Jueza ordena a NYC atender de emergencia la crisis humanitaria en la cárcel de Rikers Island

La decisión del tribunal federal exige a la Ciudad de Nueva York hacer cambios inmediatos en todas sus prisiones. En lo que va de año 12 reos han muerto, la mayoría por suicidios

La cárcel de Rikers Island enfrenta una grave crisis, incluyendo la falta de personal.
La cárcel de Rikers Island enfrenta una grave crisis, incluyendo la falta de personal.
Foto: NYC Mayoral Office

En medio del tira y afloja entre activistas, familiares de presos, funcionarios electos y el acalde Bill de Blasio sobre la grave situación en la cárcel de Rikers Island, este jueves la jueza federal Laura Taylor Swain emitió una orden para que la Ciudad atienda de emergencia la crisis humanitaria que se vive en las prisiones de la ciudad de Nueva York, que en lo que va de año ha dejado 12 reos muertos, la mayoría por suicidios.

La organización de defensores ‘The Legal Aid Society’ anunció que la corte federal que lleva el caso ‘Nunez v. la Ciudad de Nueva York’, emitió la orden de emergencia que requiere cambios inmediatos en las cárceles de la Gran Manzana, explicando que la decisión surge en respuesta a una solicitud urgente presentada por Legal Aid la semana pasada, que detalla el riesgo extraordinario de daño que enfrentan las personas en las cárceles administradas por el Gobierno municipal y pide una acción inmediata de la Ciudad y el Tribunal Federal.

“Esta orden es un paso necesario e importante, que requiere que la Ciudad tome las medidas que hemos estado instando durante años”, indicó Tina Luongo, encargada de la práctica de defensa criminal en The Legal Aid Society.

Y la abogada envió una advertencia muy directa: “Si la Ciudad no puede cumplir con esta orden y mostrar mejoras inmediatas en la seguridad de la cárcel, estaremos de regreso en la corte tan a menudo como sea necesario para responsabilizar a la Administración de Blasio. Continuaremos utilizando todas las herramientas que tenemos para proteger a nuestros clientes”.

La crisis que se vive en Rikers Island volvió a convertirse en el centro del debate sobre la reforma judicial a mediados de este mes, luego que una docena de legisladores estatales visitó la prisión y catalogó las condiciones de ‘infernales e inhumanas’, lo que provocó una gran presión sobre el Alcalde para que resuelva la situación.

En principio, el primer paso que dio De Blasio fue presentar una demanda contra el sindicato que representa a los oficiales de correccionales por ‘incitar’ y permitir que muchos empleados estén ‘abusando’ de los días de enfermedad y falten a sus trabajos, algo que, según el Alcalde, está afectando el funcionamiento de la prisión.

Pero luego de varios días la Ciudad retiró la demanda, y el pasado lunes el Alcalde realizó una visita sorpresa a Riker sin compañía de la prensa, y en la cual no se reunió ni con presos ni con los guardias.

Los activistas y familiares de los presos llevan semanas denunciando hacinamiento, suicidios de presos y una notoria falta de personal que ha provocado una desaceleración en el funcionamiento general de la cárcel, incluyendo retrasos en la atención de las necesidades básicas de los internos como la entrega alimentos, agua y servicios médicos, además del aumento del número de episodios violentos.

Ante esta crisis, la semana pasada The Legal Aid Society envió una carta a la jueza Taylor Swain, del Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, solicitando una “conferencia judicial de emergencia para proteger a las personas de los daños extraordinario que enfrentan ante el colapso de las operaciones básicas en las cárceles de la Ciudad”.

Y sobre la decisión de la corte de este jueves, la abogado Luongo agregó que esa orden “no debe suplantar la necesidad de reducir la población en las cárceles locales, y nuevamente hacemos un llamado a la gobernadora Hochul, al alcalde De Blasio y los fiscales de distrito para que prioricen ese esfuerzo”.

La orden de la jueza requiere que la Ciudad, entre otras cosas:

  • establezca un límite obligatorio de 24 horas en el tiempo que las personas pueden permanecer en las instalaciones de admisión, para abordar el problema de acumulación de personas en condiciones inhumanas, y exigir que la Ciudad haga un seguimiento e informe al tribunal sobre cuánto tiempo permanecen las personas en el área de admisión.
  • se asegure de que el personal siga estrictos protocolos de prevención del suicidio.
  • le informe a la corte sobre un plan de seguridad provisional inmediato que aborde las graves deficiencias en las prácticas básicas de seguridad en el Departamento de Correccionales (DOC), como el abandono de sus puestos por parte del personal, no cerrar las puertas con llave y no supervisar a las personas bajo custodia.
  • lanzar un proceso para permitir la contratación de líderes de instalaciones carcelarias fuera de los rangos del DOC, de modo que la contratación no se limite al personal actual del DOC.
  • Además, la orden establece un cronograma para informar al tribunal sobre la implementación de estos pasos, incluido un proceso para nombrar un jefe de seguridad externo para las cárceles.