La polémica por arresto de madre dominicana a manos de ICE en Puerto Rico; jueza federal ordena liberación por detención “ilegal”
Inocencia Rodríguez, con más de 9 años viviendo en Puerto Rico, estaba en el proceso de regularizar su estatus a través de una Petición de Familiar Extranjero
La ACLU de Puerto Rico representa a la migrante dominicana Inocencia Rodríguez en un caso por detención ilegal. Crédito: ACLU de Puerto Rico | Cortesía
NUEVA YORK – La migrante dominicana Inocencia Rodríguez fue liberada en Puerto Rico tras una orden el viernes de la jueza federal María Antongiorgi Jordán, luego de haber sido detenida “ilegalmente” por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
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La mujer, que lleva más de 9 años viviendo en Puerto Rico, estaba en el proceso de regularizar su estatus a través de una Petición de Familiar Extranjero (I-130) y una exención provisional I-601A aprobadas.
La Exención Provisional por Presencia Ilegal permite a las personas elegibles para una visa de inmigrante que necesitan una exención de inadmisibilidad solicitarla en Estados Unidos antes de salir a su entrevista de visa de inmigrante.
El trámite busca acortar el tiempo de separación de las familias.
La jueza también ordenó que se celebre una vista de fianza en o antes del 21 de julio.
Tras salir de custodia, la mujer dijo a medios en la isla estar “feliz de la vida” y “agradecida” con quienes la ayudaron.
“Me parece muy injusto como están trabajando. Siento que no es lo adecuado. Las personas que vienen aquí a trabajar y están legalizándose pienso que no deberían detenerlas y menos yo que ya estoy en el término del proceso”, cuestionó.
Añadió que temió no poder volver a ver a su familia.
“Sí, lo pensé, porque, como están cometiendo tanto abuso, pues pensé que no los volvería a ver”, dijo la mujer quien está casada y tiene una hija de ocho años.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), cuyos abogados representan a la mujer, denunció que, durante una audiencia de redeterminación de custodia celebrada el 15 de julio, el juez de inmigración Elvin Talavera Peraza no permitió que se corroborara en sala que Rodríguez cuenta con los documentos que confirman su estancia autorizada en Puerto Rico.
Antongiorgi Jordán ordenó que la migranre fuera liberada “de inmediato” en espera de la audiencia de fianza.
“Si los demandados no proporcionan a la peticionaria una audiencia de fianza conforme a la Sección 1226(a) según lo ordenado por la presente, o si dicha audiencia de fianza se desestima por falta de jurisdicción, la peticionaria deberá ser liberado de inmediato de la detención”, estableció la jueza, según consta en un comunicado que circuló la ACLU ayer.
Para Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico, la acción de Antongiorgi Jordán busca garantizar el debido proceso de ley.
“La orden emitida por la jueza federal representa una intervención necesaria para proteger el debido proceso de Inocencia y de todas las personas, frente a una política pública discriminatoria que se ejecuta al margen de la ley”, afirmó.
“Es importante recalcar que la orden de Antongiorgi surge ante la negativa y mala fe de un juez de inmigración y de fiscales del gobierno federal, que se negaron a corroborar en sala el hecho innegable de que Inocencia nunca debió ser detenida”, consideró el abogado.
La jueza federal detuvo el traslado inmediato de Rodríguez fuera de Puerto Rico y advirtió sobre la posible ilegalidad de la detención.
A principios de semana, la ACLU había presentado una moción ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico planteando lo anterior y exigiendo la liberación inmediata. Si no concedía la liberación, la ACLU pidió a la jueza que llevara a cabo una audiencia de emergencia y/o una audiencia de fianza ante el tribunal federal.
En una entrevista por Radio Isla, Arraiza Navas insistió en que las autoridades migratorias violentaron el debido proceso.
“Cuando nosotros evidenciamos esto ante el tribunal federal, la jueza que tomó el caso fue bien específica al establecer que, de esto ser cierto, su detención es ilegal. Cuando se lleva a cabo la vista ante el tribunal de inmigración, una vista inicial para una fianza, el juez, desobedeciendo las órdenes del tribunal federal, vuelve y se declara sin jurisdicción en el caso, porque él interpreta que no hay una orden expresa de que le celebren la vista de fianza. Lo que nosotros estábamos pidiendo en la vista de fianza no era solamente que se le impusiera la fianza, era que se liberara de inmediato a nuestra representada, porque la detención es ilegal”, sostuvo.
Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, declaró que, cuando el Gobierno detiene ilegalmente a una persona y no protege sus derechos, los tribunales federales tienen el deber de intervenir.
“Nadie debe permanecer privado de su libertad mientras el propio gobierno se niega a corroborar información que obra en sus expedientes. Seguiremos defendiendo a Inocencia y a todas las personas inmigrantes cuyos derechos están siendo violentados en Puerto Rico”, planteó la licenciada.
La detención de Rodríguez se reportó el 10 de julio durante un operativo que la ACLU describió como “agresivo” y que fue ejecutado por al menos ocho personas en un punto de control de acceso en Guaynabo. Al momento de la intervención, la mujer conducía un vehículo registrado a su nombre en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Ninguna autoridad local había ordenado una detención vehicular.
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