Grupos ambientalistas en Puerto Rico cuestionan proyectos de energía renovable a escala industrial propuestos en estudio PR100 del DOE
Miembros de la Alianza de Energía Renovable Ahora (AERA), Tierras pa’ la Agricultura Techos pa’ la Energía y Queremos Sol, indicaron que los costos de estos proyectos fotovoltaicos son de $166 por MW, más del doble que el costo de los proyectos en EE.UU.
Líneas de paneles solares en Orsted's Eleven Mile Solar Center en Coolidge, Arizona. Crédito: Ross D. Franklin | AP
Nueva York – Varias organizaciones ambientalistas en Puerto Rico cuestionaron que el informe PR100 del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) para que la isla transicione un 100 % a energía renovable de aquí al 2050 incluya proyectos fotovoltaicos a escala industrial.
El lunes, el DOE divulgó el reporte final PR100 que incluye las recomendaciones de seis laboratorios en EE.UU., otras agencias gubernamentales dentro y fuera de la isla, así como grupos industriales y comunitarios para avanzar hacia la meta, según dispuesta por la Ley de Política Pública Energética (Ley 17-2019).
Sin embargo, a juicio de los representantes de las organizaciones Alianza de Energía Renovable Ahora (AERA), Tierras pa’ la Agricultura Techos pa’ la Energía y Queremos Sol, los costos de los proyectos fotovoltaicos a escala industrial cuestan más del doble que los proyectos en EE.UU.
“Actualmente, los llamados contratos de compra de energía para proyectos solares a escala industrial en terrenos, que el Gobierno está firmando con corporaciones privadas alcanzan los $150 por MW, con escaladores anuales y costos de interconexión a la red eléctrica. Para colmo, la mayoría de estos miles de cuerdas son suelos rústicos especialmente protegidos agrícolas”, alertó Adriana González Delgado, organizadora del capítulo de Puerto Rico de Sierra Club, en un comunicado conjunto que fue suministrado a El Diario NY.
González Delgado añadió que la opción más efectiva son los paneles solares en techos, ya que son menos costosos y el impacto en los terrenos se reduciría.
“Si PR100 no hubiera asumido los múltiples y costosos proyectos a escala industrial, habría más posibilidad de incluir más energía renovable en techos o distribuida con los fondos públicos y de recuperación de desastres”, añadió la líder ambiental.
Por su parte, el director ejecutivo de la organización El Puente-Enlace Latino de Acción Climática, Federico Cintrón Moscoso, destacó que el informe no respalda la postura de entidades en la isla como LUMA Energy, compañía privada encargada del suministro y distribución de la energía eléctrica, y su contratista SETPR sobre la supuesta necesidad de mantener la generación con gas metano o gas ‘natural’”.
FEMA y los generadores temporeros en Puerto Rico
En esa línea, Julia Mignucci, cofundadora de Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, expuso que la decisión de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) sobre los generadores temporeros en las centrales de Palo Seco y San Juan no va acorde con los planteado en el estudio PR100.
“El financiamiento por parte de FEMA, para proveer el 90% del costo de compra de las unidades ‘temporeras’ de generación con gas metano, para su adquisición por parte de la AEEPR (Autoridad de Energía Eléctrica) a NFEnergia/New Fortress Energy, es también inconsistente con el PR100”, expuso Mignucci.
Cabe señalar que FEMA es una de las agencias federales clave en el desarrollo del estudio PR100.
En marzo pasado, 20 organizaciones medioambientales e individuos, la mayoría con sede en Puerto Rico, firmaron dos cartas en las que le piden a varias agencias del gobierno federal que investiguen a FEMA y a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por supuestas violaciones de ley en los procesos para instalar y operar los generadores eléctricos temporeros en la isla.
En específico, las cartas fueron dirigidas al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno federal (GAO) y a la del Inspector General de la EPA.
Los activistas argumentan que las autoridades optaron por estas “unidades sucias y peligrosas” para impulsar “la actual red inasequible, poco confiable y poco resistente” en lugar de privilegiar alternativas limpias como energía solar en techos en violación de leyes como la Stafford.
En la coyuntura de la divulgación final del informe por parte del DOE, los activistas retomaron el llamado para que las agencias gubernamentales redirijan los miles de millones en fondos federales de recuperación por desastres para la reconstrucción del sistema eléctrico a sistemas solares en techos y baterías.
“Los sistemas solares en techos, sobre estacionamientos y otras áreas construidas, evita sacrificar terrenos agrícolas y ecológicos. Además, evitaríamos el problema de aumento en los niveles de inundaciones, como ya están sufriendo varias comunidades de Salinas por la construcción del proyecto solar a escala industrial de la corporación CIRO”, puntualizó Victor Alvarado Guzmán, miembro de AERA y Queremos Sol.
En resumen, el PR100 confirma que, aunque será difícil, es posible llegar a la meta de 100 % energía renovable en P.R. para el 2050.
El documento de 851 páginas plantea que la manera sería mediante el uso de energía fotovoltaica, fotovoltaica distribuida y eólica terrestre que son las más competitivas en términos de costos y desempeño.
Como punto de partida, los creadores del estudio se basaron en tres escenarios generales.
El primero contempla la adopción económica de los recursos energéticos distribuidos (DER) basada en el ahorro económico y el valor de la energía de respaldo para los propietarios y prioritario para servicios críticos como hospitales, estaciones de bomberos y tiendas de comestibles.
El Escenario 2 se enfoca en la implementación equitativa de los recursos energéticos distribuidos, y se amplió más allá del primer escenario para incluir hogares remotos y de muy bajos ingresos.
Bajo el Escenario 3 se busca una máxima implementación de recursos energéticos distribuidos en todos los techos adecuados a nivel que satisfaga sus cargas críticas.
El estudio prevé que, en el período inicial de cinco años de instalaciones masivas de sistemas de energía renovable, las tarifas podrían aumentar entre 66% y 83%, particularmente para quienes no tengan la capacidad de adquirir equipos de esa naturaleza.
