Nueva York busca prohibir precios personalizados con datos

Nueva York dio un paso decisivo en la lucha contra prácticas comerciales consideradas abusivas en la era digital.

La fiscal general Letitia James y la senadora Rachel May encabezaron un acto público junto a líderes políticos, sindicatos y organizaciones comunitarias para promover el denominado “One Fair Price Package”, un paquete legislativo que busca prohibir el uso de datos personales para fijar precios individualizados.

La iniciativa responde a una creciente preocupación entre consumidores y autoridades: el llamado “surveillance pricing” o precios basados en vigilancia, una práctica en la que empresas utilizan información privada, como historial de compras, ubicación, tipo de dispositivo o incluso el nivel de batería del teléfono, para determinar cuánto está dispuesto a pagar cada cliente.

“Los neoyorquinos ya enfrentan precios elevados en todos los ámbitos, y debemos usar todas las herramientas disponibles para proteger a las familias de esquemas de precios depredadores”, afirmó James. La fiscal general subrayó que el objetivo es garantizar “un precio justo para todos”, evitando que la tecnología se convierta en un mecanismo de discriminación económica.

2 proyectos clave para cambiar el mercado

Según un comunicado de prensa emitido por la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York, el paquete legislativo está compuesto por 2 proyectos principales. El primero, denominado “One Fair Price Act”, impulsado por May y la asambleísta Emérita Torres, propone prohibir directamente el uso de datos personales para fijar precios diferenciados entre consumidores.

El segundo proyecto, conocido como “Protecting Consumers and Jobs from Discriminatory Pricing Act”, liderado por el vice líder de la mayoría Michael Gianaris y la asambleísta Michaelle Solages, va un paso más allá al prohibir también el uso de etiquetas electrónicas en estanterías (ESLs) en supermercados y farmacias, además de restringir estas prácticas en tiendas físicas.

Estas etiquetas digitales permiten modificar precios en tiempo real, lo que, según los críticos, podría derivar en escenarios donde un mismo producto tenga diferentes precios en cuestión de horas o dependiendo del consumidor.

¿Cómo funciona el “surveillance pricing”?

El concepto de precios personalizados no es nuevo, pero su sofisticación ha aumentado con el uso de algoritmos avanzados y grandes volúmenes de datos. Plataformas digitales pueden recopilar miles de puntos de información sobre cada usuario: desde la frecuencia con la que revisa un producto hasta cuándo recibe su salario.

Con estos datos, los sistemas automatizados calculan el precio máximo que una persona estaría dispuesta a pagar. Así, 2 consumidores que visitan el mismo sitio web al mismo tiempo podrían ver precios distintos para el mismo producto.

Las autoridades advierten que este modelo no solo afecta compras en línea, sino también tiendas físicas. Con la implementación de tecnología como las etiquetas electrónicas, los precios podrían cambiar dinámicamente según la demanda o incluso el perfil del cliente.

Impacto en consumidores y trabajadores

Además del impacto en el bolsillo de los consumidores, la propuesta legislativa también busca proteger empleos. Los sindicatos han alertado que la automatización de precios podría reducir la necesidad de trabajadores en supermercados, particularmente en tareas relacionadas con la actualización manual de etiquetas.

“El uso de tecnología para aumentar precios de manera silenciosa no es innovación, es explotación”, afirmó Frank DeRiso, líder sindical de UFCW, durante el evento. Según organizaciones laborales, la medida ayudaría a preservar empleos y evitar prácticas que consideran abusivas.

Un sondeo reciente citado por los promotores del paquete legislativo muestra que el 66% de los neoyorquinos apoya la prohibición de los precios personalizados y de las etiquetas electrónicas. Además, cerca de 7 de cada 10 encuestados creen que estas prácticas elevarían el costo de los alimentos.

La desconfianza hacia las empresas también es notable: 2 tercios de los participantes consideran que las compañías no usarían estas tecnologías de manera responsable. Entre las principales preocupaciones destacan posibles aumentos de precios durante emergencias o la fijación de tarifas más altas según la capacidad económica percibida.

Excepciones: descuentos sí, discriminación no

Uno de los puntos clave del paquete es que no elimina promociones tradicionales. Descuentos, programas de lealtad, cupones o precios especiales para veteranos y personas mayores seguirían permitidos.

La diferencia, según los legisladores, radica en la transparencia: estos beneficios serían visibles y accesibles para todos los consumidores, en lugar de depender de algoritmos ocultos.

Además, la legislación permitiría que la fiscalía estatal y los ciudadanos afectados presenten demandas civiles contra empresas que incumplan las nuevas normas, lo que podría derivar en sanciones económicas y compensaciones.

Un debate con alcance nacional

El impulso de Nueva York podría marcar tendencia en otros estados. A medida que la inteligencia artificial y el análisis de datos transforman el comercio, crece el debate sobre los límites éticos del uso de información personal.

Funcionarios locales, como el congresista John Mannion, consideran que este tipo de legislación es esencial para evitar abusos en un contexto de inflación y creciente desigualdad.

“El precio debe depender del producto, no de la persona”, reiteraron varios de los participantes en el acto.

Con el avance de este paquete legislativo, Nueva York se posiciona en la primera línea de la regulación del comercio digital, en un intento por equilibrar innovación tecnológica con justicia económica. La discusión ahora se traslada al ámbito legislativo, donde se definirá si el Estado logra establecer un precedente histórico en la protección del consumidor.

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