Corrupción en Puerto Rico: los casos más notorios de políticos en los últimos años aparte del de María Milagros Charbonier
El juicio federal contra la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced aún no ha iniciado
El inicio del juicio federal por corrupción contra la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, está pendiente. Crédito: RICARDO ARDUENGO | AFP / Getty Images
Nueva York – Los casos de corrupción gubernamental en Puerto Rico han sido y continuarán siendo una de las prioridades del FBI (Negociado Federal de Investigaciones) y otras oficinas federales en el territorio este año en términos de pesquisas y procesamiento criminal.
Varias han sido las investigaciones encabezadas por las autoridades de Estados Unidos que se han traducido en procesos judiciales y convicciones en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, en la zona metropolitana de Hato Rey.
La lista de corruptos o acusados de corrupción incluyen a una exgobernadora, así como legisladores y alcaldes, por mencionar solo algunos de los actores involucrados en estos esquemas para defraudar al Gobierno de Puerto Rico y a sus contribuyentes.
Al menos desde el 2020, varios políticos y funcionarios han desfilado por ese foro como colaboradores del Gobierno o acusados en algún caso.
Y las investigaciones continuarán…
Casos de corrupción son prioridad para el FBI
Según indicó este mes en una entrevista con El Nuevo Día el director del FBI en la isla, Joseph González, la corrupción siempre va a ser una prioridad para la oficina en términos de investigaciones criminales.
Esto no cambiará a pesar de que es año eleccionario, agregó.
“Como ya sabemos, entramos en el ciclo de elecciones, así que tenemos que ser más cuidadosos en cómo hacemos las investigaciones, porque lo último que queremos es afectar unas elecciones, pero eso no significa que el trabajo va a parar. El trabajo sigue”, explicó.
María Milagros Charbonier Laureano y su esposo Orlando Montes Rivera
Esta semana, el caso que acaparó la atención de los medios fue el de la exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros Charbonier Laureano y su esposo Orlando Montes Rivera.
El viernes, un jurado federal declaró culpable a la pareja de todos los cargos de corrupción que enfrentaban en relación con un esquema de “kickbacks”, mediante el cual la legisladora infló el salario de su exsecretaria Frances Acevedo Ceballos para recibir comisiones ilegales bisemanalmente.
Precisamente, durante el año electoral 2020, fue que el FBI inició las indagaciones contra Charbonier Laureano y sus ayudantes.
Wanda Vázquez Garced
Otra prominente figura de ese Partido cuyo juicio está pendiente es la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien asumió el cargo tras la renuncia de Ricardo Rosselló en medio de protestas masivas que resonaron en varias partes del mundo. La exmandataria fue acusada de soborno, conspiración y fraude electrónico.
Según detalla la denuncia criminal del caso divulgada en agosto de 2022, entre diciembre de 2019 hasta junio de 2020, la entonces gobernadora participó en un esquema de soborno con otros individuos, identificados como Julio Martin Herrera Velutini, Frances Díazz, Mark Rossini, y John Blakeman, para financiar la campaña electoral de 202 de Vázquez Garced.
Las autoridades federales alegan que Herrera Velutini y Rossini pagaron sobornos a la hoy exgobernadora para que sacara de su posición al excomisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner.
Herrera Velutini, banquero italiano venezolano, es el fundador de Bancredito International Bank & Trust Corp. Rossini, natural de Madrid, España, era un exagente especial el FBI que proveyó servicios de asesoría a Herrera Velutini. Blakeman era asesor político de la campañana de la exfuncionaria y Díaz era el CEO y presidente del banco de Herrera Velutin.
La jueza Silvia Carreño Coll, la misma que ve el caso de Charbonier y Montes Rivera, es la encargada de dirigir los procesos contra Vázquez Garced.
En octubre pasado, Carreño Coll separó tentativamente dos fechas, en febrero y marzo de 2024, para el juicio, reseñaron medios en la isla.
Sin embargo, el inicio de los procesos podría retrasarse aún más, luego de que Lilly Ann Sánchez, una de las abogadas de Herrera Velutini, presentó una moción de cambio de jurisdicción para que el caso se vea en otro tribunal o para que un juez de otra jurisdicción presida el juicio.
Lo último que trascendió sobre el caso es que la jueza emitió una orden para que se lleven a cabo juicios separados sobre la prueba presentada contra la exgobernadora y los coacusados.
Ángel Pérez Otero
El caso del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, también del PNP, ha sido otro bastante sonado.
El pasado 22 de marzo, un jurado federal lo declaró culpable de cargos de conspiración, extorsión y soborno.
Según la Fiscalía federal, Pérez Otero recibió, entre finales de 2019 y mayo de 2021, pagos de $5,000 mensuales por parte del empresario Oscar Santamaría, a cambio de un contrato para la compañía de construcción Island Builders para trabajos en el barrio Ríos de Guaynabo.
Como parte de la prueba, desfilaron en corte fotos de Pérez Otero recibiendo sobres de dinero producto de los sobornos.
La fecha de sentencia está pautada para el 12 de febrero.
Félix Delgado Montalvo se declaró culpable
Félix “El Cano” Delgado Montalvo es otro exalcalde de ese partido que espera por sentencia, tras declararse culpable y colaborar con las autoridades.
La información divulgada por el exejecutivo municipal de Cataño y Santamaría como parte de acuerdos de colaboración con las autoridades federales se tradujo en la presentación de las acusaciones contra Pérez Otero, así como de otros alcaldes.
A Delgado Montalvo se le acusó de recibir pagos mensuales y artículos de valor a cambio de otorgar contratos municipales a un ejecutivo de la “Compañía A”.
Entre los artículos de valor figuraban varios relojes marca Rolex.
El exfuncionario se declaró culpable en diciembre de 2021 de un cargo de conspiración.
Aún no se ha pautado una fecha para la audiencia de sentencia.
Luis Arroyo-Chiqués
El 6 de junio de 2022, las autoridades federales en la isla sentenciaron a Luis Arroyo-Chiqués, exalcalde de Rincón a dos años en prisión.
Luis Arroyo-Chiqués, del Partido Popular Democrático (PPD), también se declaró culpable de sobornos mediante los que recibía pagos mensuales en efectivo a cambio de la concesión de contratos.
Por un contrato de 10 años para la disposición de desperdicios en el municipio, el empresario involucrado en el esquema le pagaba $10,000 mensuales al corrupto.
Eduardo Cintrón-Suárez
En julio de ese mismo año, el exacalde de Guayama, Eduardo Cintrón-Suárez, fue sentenciado a 30 meses de prisión por su involucramiento en un esquema de pago de sobornos a cambio de contratos de asfalto y pavimentación a una compañía.
Cintrón Suárez también era militante del Partido Popular Democrático (PPD), el segundo de mayoría en el país.
Los actos ilegales del funcionario empezaron en el 2013 y se extendieron hasta el 2021.
A partir de esa fecha, el entonces alcalde aprobó contratos para la empresa en cuestión. A cambio, Cintrón-Suárez acordó recibir pagos en la modalidad de “kickback” correspondientes a $1 dólar por metro cuadrado de asfalto nuevo colocado.
José Luis Cruz Cruz
El 11 de enero de 2023, el Departamento de Justicia federal anunció que el exalcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, fue sentenciado a 24 meses de cárcel tras declararse culpable el año antes de un cargo de conspiración como parte de un esquema de sobornos.
Cruz Cruz, del PPD, admitió que recibió pagos en efectivo a cambio de otorgar contratos en el municipio a compañías de asfalto y pavimentación.
Reinaldo Vargas Rodríguez
En agosto 22 del mismo año, el exalcalde de Humacao del PNP, Reinaldo Vargas Rodríguez, fue sentenciado a tres años y un mes de prisión por un esquema similar de sobornos.
Desde el 2021 hasta 2022, Vargas Rodríguez recibió pagos en efectivo de dos empresarios a cambio de adjudicar contratos para la disposición de residuos y remoción de escombros, así como servicios de asfaltado y pavimentación
Líderes de la Legislatura tampoco se libran de los federales
Las garras de las autoridades de EE.UU. también se han extendido al Capitolio en San Juan.
En septiembre de 2022, el exrepresentante por Toa Baja y Bayamón, Nelson del Valle, fue sentenciado a cuatro años y nueve meses de prisión por un esquema de soborno, también en la modalidad de “kickbacks”.
Las movidas ilegales del exmiembro del PNP involucraron a tres empleados de su oficina legislativa.
Similar al esquema encabezado por Charbonier, el político recibía entre $500 a $2,000 por cada cheque inflado a sus subalternos desde principios de 2017 hasta julio de 2020. Bajo el esquema, Del Valle se embolsilló más de $100,000 en sobornos.
Néstor Alonso-Vega
Néstor Alonso-Vega, otro exlegislador del PNP, fue sentenciado en febrero del año pasado a cinco años de cárcel y tres meses. Alonso Vega, quien es ciego, se declaró culpable de nueve cargos de robo de fondos federales, sobornos y fraude electrónico en junio de 2022.
De acuerdo con la Fiscalía federal en la isla, entre abril de 2018 y septiembre de 2020, Alonso-Vega autorizó varios ajustes salariales para su asistente.
El acuerdo consistía en “kickbacks” por parte del empleado con la mitad del total del aumento de sueldo dividido entre cada día de pago. La pérdida total para la Cámara de Representantes fue de $81,500 dólares, de los cuales el acusado recibió más de $40,000. El exempleado le pagaba en efectivo, por la aplicación de transferencias ATH Móvil y hasta por depósitos a su cuenta de Home Depot.
