Departamento de Justicia endurece control electoral y advierte con demandas a funcionarios

El jefe de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia (DOJ) envió cartas a los funcionarios electorales de los 50 estados del país amenazando con emprender acciones penales si, a sabiendas, permiten a ciudadanos no estadounidenses votar o permanecen en sus listas de votantes, de acuerdo con lo que confirmó el departamento.

Asimismo, las misivas pedían a los funcionarios estatales que explicaran cómo piensan cumplir con la ley federal y garantizar que los ciudadanos no voten. Cada estado disponía de cinco días para responder.

“Cualquier funcionario electoral, incluido el jefe de la comisión electoral estatal, que a sabiendas mantenga a personas no ciudadanas en el registro electoral estatal o les facilite el acceso al voto, podría ser objeto de responsabilidad penal”, señaló la fiscal general adjunta Harmeet Dhillon en cartas iguales enviadas a funcionarios de Arizona, Michigan y Maine. Agregó que también es un crimen que dos o más personas conspiren para privar a otras de sus derechos constitucionales.

“Les animamos a que se pongan en contacto con nosotros para hablar sobre las medidas que su estado debería tomar para mantener listas de votantes actualizadas, tal como lo exige la ley”, escribió.

El presidente Donald Trump ha asegurado por varios meses que las personas que no son ciudadanos estadounidenses votan con frecuencia en las elecciones federales, pese a que los casos de voto de no ciudadanos son extremadamente raros.

El mandatario republicano ha presionado al Senado para que den luz verde a un proyecto de ley denominado Ley para Salvar a Estados Unidos o Ley SAVE, que exigiría a los residentes mostrar en persona una prueba de ciudadanía para registrarse para votar, amenazando con no firmar otros proyectos de ley a menos que el Congreso tome medidas.

En este sentido, Trump firmó a inicios de este año una orden ejecutiva que crearía listas federales de votantes elegibles e impediría que el Servicio Postal de EE.UU. enviara boletas por correo a cualquier persona que no estuviese en la lista, aunque esa medida fue bloqueada por un juez federal.

Las cartas enviadas a los estados fueron realizadas mientras el DOJ sigue litigando contra decenas de estados en un esfuerzo por lograr que entreguen los registros de votantes sin censurar.

La División de Derechos Civiles declaró que desea observar el cumplimiento de las leyes federales que exigen a estos mantener registros limpios, aunque hace poco se ha reconocido su intención de compartir los datos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que puedan examinar los registros en busca de votantes no ciudadanos. Anteriormente, se había dado a conocer que el DHS tiene la intención de usar los datos recopilados de los registros electorales para la aplicación de la ley en materia penal y de inmigración.

Hasta la fecha, el DOJ no ha logrado ninguna victoria legal en su lucha por los registros electorales, con 11 derrotas en los tribunales de distrito. En junio, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos se convirtió en el primer tribunal federal de apelaciones en confirmar uno de esos fallos, dando la razón a Michigan, informó CBS News.

En un comunicado, un representante del DOJ dijo lo siguiente: “El Departamento envió estas cartas a los 50 estados y al Distrito de Columbia, solicitando el cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones conforme a la ley federal para garantizar que solo los ciudadanos voten en las elecciones federales”.

Adrian Fontes, secretario de Estado de Arizona, quien recibió una de las cartas el martes, defendió los esfuerzos de su estado y escribió en un comunicado que “la sugerencia de que los funcionarios electorales de Arizona no están haciendo su trabajo simplemente no está respaldada por los hechos”.

“Es un insulto insinuar que los buenos funcionarios de las oficinas de registro de condados en todo el estado no están haciendo bien su trabajo”, señaló el demócrata de Arizona. “Los funcionarios electorales de Arizona siempre han trabajado para garantizar que solo los ciudadanos elegibles estén registrados para votar, y continuaremos cumpliendo con la ley de Arizona, no con las directrices que provienen de la retórica política o la intimidación”.

Sigue leyendo:

• El complejo dilema legislativo que pone en peligro el liderazgo de Mike Johnson
• ¿Cómo republicanos en el Congreso intentarán limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento tras fallo del Supremo?
• Hochul se une a gobernadores demócratas para pedir al Servicio Postal retirar norma electoral impulsada por Trump