entre la multitud.
Según Mullin, agentes de ICE arrestaron el viernes a cuatro personas acusadas de agresión a funcionarios, obstrucción de la justicia y amenazas. Asimismo, la policía de Newark presentó cargos contra un hombre procedente de Seattle por presuntamente romper las ventanas de varios vehículos.
“Nadie tiene derecho a entrar en nuestra ciudad, destruir propiedad privada o incitar a la violencia”, expresó en redes sociales Emanuel Miranda, director de Seguridad Pública de Newark.
La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, solicitó la intervención de la policía estatal después de que la violencia aumentara alrededor del centro de detención. La mandataria calificó la situación de “insegura” e “inaceptable”.
Las autoridades estatales establecieron zonas específicas para las manifestaciones y puestos de control vehicular, mientras que el alcalde de Newark, Ras Baraka, decretó un toque de queda a las 9:00 de la noche.
Sin embargo, una semana después, Baraka anunció una reducción de la presencia policial municipal al considerar que las detenciones habían disminuido y que no era conveniente seguir destinando recursos públicos a la vigilancia de una instalación privada.
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