Nueva York lidera ofensiva judicial ante los recortes de protección ambiental de Trump

La Fiscalía General de Nueva York puso un obstáculo para los múltiples cambios de política de la administración del presidente Donald Trump, interponiendo demandas para preservar la protección de los inmigrantes, el derecho al voto y el acceso a la atención médica de afirmación de género, entre otras batallas legales.

Sin embargo, esta semana la Fiscalía empezó un nuevo desafío en defensa de especies en peligro de extinción, como las tortugas marinas y las ballenas.

Letitia James, fiscal general de Nueva York, junto a sus pares de otros 19 estados y el Distrito de Columbia, presentó demandas federales en el Distrito Norte de California impugnando los cambios en las medidas del gobierno republicano que, en conjunto, debilitan las protecciones de hábitat en vigor desde hace mucho tiempo para las especies en peligro de extinción y amenazadas.

Los fiscales generales argumentan que las nuevas interpretaciones de la Ley Federal de Especies en Peligro de Extinción por parte de la administración de Trump equivalen a “dar luz verde a la destrucción de los hábitats de las especies en peligro de extinción” y “permitir que los promotores comerciales y las empresas de combustibles fósiles accedan a los hábitats de los animales en peligro de extinción”.

Dichas demandas piden a los tribunales que bloqueen las nuevas normas y restablezcan la plena protección de la ley de especies en peligro de extinción, vigente desde hace 50 años.

“Las especies en peligro de extinción de Estados Unidos han sobrevivido porque generaciones de estadounidenses optaron por protegerlas a ellas y a los hábitats de los que dependen”, declaró James en un comunicado anunciando la presentación de las demandas. “Ahora, la administración Trump está desmantelando esas protecciones y empujando a innumerables especies en peligro de extinción aún más cerca de la extinción”.

Asimismo, la Casa Blanca remitió las preguntas al Departamento del Interior de EE.UU. donde un vocero defendió las acciones del gobierno republicano.

“Esta demanda busca preservar una extralimitación regulatoria de décadas de antigüedad que extendió la Ley de Especies en Peligro de Extinción más allá de la autoridad otorgada por el Congreso”, declaró la representante Charlotte Taylor. “El Departamento defenderá enérgicamente su autoridad para implementar la ley de acuerdo con su texto literal”.

Decretada por el expresidente Richard Nixon en 1973, la Ley de Especies en Peligro de Extinción exige que el gobierno federal y sus agencias garanticen que cualquier acción que aprueben o autoricen no ponga en peligro a ninguna especie de planta o animal clasificada como en peligro de extinción, incluyendo su hábitat, informó Gothamist.

El texto original de la ley declara que las especies se enfrentaban a la extinción “como consecuencia del crecimiento y desarrollo económico sin la debida consideración y conservación”.

La interpretación habitual de la ley consideraba ilícito dañar o destruir cualquier área designada como “hábitat crítico” para una especie en peligro de extinción o amenaza, lo cual, dice el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS), es de suma importancia para salvar a las especies.

Las denuncias presentadas por los fiscales generales acusan al gobierno de Trump de desmantelar de forma ilegal las protecciones clave en detrimento de la vida silvestre y la flora. La oficina de la fiscal indicó que Nueva York alberga docenas de especies en peligro de extinción y amenazadas que dependen de las mencionadas protecciones, incluyendo cuatro especies de tortugas marinas y seis especies de ballenas.

Un cambio introducido por la administración republicana limita la definición de “daño”, que por décadas ilegalizó la destrucción de los hábitats de las especies.

La nueva norma establece que el daño a una especie protegida solo está prohibido si se trata de un acto directo e intencional contra un animal o planta en particular.

En este sentido, los fiscales generales mantienen que esto, en la práctica, legitima la destrucción del hábitat en algunos casos, lo que causará la muerte o lesiones a una especie. El grupo de abogados tilda esta modificación como un retroceso de proporciones alarmantes que viola la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la definición de “daño”.

Asimismo, la coalición impugna un cambio reglamentario que elimine la protección automática de las especies recientemente amenazadas. De acuerdo, la modificación propuesta por el gobierno no concede protección federal a menos que la administración elabore una nueva normativa especial para cada especie, lo que retrasa todavía más la protección de especies en determinadas circunstancias.

Otra alteración a la norma, a la que se opone el grupo, faculta a los promotores inmobiliarios y las compañías de combustibles fósiles para bloquear la protección de especies en peligro de extinción alegando que las medidas perjudicarán sus negocios en una zona determinada. Con ese cambio normativo, el gobierno de Trump ahora debe considerar si los beneficios para las empresas superan los riesgos para las especies en peligro de extinción.

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