Exoficial de USCIS es acusado de vender green cards y ciudadanía a cambio de grandes cantidades de dinero
El caso expone cómo funcionarios habrían utilizado su acceso a expedientes migratorios para favorecer solicitudes que no cumplían todos los requisitos
El exoficial del USCIS y su cómplice podrían pasar hasta 5 años en prisión. Crédito: Shutterstock
Las autoridades federales de Estados Unidos arrestaron el pasado miércoles 2 de septiembre a un exoficial sénior del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y a un presunto cómplice, señalados de participar en un esquema de corrupción que habría utilizado procesos migratorios como moneda de cambio.
De acuerdo con la acusación presentada en el Distrito Norte de Texas, los implicados habrían recibido cientos de miles de dólares para intervenir en expedientes y conseguir que determinadas solicitudes fueran aprobadas o procesadas con mayor rapidez de la permitida.
El caso involucra trámites relacionados con green cards, naturalizaciones y otros beneficios migratorios. La investigación fue desarrollada con la participación del FBI, la Oficina de Investigaciones de Uscis y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
¿Cómo habría funcionado el esquema dentro de USCIS?
El principal acusado es Lukman Owolabi Ganiyu, quien se desempeñó como oficial sénior de USCIS. Según los fiscales, habría utilizado su posición entre diciembre de 2019 y marzo de 2026 para intervenir ilegalmente en solicitudes migratorias a cambio de pagos.
La acusación sostiene que Ganiyu tenía acceso a expedientes y facultades que le permitían influir en decisiones que debían pasar por controles establecidos por la propia agencia. En lugar de seguir esos procedimientos, presuntamente habría utilizado su autoridad para beneficiar a determinados solicitantes.
Entre las supuestas irregularidades aparecen la omisión de entrevistas, revisiones de supervisores, límites de jurisdicción, verificaciones de antecedentes y otros controles aplicados normalmente durante la evaluación de los casos.
Los investigadores creen que algunos de los beneficiarios no reunían los requisitos establecidos por la legislación federal para recibir la aprobación correspondiente. Aun así, sus expedientes habrían sido acelerados o resueltos mediante mecanismos distintos de los procedimientos oficiales.
El segundo detenido es Adeniyi Akeem Somoye, señalado como presunto asociado de Ganiyu. Los fiscales sostienen que ambos habrían participado en la búsqueda de solicitantes dispuestos a pagar por una intervención privilegiada en sus procesos migratorios.
La investigación descubrió además una extensa red de comunicaciones. Los agentes identificaron miles de mensajes intercambiados a través de WhatsApp y cientos de llamadas entre Ganiyu, Somoye y personas cuyos casos migratorios estaban siendo gestionados por ellos.
Green card y ciudadanía, entre los trámites señalados
La acusación federal menciona varios formularios utilizados habitualmente por inmigrantes y ciudadanos estadounidenses que realizan trámites ante USCIS.
Uno de ellos es el I-130, empleado para determinadas peticiones familiares. También aparece el I-485, utilizado para solicitar el registro de residencia permanente o el ajuste de estatus, un proceso fundamental para quienes buscan obtener una green card desde Estados Unidos.
El expediente también hace referencia al I-751, relacionado con la eliminación de las condiciones de determinadas residencias permanentes, y al N-400, que corresponde a la solicitud de naturalización estadounidense.
Según los investigadores, los pagos realizados por los solicitantes no serían simples honorarios legales o administrativos, sino dinero entregado para obtener un trato privilegiado y decisiones favorables dentro del sistema migratorio.
Los fiscales identificaron pagos que, según la acusación, coincidían directamente con aprobaciones de beneficios migratorios realizadas por Ganiyu. El volumen económico habría alcanzado cientos de miles de dólares.
Para el fiscal federal del Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, la gravedad del caso radica precisamente en que se habría utilizado una función pública para convertir decisiones migratorias en beneficios privados.
“Vender beneficios migratorios por dinero es un abuso flagrante de la confianza pública”, afirmó Raybould.
¿Qué cargos enfrentan los acusados?
Ganiyu y Somoye fueron arrestados y comparecieron inicialmente ante un juez federal ese mismo día. Ambos enfrentan un cargo de conspiración para la entrega de beneficios ilegales por parte de un funcionario público.
Si son declarados culpables, cada uno podría enfrentar hasta 5 años de prisión federal y una multa de hasta $250,000 dólares, según informó el Departamento de Justicia (DOJ).
La investigación continúa bajo la dirección de las autoridades federales. El caso está a cargo de la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Texas, mientras que las pesquisas involucraron a distintas unidades de USCIS, DHS y el FBI en Dallas.
La acusación, sin embargo, representa el inicio del proceso judicial y no una declaración de culpabilidad. Será en los tribunales donde deberán determinarse las responsabilidades individuales y el alcance real de las operaciones descritas por los fiscales.
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