Republicano Grothman respalda pesquisa en el Congreso sobre alegado esquema de votos a cambio de drogas a presos en Puerto Rico
Un reportaje de ProPublica vinculó directamente a la campaña de la actual gobernadora Jenniffer González con el esquema
La gobernadora Jenniffer González durante su juramentación en Puerto Rico el 2 de enero de 2025. Crédito: Alejandro Granadillo | AP
NUEVA YORK ? El representante republicano de Wisconsin, Glenn Grothman, dijo que respalda una investigación congresional sobre las alegaciones contenidas en un reporte de ProPublica de que la campaña de la actual gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, proveyó drogas a presos a cambio de votos a su favor en las elecciones del 2024.
“Espero que nuestro comité u otro lleve a cabo alguna investigación”, declaró el legislador federal al referido medio.
El congresista dijo que, aunque no conocía sobre los detalles del asunto, los señalamientos no le sorprenden dada la sospecha de fraude electoral en Estados Unidos y considerando “la moral de hoy”.
Grothman es miembro del Comité Judicial de la Cámara, con jurisdicción sobre una amplia gama de asuntos relacionados con la administración de justicia, que incluyen los tribunales federales y sus procedimientos
El comité tiene la facultad de examinar y dictaminar sobre legislación y de ejercer la supervisión sobre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial federal.
ProPublica reseñó este martes en un artículo supuestos intercambios ilegales entre la campaña de González a la gobernación que, no solo involucrarían a reclusos, sino a oficiales correccionales.
Citando a cuatro fuentes ligadas al caso, el medio reseñó que, como parte del esquema, miembros de la pandilla “Los Tiburones” establecieron vínculos con funcionarios gubernamentales. Las alegaciones apuntan a que, a cambio de votos para la candidatura de González, se proporcionó drogas, así como promesas de reducción de las penas en prisión.
De acuerdo con los datos que maneja el medio independiente, los líderes de la pandilla obligaban a los reclusos a votar por González bajo la amenaza de sufrir brutales palizas o de ser privados de narcóticos.
En diciembre de 2024, las autoridades federales imputaron a 34 miembros de la organización por delitos que incluían tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas de fuego.
Sin embargo, las denuncias sobre el presunto esquema de drogas a cambio de votos no fueron incluidas en el pliego, a pesar de que los fiscales supuestamente contaban con evidencia de que la gobernadora había conversado con uno de los líderes de organización criminal través de WhatsApp durante la campaña previa a las primarias.
Alegadamente, fiscales recibieron instrucciones de no indagar más en la pesquisa luego de que el presidente Donald Trump ganó las elecciones generales en EE.UU.
En respuesta al reportaje, la oficina de Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, indicó a ProPublica que no hacen comentarios sobre casos abiertos.
Añadió que, aunque un par de acusados han llegado a acuerdos de culpabilidad con las autoridades federales, la mayoría de los casos siguen pendientes.
“Dada la naturaleza en curso del caso y la importancia de preservar la integridad de los asuntos activos, no sería apropiado que hiciéramos más comentarios en el contexto de la prensa”, señaló la portavoz de la oficina Lymarie Llovet-Ayala en nombre del fiscal federal.
Pablo José Hernández, comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., dijo que había iniciado conversaciones con líderes del Congreso para realizar una pesquisa sobre “este escándalo de corrupción pública que atenta contra nuestra democracia”.
“El reportaje publicado hoy (martes) por ProPublica describe hechos que ningún funcionario electo en Puerto Rico ni en Washington puede ignorar. Fiscales federales reunieron evidencia de un esquema de drogas a cambio de votos dentro de nuestras instituciones penales durante las elecciones de 2024”, declaró Hernández mediante un comunicado de prensa.
“El reportaje alega que los fiscales recibieron instrucciones de excluir los cargos relacionados con la coacción electoral y de detener la investigación poco después de que Donald Trump ganara la presidencia. He iniciado conversaciones con líderes del Congreso sobre los pasos que podemos y debemos tomar para investigar este escándalo de corrupción pública que atenta contra nuestra democracia”, añadió.
Las delegaciones tanto del Partido Popular Democrático (PPD), del que Hernández es presidente en la isla, como del Independentista Puertorriqueño (PIP), reclamaron investigaciones a raíz del artículo.
El PIP presentó la Resolución del Senado 500 para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano a realizar una investigación “exhaustiva” sobre las denuncias de la existencia de un esquema de canjeo de votos y otros favores ilícitos al interior de las cárceles para el beneficio electoral de la presente administración.
“Ofrecer o dar regalos a cambio de apoyo en las urnas es un delito grave, cuya convicción conlleva multas de hasta $250,000 dólares y penas de prisión de hasta dos años”, lee parte de la resolución introducida el martes por los senadores María de Lourdes Santiago Negrón y Adrián González Costa.
Por su parte, ese mismo día, el representante del PPD, Héctor Ferrer Santiago, presentó la Resolución de la Cámara 693 para que la Comisión de Seguridad Pública de ese cuerpo investigue el presunto esquema.
“Las denuncias que han salido a la luz pública son sumamente serias y atentan contra la integridad de nuestro sistema democrático. No podemos permitir que alegaciones de compra de votos, intimidación a confinados y posible participación de empleados públicos queden sin ser investigadas a fondo”, indicó Ferrer Santiago en un comunicado. Ferrer Santiago además cuestionó que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) no inicie una investigación administrativa.
Ambos cuerpos legislativos en la isla están controlados por el oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) que preside González.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, declaró, en un aparte con la prensa que, si el gobierno federal detuvo la investigación, el “Estado debe investigarlas (las denuncias)”.
“Creo que debe profundizarse. Aquí, nadie está por encima de la ley y, si alguien tiene pruebas… porque es bien fácil hacer una especulación y buscar un titular y tratar de pegarla, se debe investigar hasta las últimas consecuencias”, declaró el líder senatorial según citó El Nuevo Día.
En declaraciones citadas en otro artículo del medio local, el secretario del DCR, Francisco Quiñones, le restó validez a los hallazgos de la investigación de ProPublica.
“En el 2024, ni Jenniffer González era la gobernadora ni este servidor era el secretario. Aquí se están haciendo las cosas correctamente, o alguien pensaría que la gobernadora iba a traer un exfiscal, un exjuez superior para hacer lo contrario”, argumentó Quiñones.
La gobernadora, republicana y aliada de Trump, ha rechazado las alegaciones.
“Durante mi carrera y en mis campañas políticas hemos combatido la corrupción, actuado en contra de ella y presentado iniciativas para combatirlas y sobre todo hemos respetado los procesos democráticos”, expuso en un comunicado.
“Rechazo toda alegación que se me pretenda imputar sobre actos contra la ley, como la publicación difamatoria en un medio nacional sobre alegados esquemas durante el pasado cuatrienio y que ahora se quiera adjudicar a mi campaña”, afirmó.
La mandataria añadió que, durante su campaña, tanto ella como miembros de su equipo se reunieron con familiares de confinados para discutir temas como rehabilitación y reinserción social, como lo hicieron con otros sectores de la población para garantizar políticas públicas que atendieran las necesidades de todos los ciudadanos.
Planteó que la mejor evidencia de que no incurrieron en actos ilegales es que, durante la primaria electoral del 2024, la población correccional votó abrumadora en contra de su candidatura y a favor del exgobernador Pedro Pierluisi.
“También rechacé, como parte de esa campaña, la petición que me hicieran familiares de confiados de que se quedara en su cargo la exsecretaria de corrección Ana Escobar”, mencionó.
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