Juez ordena a Trump permitir peticiones de asilo y permisos de trabajo
La corte federal de Rhode Island ordena a USCIS retormar peticiones migratorios de asilo y desbloquear solicitudes de originarios de 39 países
La orden de un juez en Rhode Island incluye permitir trámites de permisos de trabajo a ciertos inmigrantes. Crédito: USCIS | Cortesía
Un juez federal ordenó este viernes al gobierno del presidente Donald Trump retomar los procedimientos de peticiones de asilo, los permisos de trabajo correspondientes y desbloquear las peticiones de personas de 39 países.
El juez de una Corte de Distrito en Rhode Island, John J. McConnell Jr., criticó que las políticas migratorias del presidente Trump estén impulsadas por un sentimiento “antiinmigrantes”, afectando a miles de familias.
“Más de seis meses después, muchas de estas personas siguen sin trabajo, sin estatus legal y sin ninguna posibilidad real de planificar su futuro”, escribió el juez McConnell.
La opinión del juez inicia recordando que la política de Trump fue implementada hace más de seis meses por Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), dejando “la vida de innumerables inmigrantes que viven en los Estados Unidos en un limbo legal indeterminado”.
Los países afectados con tales políticas son de 39 países, de África, Asia, América Latina y Medio Oriente.
“Desde entonces, a las personas de estos países se les ha impedido categóricamente recibir decisiones finales sobre, entre otras cosas, sus solicitudes de asilo, permiso de trabajo, tarjeta verde y ciudadanía”, criticó el juez. “Y la suspensión de las adjudicaciones por parte del USCIS no se puede atribuir a nada que estas personas hayan hecho mal; más bien, surge únicamente por la casualidad de dónde fue su nacimiento”.
La demanda fue presentada por una coalición de organizaciones civiles: el Instituto Internacional Dorcas de Rhode Island, el Centro Refegee Dream, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), el Sindicato Internacional de Trabajadores de Implementación Automotriz, Aeroespacial y Agrícola de América, Comunidades Africanas Juntas, Asociación Venezolana de Massachusetts, Asociación para el Avance de los Nuevos Estadounidenses, y American Gateaway.
El argumento central de los demandantes es que las políticas de USCIS violaron la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y la Quinta Enmienda a los EE.UU.
La impugación ante la corte incluyó: la retención de todas las solicitudes de asilo y la suspensión de la expulsión, independientemente del país de origen de la persona; la revisión de las solicitudes ya aprobadas para personas de los llamados “Países con Prohibición de Viaje” que ingresaron a los EE.UU. el 20 de enero de 2021 o después, indica el documento judicial.
“[La demanda también impugnó] cambios en su Manual de Políticas que ahora requieren que el personal de la agencia considere los ‘hechos y circunstancias específicos del país’ como factores negativos significativos al decidir si otorgar solicitudes de beneficios a personas de países con prohibición de viajes”, señala el juez McConnell Jr.
Políticas migratorias que generan miedo
Las organizaciones demandantes fueron representadas son Democracy Forward, Lawyers’ Committee for Rhode Island, Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES), Muslim Advocates y South Asian American Justice Collaborative (SAAJCO).
“Hoy es un buen día. En nombre de los miles de inmigrantes a quienes servimos, agradecemos al juez McConnell su fallo. Estas políticas fueron erróneas, simple y llanamente, y generaron un miedo e incertidumbre profundos e innecesarios en muchos de nuestros amigos, vecinos y compañeros de trabajo”, declaró Milagro Sique, directora ejecutiva del Dorcas International Institute of Rhode Island. “Que el proceso judicial funcione como debe —al defender el estado de derecho— nos da cierta tranquilidad de que no todo está perdido y permite a quienes se han visto afectados seguir adelante con sus vidas de manera significativa”.
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, destacó también el fallo pone un alto al intento de cerrar las opciones legales para inmigrantes y un intento de “discriminar a las personas por su origen”.
“Estas políticas ilegales causaron un daño enorme a familias, trabajadores, solicitantes de asilo y comunidades de todo el país, quienes quedaron en una situación de incertidumbre, sin poder trabajar, acceder a protección ni rehacer sus vidas”, expuso. “Nos complace que el tribunal haya reconocido las devastadoras consecuencias humanas de estas políticas”.
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