Israel endurece las medidas contra familiares de los atacantes palestinos que mataron a siete personas
El Ejército israelí precintó el domicilio familiar del autor del ataque de ayer, la primera vez que lo hace sin que haya habido víctimas mortales. Hoy se volvió a reunir el Gabinete de Seguridad y acordó más medidas
Se maneja la posibilidad de privarlos de la seguridad social o de quitarles la documentación de identidad israelí. Crédito: Gil Cohen-Magen | AFP / Getty Images
Las fuerzas de seguridad israelíes sellaron este domingo el domicilio familiar del palestino que mató a siete personas el viernes frente a una sinagoga en Jerusalén Este, en una de las medidas de represalia contra los “familiares de terroristas” anunciadas ayer por el gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu.
El Gabinete de Seguridad israelí había anunciado el sábado por la noche que tomaría medidas contra “los familiares de terroristas que apoyan el terrorismo”.
Entre las medidas citadas figuraba la posibilidad de privarlos de la seguridad social o de quitarles la documentación de identidad israelí. Esta última será examinada en consejo de ministros.
Nueva reunión hoy del Gabinete de Seguridad
Tras una primera reunión anoche, el Gabinete de Seguridad israelí se encontró de nuevo hoy para perfilar su plan de actuación ante el repunte de tensión actual. Entre otras cuestiones, prevé impulsar un proyecto de ley para revocar la residencia de atacantes palestinos del Jerusalén Este ocupado. Serían expulsados a zonas de Cisjordania ocupada bajo autogobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
El Ejecutivo también anunció esta tarde que aplicará medidas para que se pueda despedir a trabajadores “que han apoyado el terrorismo” sin necesidad de que el despido se valide en una vista judicial.
Casas de terroristas, precintadas
También se había indicado ayer que la casa de la familia de Khayri Alqam, autor del atentado del viernes en Neve Yaakov, “sería sellada de manera inmediata antes de ser destruida”. Un corresponsal de AFP vio cómo las fuerzas israelíes cerraron hoy herméticamente las distintas entradas del domicilio, mientras que sus habitantes eran obligados a abandonarlo.
También se anunció que se cerraría y precintaría el domicilio de la familia del menor que cometió el ataque de ayer. Esto marca un cambio en la política de Israel en este ámbito: sus fuerzas suelen demoler o precintar como represalia las casas de palestinos que mataron a israelíes, acciones tachadas de castigo colectivo por grupos de derechos humanos. Sin embargo, hasta ahora no precintaba las viviendas de autores de ataques sin muertos.
Familiares detenidos
La madre de Alqam y otras cuatro personas siguen detenidas en una comisaría, indicó la policía, que arrestó a 42 sospechosos tras el tiroteo. Alqam, de 21 años, mató a siete personas el viernes frente a una sinagoga en Jerusalén Este, antes de ser abatido tras una corta persecución policial.
El sábado, otro joven palestino, de solo 13 años, hirió de bala a un hombre de 47 y su hijo, de 23, antes de ser “herido y neutralizado” en un barrio fuera de la muralla que delimita la Ciudad Vieja, en Jerusalén Este, informó la policía. Ninguna organización reivindicó la autoría de estos dos ataques.
El domingo por la mañana agentes de seguridad israelíes mataron a un palestino cerca de un asentamiento judío en Cisjordania, informó el ministerio de Salud palestino. El Ejército confirmó haber abierto fuego contra un hombre “armado”. La actual escalada de violencia se disparó el jueves con una incursión militar israelí en la ciudad de Yenín, en Cisjordania ocupada, que se saldó con la muerte de diez palestinos, varios de ellos milicianos, pero también una anciana.
La demolición de viviendas de familiares de palestinos que mataron a israelíes no resulta una medida nueva en Israel, cuyas autoridades la defienden por sus efectos disuasorios, aunque sus detractores la consideran un castigo colectivo innecesario.
El jefe del departamento legal de la ONG israelí HaMoked, Dani Shenhar, dijo que la demolición anunciada de esa casa muestra “la voluntad de venganza” del gobierno “contra los familiares”. Es una medida tomada “sin ningún respeto por el Estado de derecho”, añadió.
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