Concejales de San Luis, Missouri, piden al Congreso de EE.UU. abolir Ley 22 que beneficia a extranjeros millonarios en Puerto Rico
Liderados por la concejal de origen boricua Daniela Velázquez, los legisladores plantearon, a través de una resolución, que el estatuto lleva a la explotación y el desplazamiento de lo puertorriqueños que residen en la isla
El Concejo Municipal de San Luis, en Missouri, aprobó este viernes una resolución en la que piden que el Congreso de Estados Unidos derogue la Ley 22 en Puerto Rico. Crédito: Concejal Daniela Velázquez | Cortesía
Nueva York – El Concejo Municipal de San Luis, en Missouri, aprobó este viernes una resolución en la que piden que el Congreso de Estados Unidos actúe para derogar la Ley 22 en Puerto Rico por conceder exenciones contributivas que llevan a la “explotación” de los locales en beneficio de los extranjeros millonarios que se relocalizan en la isla.
La resolución presentada el 29 de marzo por la concejal de origen boricua Daniela Velázquez fue coauspiciada por otros 10 miembros del organismo municipal.
La resolución adoptada por el cuerpo legislativo pide cerrar la laguna fiscal que facilita que estadounidenses que se mudan a Puerto Rico con decretos bajo Ley 22 (Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico) con la promesa de inversión no solo no tengan que pagar ciertos impuestos en la isla, sino que puedan evadir sus responsabilidades fiscales en EE.UU.
“La Ley 22 ha fracasado abrumadoramente en sus objetivos para fomentar la inversión positiva y el desarrollo económico”, plantean Velázquez y sus colegas en el documento suministrado a El Diario.
“Para los más de 6,000 ‘inversores individuales residentes’ que se han beneficiado de la Ley 22, inversión real en bienes raíces, específicamente la compra de propiedades para convertirlas en alquileres de corto plazo, se ha vuelto extremadamente lucrativo”, añaden los concejales.
Según los funcionarios, lo anterior ha llevado a una especulación en el mercado de inversiones que se traducen en enormes ganancias para los extranjeros exentos de impuestos a expensas de los puertorriqueños que tratan de comprar vivienda.
La resolución además señala que los incentivos que otorga el Departamento de Desarrollo y Comercio de Puerto Rico (DDEC), han conducido a un alza de 36 % en los precios de la vivienda en isla (según datos de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda), mientras el 41 % de la población vive en pobreza (Censo).
Los suscribientes además mencionan que la cantidad de empleos que ha creado la Ley 22 es mínima, a pesar de que ese era uno de los fines principales bajo la que se ideó.
“Los recipientes de exenciones fiscales bajo Ley 22 han creado empleos mínimos en Puerto Rico, con estimados, en el 2019, de la firma consultora Estudios Técnicos que revelan la creación de menos de tres empleos por destinatario versus los cientos proyectados por destinatario del decreto -y muestreo aleatorio de destinatarios de decretos revelan que más del 37% no posee ningún negocio en Puerto Rico”, especifica el escrito.
La resolución además hace referencia a datos de Intelligent Economics que apuntan a que las rentas promedio en el territorio se dispararon en 593 % desde que el huracán María devastó la isla en el 2017.
Piden abolir la Ley 22
Los concejales pidieron abolir la Ley 22 acorde con el emplazamiento que han hecho representantes demócratas en el Congreso en Washington.
“Nuestro llamado se suma a los realizados, no solo por la representante Cori Bush (MO-1), sino por los representantes Delia Ramírez (IL-3), Chuy García (IL-4), Nydia Velázquez (NY-7), Raúl Grijalva (AZ-7), Alexandria Ocasio-Cortez (NY-14), y Ritchie Torres (NY-15) para abolir la Ley 22 ”, reclaman.
“El Congreso debe legislar inmediatamente para detener el tremendo daño que esta laguna fiscal está causando a los puertorriqueños y a los estadounidenses”, puntualizan.
Una ley aprobada en el 2012 en el Capitolio de Puerto Rico
La Ley 22 fue aprobada en el 2012 en la Legislatura en Puerto Rico. Desde el 2019, el estatuto forma parte del Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60). Los extranjeros cobijados bajo la ley se les exime del pago de impuestos por intereses, dividendos y ganancias de capital.
Los distintos proyectos de ley presentados en los pasados años para enmendarla no han avanzado en el trámite legislativo. Las razones no están claras, pero es un hecho que algunos de los llamados a tomar acción en cuanto al alcance de este estatuto tienen vínculos con inversionistas residentes e incluso estos le han donado dinero a sus campañas.
La acción desde el Concejo de San Luis ayer se dio como resultado del activismo de grupos de la diáspora como Power4PuertoRico que buscan que el Congreso actúe para atajar la laguna fiscal que le permite a estadounidenses adinerados evadir el pago de impuestos federales, asunto que en estos momentos está siendo investigado por el Servicio de Rentas Internas (IRS).
En marzo pasado, Bush se sumó a la lista de representantes que denunciaron desde el pleno de la Cámara el desplazamiento de comunidades boricuas debido al creciente número de extranjeros que se relocalizan en la isla con decretos bajo la Ley 2022.
Previamente, Delia Ramírez y José “Chuy” Ramírez, hicieron lo propio en sus turnos de mensajes en el hemiciclo.
A la acción legislativa se añade la que tomó a principios de año el Concejo Municipal de Chicago.
Liderados por la concejal Jessie Fuentes, también de origen boricua, el organismo adoptó una resolución en la que piden enmiendas al Código Tributario de EE.UU.
A través del documento, se emplaza al Congreso federal a clarificar el Código Tributario estadounidense para prevenir el mal uso de los incentivos fiscales en Puerto Rico y el impacto económico negativo a su gente.
“Cualquier enmienda al código fiscal debe preservar el intento original de promover el crecimiento en Puerto Rico mientras se previene el potencial mal uso y se atienden los impactos económicos negativos a la población”, lee el texto enviado a los principales líderes de la Legislatura en Washington.
IRS no suelta prenda sobre pesquisa por evasión fiscal a beneficiarios de la Ley 22
Adicional a estos esfuerzos, entidades como Center for Popular Democracy (Centro para la Democracia Popular o CPD) y la campaña “Puerto Rico No Se Vende” presionan para que el IRS (Servicio de Rentas Internas) divulgue información sobre las auditorías que realiza a beneficiarios de la ley por supuesta evasión fiscal federal.
Precisamente, esta semana, activistas del CPD denunciaron que, prácticamente un año después de que pidieran una actualización de los resultados de la investigación por medio de una solicitud bajo la “Ley de Libertad de Información” (Freedom of Information Act / FOIA), el IRS les respondió en la negativa.
El IRS también contestó la semana pasada a la misiva que les envió Velázquez junto a otros 12 demócratas requiriéndoles que agilizaran la divulgación de los resultados de las indagatorias.
“Nosotros nos disculpamos por la tardía respuesta. Me place reportarle que archivos en respuesta a la solicitud de FOIA han sido recolectados. Los archivos al momento están bajo revision y cualquier retención prevista por la ley…”, fue parte de la respuesta de la oficina recaudadora de impuestos.
Al momento, el IRS investiga a unos 100 recipientes de decretos bajo Ley 22 por alegadamente mentir sobre su estancia en la isla para evitar pagar impuestos en EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense.
