Gobierno de Biden no investigará muertes masivas COVID en ancianatos de Nueva York: gran alivio para Cuomo

El congresista Scalise calificó de "indignante que el Departamento de Justicia se niegue a investigar las órdenes emitidas por los gobernadores de Nueva York, Pensilvania y Michigan que resultaron en la muerte de miles de personas de la tercera edad"

Los Biden y Cuomo en WTC, septiembre 2020.
Los Biden y Cuomo en WTC, septiembre 2020.
Foto: Amr Alfiky - Pool / Getty Images

El Departamento de Justicia (DOJ) decidió que no investigará si los derechos civiles de los residentes en los hogares de ancianos administrados por el gobierno de Nueva York fueron violados por la polémica política de admisión del gobernador demócrata Andrew Cuomo relacionada con la pandemia COVID-19.

En una carta, ayer la Oficina de Asuntos Legislativos del DOJ le informó al congresista republicano Steve Scalise, miembro de alto rango del Subcomité de la Cámara sobre la Crisis del Coronavirus, que Nueva York y otros estados estaban libres de responsabilidades en relación con posibles violaciones de la Ley de Derechos Civiles de Personas Institucionalizadas (CRIPA).

Esa ley, sancionada en 1980, está destinada a proteger los derechos de las personas en instalaciones correccionales, hogares de ancianos, instalaciones de salud mental e instituciones para personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo.

En agosto de 2020, la División de Derechos Civiles del DOJ solicitó información de Nueva York en relación con una orden del Departamento de Salud del estado del 25 de marzo de ese año que requería que los ancianatos admitieran a pacientes con COVID-19 “médicamente estables” dados de alta de los hospitales.

El DOJ también buscó registros de Pensilvania, Michigan y Nueva Jersey, que adoptaron reglas similares que “pudieran haber resultado en la muerte de miles de residentes de asilos de ancianos”.

“Hemos revisado la información proporcionada por estos estados junto con información adicional disponible para el Departamento”, escribió el viernes el Secretario de Justicia Auxiliar Adjunto, Joe Gaeta. “Basándonos en esa revisión, hemos decidido no abrir una investigación CRIPA de ningún centro de enfermería público en Nueva York, Pensilvania o Michigan en este momento”.

En una declaración preparada, el congresista Scalise calificó de “indignante que el Departamento de Justicia se niegue a investigar las órdenes de ‘deber admitir’ emitidas por los gobernadores de Nueva York, Pensilvania y Michigan que resultaron en la muerte de miles de personas de la tercera edad”.

“¿Dónde está la justicia para las víctimas de los asilos de ancianos y sus familias en duelo? Estas órdenes mortales contradecían la guía [de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades] e innecesariamente pusieron en peligro a los más vulnerables entre nosotros al mortal virus COVID-19”, dijo Scalise.

“Peor aún, el gobernador Cuomo en Nueva York trató intencionalmente de encubrir el verdadero número de muertos resultante de su mandato. Las familias en duelo merecen respuestas y responsabilidad. Es inconcebible que el Departamento de Justicia de Biden se niegue a investigar las acciones mortales que fueron en contra de la orientación médica de los CDC en estos estados”, agregó el congresista.

El gobernador de NY desde 2011 y aspirante a ser reelecto por tercera vez en 2022, todavía se enfrenta a una “investigación potencialmente más seria por parte del FBI y la Fiscalía de Brooklyn” que fue provocada luego de que Melissa DeRosa, asistente de alto nivel, admitiera en privado que la gobernación encubrió el número total de residentes de hogares de ancianos fallecidos por el coronavirus, acotó New York Post.

Cuomo cultivó una alta popularidad durante el confinamiento, pero poco a poco le fueron aflorando cuestionamientos: en el otoño se supo que había limitado sus contactos con el gobierno federal para discutir soluciones, en medio de sus peleas con el entonces mandatario Donald Trump, aún siendo NY de lejos el estado más afectado por contagios, muertes y pérdidas económicas.

Luego, desde la primavera enfrenta pesquisas adicionales por denuncias de acoso a mujeres que llevaron a muchos a pedir su renuncia; y por el supuesto uso de personal de la gobernación para publicar un polémico libro auto alabándose por su gestión en la pandemia.