Juez bloquea reglas de ICE sobre detención de inmigrantes sólo por ser indocumentados

Un juez de Ohio bloqueó las nuevas reglas de la Administración Biden que impedían la detención de inmigrantes solamente por ser indocumentados, luego de una demanda de tres estados gobernados por republicanos; los agentes de ICE tienen prohibido seguir esos lineamientos, lo que podría aumentar las deportaciones

Los agentes migratorios tienen prohibido aplicar nuevas reglas de deportación de la Administración Biden.

Los agentes migratorios tienen prohibido aplicar nuevas reglas de deportación de la Administración Biden. Crédito: ICE

Un juez de Ohio bloqueó las nuevas reglas de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que buscaban evitar la detención de inmigrantes solamente por ser indocumentados, las cuales fueron impulsadas por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Aunque no se trata de una decisión final, el juez Michael Newman –nombrado por el expresidente Donald Trumpnegó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) su petición de desestimar la demanda y concedió a los estados republicanos demandantes, Arizona, Montana y Ohio, la solicitud de suspensión provisional.

“[Con esta decisión se] (1) NIEGA la moción de DHS para desestimar o, alternativamente, para dictar sentencia sobre los alegatos… y (2) CONCEDE la moción de los Estados de medida cautelar”, indica la orden sobre las nuevas políticas del Gobierno del presidente Joe Biden.

Esto significa que los agentes de ICE no podrán tomar en consideración los lineamientos sobre detención y procesamiento para deportación de indocumentados firmados por Mayorkas el 30 de septiembre, los cuales comenzaron a ser aplicables el 29 de noviembre.

El juez Newman critica que la guía del DHS se aplica “sin tomar en cuenta” las fronteras estatales, además de que los estados demandantes expresan preocupación por la falta de detención de ciertos inmigrantes, los cuales no son considerados “de alto riesgo”.

“Los estados demandan, porque creen que el DHS eludió los mandatos de aplicación de la ley de inmigración del Congreso cuando emitió una política que prioriza la detención y expulsión de ciertos no ciudadanos de alto riesgo”, indica el juez.

Las pautas de ICE piden a oficiales migratorios revisar todos los antecedentes penales, antecedentes administrativos y cualquier otra información de investigación disponible, que permita determinar si un inmigrante sin documentos de estancia es una prioridad de deportación.

“Esto garantizará una evaluación minuciosa y, caso por caso, de si la acción de aplicación de la ley está justificada y es apropiada“, indicó el DHS el día del arranque de las políticas. “Los oficiales reciben capacitación continua sobre las pautas y participan en sesiones de grupos pequeños para garantizar la aplicación constante de las pautas en todo el país”.

El secretario Mayorkas defendió la política como parte de la nueva visión del presidente Biden sobre los inmigrantes indocumentados.

“Es un importante paso adelante para asegurar que nuestra fuerza laboral esté facultada para ejercer su discreción procesal y enfocar sus esfuerzos de aplicación de la ley en aquellos que representan una amenaza para nuestra seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza”, destacó días previos al arranque.

Qué tienen prohibido

El juez Newman marca tres acciones que los agentes de inmigración y cualquier personal relacionado con procesos contra indocumentados tienen prohibido:

1. Hacer cumplir e implementar la Sección II de la Guía Permanente (titulada “Prioridades de inmigración civil”) para tomar, determinar o adjudicar decisiones de custodia de no ciudadanos pendientes de procedimientos de deportación.

2. Autorizar la liberación, ya sea bajo fianza, supervisión o de otro modo, de un no ciudadano con una orden final de remoción durante el período de eliminación.

3. Hacer cumplir e implementar la Sección II de la Guía Permanente para demorar, continuar o suspender la ejecución de la orden final de expulsión de un no ciudadano en la medida en que no exista otra disposición que justifique la presencia continua del inmigrante en los Estados Unidos más allá del periodo establecido.

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