Nueva York acuerda pagar más de $5 millones a familias de reclusos latinos fallecidos en Rikers Island por sobredosis
Los fallecimientos incluyen el de José Mejía en 2021 y Donny Ubiera en 2023, ambos víctimas de la falta de atención del personal del Departamento Correccional
El abogado de las familias dijo que la ciudad no proporcionó supervisión ni la atención de emergencia. Crédito: Seth Wenig | AP
La ciudad de Nueva York acordó pagar casi $5.2 millones de dólares a las familias de dos hombres que murieron en la cárcel de Rikers Island por sobredosis de metadona, informó Queens Eagle.
Los fallecimientos incluyen el de José Mejía Martínez en 2021 y Donny Ubiera en 2023, ambos víctimas de la falta de atención del personal del Departamento Correccional.
La ciudad llegó a un acuerdo de $2.7 millones de dólares con la familia de Martínez y de $2.49 millones de dólares con la familia de Ubiera. Ambos casos fueron representados legalmente por el bufete Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP.
Según los documentos judiciales, Martínez, quien tenía antecedentes de consumo de sustancias y problemas de salud mental, ingirió metadona obtenida de otro recluso mientras estaba en un área común de la cárcel.
Durante horas, los agentes no respondieron a su evidente deterioro físico, y Martínez fue encontrado sin vida posteriormente.
De manera similar, Ubiera, originario de Bayside y diagnosticado con esquizofrenia, también consumió metadona en presencia de funcionarios penitenciarios.
Sus súplicas de ayuda fueron ignoradas y al menos un guardia no realizó su ronda, según grabaciones.
Su madre, Maricela Ubiera, declaró que “ninguna madre debería tener que enterrar a su hijo porque las personas responsables de su seguridad decidieron no actuar”, subrayando la necesidad de cambios en el sistema penitenciario.
Julia P. Kuan, socia del bufete que representó a las familias, señaló que estos acuerdos evidencian “las devastadoras consecuencias de un sistema penitenciario que falló repetidamente a dos hombres vulnerables bajo su custodia”.
Agregó que la ciudad no proporcionó la supervisión ni la intervención de emergencia que podría haber salvado sus vidas.
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