Ruta a la ciudadanía para millones de indocumentados en plan de Biden debe ser aprobada por parlamentaria del Senado
Expertos ya anticipan que Elizabeth MacDonough impedirá que la disposición para una reforma migratoria sea incluida como parte del plan de infraestructura de la Administración Biden
El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menendez, es uno de los principales impulsores de la reforma migratoria en el Congreso federal. Crédito: Drew Angerer | Getty Images
Para que los demócratas en el Senado le den paso a la legislación que incluya una ruta a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados como parte del plan de infraestructura de la Administración Biden, estos deben no solo convencer a los más moderados del Partido, sino a la parlamentaria del organismo legislativo Elizabeth MacDonough.
MacDonough es la encargada de actuar como jueza en el proceso de reconciliación presupuestario que le permite a la mayoría legislativa, en este caso los demócratas, aprobar medidas sin los votos de la minoría (republicanos).
Este proceso de reconciliación que facilita la aprobación de una pieza legislativa con mayoría simple parece ser la estrategia más práctica para adelantar las iniciativas migratorias de la Administración Biden.
El Gobierno de Joe Biden ya aplicó este proceso en marzo pasado para lograr la aprobación del “Plan de rescate estadounidense” que posibilitó la distribución de varias ayudas como el tercer cheque de estímulo de $1,400, la extensión al “Crédito tributario por hijos” y la exención de $10,200 en el pago de impuestos por desempleo.
Parlamentaria del Senado podría bloquear clausula para camino a la ciudadanía
El problema es que MacDonough ya bloqueó previamente el aumento federal a $15 del salario mínimo federal que estaba incluido en ese mismo paquete de estímulo de Biden, y obligó a que los congresistas eliminarán las disposiciones a esos fines del proyecto de ley.
Con este precedente, algunos ya anticipan que la intención de la medida de “infraestructura social” en el plan demócrata para facilitar la ciudadanía a inmigrantes podría ser impugnada por la parlamentaria.
Una fuente familiarizada con las negociaciones indicó a la cadena CNN que al momento las partes se encuentran discutiendo a cuáles grupos de inmigrantes finalmente le aplicarán las disposiciones.
Bajo las reglas de reconciliación, los legisladores solo pueden incluir provisiones que tengan un impacto real en el presupuesto total del país y considerar si estas aumentan los ingresos o aumentan el déficit.
No está claro si la reforma migratoria cumple con ese criterio.
“Yo entiendo que se han hecho argumentos de que habrían efectos presupuestarios cuando cambias la ley de inmigración”, dijo a la cadena el exparlamentario Alan Frumin. “Pero yo pienso que probablemente hay un argumento fuerte que esos efectos son secundarios…El propósito (de los demócratas) es política migratoria. Y ellos van a tener que argumentar que los componentes presupuestarios no son incidentales al cambio de política”, argumentó el experto.
En ese sentido, los meses venideros serán clave para que los demócratas decidan hasta qué punto presionarán por el tema.
Senador Bob Menéndez insiste en inclusión de reforma migratoria en plan de infraestructura
El senador de NJ, Bob Menéndez, el latino de mayor rango el Senado, confirmó esta semana a la cadena MSNBC la partida de $120,000 millones de dólares para inmigración en el billonario plan.
“No he visto el número final pero serían 120,000 millones de dólares para temas relacionados con la inmigración, eso serviría para legalizar a millones de personas, que paguen sus tasas y es algo que podría tener también un impacto económico”, indicó el senador.
Menéndez es el mismo que anunció en febrero pasado la presentación de un proyecto de reforma migratoria integral, para establecer una ruta a la ciudadanía a indocumentados, “dreamers” y extranjeros bajo el programa TPS.
La medida dispone para que el resto de los indocumentados sean elegibles a una “green card” provisional durante cinco años, antes de aplicar por una permanente y posteriormente la ciudadanía. Ninguna persona que ingresó al país sin autorización después del 1 de enero del 2021 podrá aplicar a este beneficio.
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