Fiscal general Todd Blanche asegura que el fondo de $1,800 millones “está muerto”

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, volvió a asegurar que el polémico fondo de compensación para personas que alegan haber sido perjudicadas por el gobierno federal no existe y no será reactivado, pese a que el presidente Donald Trump ha expresado su respaldo a compensar a algunas de esas personas.

Blanche, durante una entrevista el domingo con Kristen Welker en Meet the Press, de NBC News, habló del denominado fondo contra la “militarización” del gobierno.

“Está muerto”, afirmó Blanche, quien explicó que nunca se transfirieron recursos del Tesoro a una cuenta, tampoco se designaron comisionados y, por lo tanto, sostuvo que “no hay ningún fondo” ni habrá uno bajo su gestión.

Blanche descarta reactivar el fondo

Welker recordó que Blanche había firmado documentos y declarado bajo juramento que el fondo estaba muerto, mientras que Trump había dicho que lamentaba que fuera así y que las personas que habrían sido perjudicadas por el Departamento de Justicia deberían recibir una compensación.

Blanche respondió que el propio presidente también ha dicho que el fondo está muerto y reiteró que no contempla su creación. No obstante, evitó garantizar que ninguna persona vinculada con los hechos del 6 de enero de 2021 pueda recibir una compensación del gobierno federal por otras vías.

Señaló asimismo que cualquier ciudadano puede presentar una demanda contra el gobierno y que el resultado dependerá de los hechos y circunstancias de cada caso. “Cualquiera que demande al gobierno federal podría cobrar”, explicó, aunque aclaró que no podía anticipar el resultado de litigios hipotéticos.

Defiende los indultos del 6 de enero

Todd Blanche también sostuvo que no existe contradicción entre su promesa de procesar a quienes agredan a agentes y la facultad presidencial de conceder indultos. “Las facultades de indulto del presidente, las de cualquier presidente, no tienen límites”, argumentó.

Ante la pregunta de si Trump se equivocó al indultar a personas que habían atacado a policías, Blanche evitó cuestionar al mandatario y defendió la separación entre el proceso penal y la posterior decisión presidencial de conceder un indulto.

Recordó que el expresidente Joe Biden otorgó indultos durante los últimos días de su mandato, en un intento por equiparar el ejercicio de esa facultad entre ambas administraciones.

No promete independencia de la Casa Blanca

El nuevo fiscal general también fue cuestionado sobre su independencia frente a Trump, particularmente debido a que anteriormente se desempeñó como su abogado personal.

Rechazó comprometerse a que el Departamento de Justicia actuaría siempre de manera independiente de la Casa Blanca y argumentó que un fiscal general debe trabajar dentro de las prioridades establecidas por el presidente, siempre actuando con integridad y respetando la ley.

“Si yo prometiera ser independiente de la Casa Blanca”, dijo, eso podría significar rechazar una instrucción presidencial legítima, como perseguir a criminales violentos.

Blanche aseguró, además, que Trump nunca le ha pedido ni le pedirá que haga algo ilegal o poco ético y sostuvo que existe una “narrativa” falsa sobre una supuesta intención del mandatario de ordenar directamente investigaciones o procesamientos.

Además, reconoció que tomará en consideración las opiniones de Trump, luego de la controversia por el retiro de los cargos contra un piragüista olímpico acusado de vandalizar el estanque reflectante del National Mall. Trump cuestionó públicamente la decisión de la fiscal federal Jeanine Pirro y planteó que el caso debía revisarse.

Blanche respaldó a Pirro, pero también dejó claro que escuchará al presidente cuando este exprese su posición sobre un asunto. Expresó que Trump espera un intercambio de opiniones con los miembros de su gabinete y que eso no significa que el presidente ordene directamente procesamientos.

DOJ mantiene la batalla por los registros electorales

Blanche también defendió la ofensiva del Departamento de Justicia para obtener registros electorales estatales de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Welker señaló que el gobierno federal había sufrido 22 derrotas judiciales en sus intentos por obligar a distintos estados a entregar registros de votantes y preguntó si el Departamento de Justicia estaba dispuesto a abandonar la disputa.

Blanche respondió que no y afirmó que el gobierno está actuando con base en una ley aprobada por el Congreso para revisar determinados registros electorales. Consultado sobre si el Departamento de Justicia podría llevar la disputa hasta la Corte Suprema, respondió: “Absolutamente es una posibilidad”.

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