Casera robaba la renta a inquilinos pobres, ancianos y discapacitados: acusación en Nueva York
Una mujer fue acusada de robar más de $56,000 dólares en pagos de alquiler a neoyorquinos veteranos, de bajos ingresos, ancianos y discapacitados cuando administraba varios edificios con alquiler subsidiado en Harlem (NYC)
Edificios de vivienda pública (NYCHA) en East Harlem. Crédito: Mariela Lombard/El Diario Nueva York
Shatina Howell fue acusada de supuestamente robar más de $56,000 dólares en pagos de alquiler a neoyorquinos veteranos, de bajos ingresos, ancianos y discapacitados cuando trabajaba como administradora de varios edificios de apartamentos con alquiler subsidiado en Harlem (NYC).
Howell, de 42 años, enfrenta cargos por hurto mayor y fraude, anunció el miércoles la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, Jr. Supuestamente, robó 141 giros postales de unos 60 inquilinos.
Según documentos judiciales y declaraciones, en mayo de 2019 Howell fue asignada para administrar “Ennis Francis Apartments”, dos edificios en West 123rd Street y Adam Clayton Powell Boulevard en Central Harlem. Estos edificios son propiedades subsidiadas cuyos inquilinos reciben asistencia para el alquiler a través del programa de Vales de Elección de Vivienda (Housing Choice Voucher), comúnmente conocido como “Sección 8“, explicó NBC News.
Supuestamente entre el 7 de mayo de 2021 y el 5 de agosto de 2022 Howell recibió giros postales de alquiler de inquilinos, los modificó al incluirse ella misma como beneficiaria, endosó los giros postales y depositó los pagos en dos cuentas bancarias que ella controlaba. Todo esto después de que la empresa para la que trabajaba cambió su política para permitir que los inquilinos pagaran directamente a la oficina de administración de la propiedad al comienzo de la pandemia.
Según el fiscal de distrito, Howell generó confianza entre los residentes con problemas de salud y les mintió diciéndoles que los ayudaría “completando” y/o “entregando” los giros postales a la oficina de administración. Sin embargo, al parecer terminó robándoles el dinero del alquiler para uso personal. La empresa que contrató a Howell se enteró del presunto fraude en junio de 2022, después de que ella renunciara, cuando un inquilino presentó una denuncia.
En mayo de 2022 otra empresa gestora contrató a Howell también como administradora de propiedades para tres edificios de Central Harlem entre West 112th Street y West 145th Street. Dos de los edificios son propiedades subsidiadas con inquilinos que reciben asistencia para el alquiler a través del programa de “Sección 8” y uno está bajo el Programa Mitchell-Lama que ofrece alquileres asequibles y viviendas cooperativas a familias de ingresos moderados y medios.
Según la fiscalía, entre el 28 de julio de 2022 y el 2 de octubre de 2023 Howell aparentemente cobró los giros postales de los inquilinos para el alquiler y el estacionamiento, y luego alteró y desvió estos pagos a sus cuentas bancarias personales. Esta empresa también se enteró del presunto fraude luego de que otro inquilino presentara una denuncia. Posteriormente fue despedida en octubre de 2023.
“Shatina Howell supuestamente se aprovechó de los inquilinos de los edificios que administraba quebrando su confianza y embolsándose el dinero destinado al alquiler. Abusó de su posición de autoridad para explotar a los neoyorquinos que son adultos mayores, veteranos y discapacitados”, denunció el fiscal Bragg.
Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.
Según la fiscalía, si alguien fue o cree que puede ser víctima de este tipo de fraude debe comunicarse con la Unidad de Protección de Inquilinos y Vivienda llamando al 212-335-3300 o escribiendo al correo Danyhousing@dany.nyc.gov. También para denunciar un caso de discriminación de vivienda o hacer alguna consulta sobre ese tema, puede visitar esta página de la Defensoría Pública de NYC.
En otro caso reciente de estafa con fondos públicos en Nueva York, un empleado MTA y un funcionario judicial se declararon culpables de robar $777,000 dólares en préstamos COVID en el punto álgido de la pandemia del coronavirus.
A fines de marzo una hispana que trabajaba en la Administración de Servicios para Niños (ACS) fue acusada de haber robado miles de dólares que estaban destinados a menores desfavorecidos, falsificando sus firmas para alimentar su lujoso estilo de vida, denunciaron los fiscales de Manhattan.
Hace un mes un latino ex policía NYPD fue acusado de defraudar a inversores por $3,5 millones de dólares después de cortejarlos con historias falsas, incluyendo afirmar que podrían recuperar sus pérdidas a través de la inteligencia artificial, según un expediente judicial civil.
Días después unos empleados de la agencia de servicios para personas sin hogar de la ciudad de Nueva York (DHS), el Servicio Postal (USPS), la Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA), la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y un ex agente de seguridad escolar de NYPD se encontraban entre las 18 personas acusadas en Manhattan después de que una investigación de armas fantasma descubriera una estafa millonaria de robo de identidades a los neoyorquinos indigentes durante la pandemia.
También en marzo una mujer se declaró culpable de un plan de fraude de unos $3.5 millones de dólares durante seis años, cuando era Directora de Finanzas y Administración en la Universidad de Nueva York (NYU).
En febrero hubo otros tres escándalos relacionados con empleados municipales en Nueva York: el jueves 29 el FBI llevó a cabo redadas en dos casas en El Bronx propiedad de Winnie Greco, directora de asuntos asiáticos del alcalde de la ciudad, Eric Adams.
Previamente los hogares y oficinas de dos jefes de inspecciones del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Nueva York (FDNY) fueron allanados como parte de una investigación de supuesta corrupción del FBI.
Además, 55 empleados actuales de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) y 15 jubilados fuesen detenidos el 6 de febrero. La lista incluye a varios hispanos identificados como “súper” de edificios en varios condados. Fue el mayor número de cargos federales de soborno presentados en un sólo día en la historia del Departamento de Justicia (DOJ).
