Grijalva y Jenniffer González lideran carta para que la Junta no elimine programa de medición neta que incentiva la energía renovable en Puerto Rico
Los 21 legisladores que firmaron la carta catalogaron de "devastadora" la propuesta que baraja la Junta de Control Fiscal en vista de que los sistemas de placas solares son al momento la principal fuente renovable de producción de energía para las familias puertorriqueñas
El representante demócrata de Arizona, Raúl Grijalva, es miembro de alto rango del comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal. Crédito: Scott Applewhite | AP
Nueva York – Cualquier debilitamiento o eliminación del programa de medición neta se traduciría en aumentos en la factura de luz que afectarían principalmente a los puertorriqueños de bajos ingresos, y frenaría el avance en las metas de energía renovable para la isla, le manifestaron miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) mediante una carta esta semana.
A través de la misiva, encabezada por el representante demócrata de Arizona, Raúl Grijalva, miembro de alto rango del comité de Recursos Naturales de ese cuerpo legislativo, y la comisionada residente en Washington, la republicana Jenniffer González, los políticos plantearon que derogar o modificar la Ley 10 de 2024 retrasarían las metas de energía renovable para Puerto Rico.
Los 21 legisladores que firmaron la carta catalogaron de “devastadora” la propuesta que baraja la Junta en vista de que los sistemas de placas solares son al momento la principal fuente renovable de producción de energía para las familias puertorriqueñas.
“Debilitar o poner fin a la medición neta en Puerto Rico podría ser devastador. Los techos solares han añadido sobre 800 MW a un sistema eléctrico cuya demanda es de, aproximadamente, 2,500-3,000 MW. Como resultado, la tecnología solar residencial es responsable del mayor progreso que el archipiélago ha alcanzado hacia su objetivo final de generar 100% de energía renovable para el 2050. Los programas de medición neta y de techos solares exitosamente han desplazado energía que de otra forma habría sido generada por combustibles fósiles importados reduciendo los costos generales para todos los contribuyentes”, lee parte de la carta.
La cifra de 100 % para el 2050 está estipulada en la Ley 17 de 2019 o Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico bajo la que dicen guiarse las autoridades federales y estatales en sus metas en cuanto a energía renovable.
Los políticos además enfatizan en el impacto positivo de la medición neta en familias vulnerables y de bajos recursos en la isla, particularmente.
“Hacer menos accesibles los techos solares y los sistemas de almacenamiento de baterías puede afectar más a las personas de bajos ingresos. Eliminarse o debilitarse la medición neta, el resultado sería una division creciente entre esos que batallan con los precios exorbitantes de la energía de combustibles fósiles importados y esos que pueden costear su propio sistema solar y de batería confiable. Ralentizar la adopción de energía solar en techos y baterías podría significar oportunidades perdidas para aprovechar el mercado privado para proteger a los más vulnerables del impacto de otro huracán”, consideran los suscribientes.
El comité de Recursos Naturales en la Cámara es el encargado de atender y examinar los asuntos relacionados con Puerto Rico; mientras que la Junta es la entidad federal creada bajo la Ley PROMESA aprobada por el Congreso en el 2016 para administrar las finanzas de la isla. Actualmente, la Junta lidera el plan de ajuste como parte de los procesos de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El programa de medición neta protegido bajo la referida ley hasta el 2031 facilita que sistemas de energía limpia como paneles solares sean menos costosos y más asequibles al reembolsar a las familias por la energía extra que producen pero no utilizan.
Recientemente, la Junta ordenó al gobernador de la isla Pedro Pierluisi y a la legislatura local derogar la ley.
“La medición neta es un motor para la recuperación económica”
En ese sentido, la carta señala que, entre otros beneficios, el programa hace viable económicamente la producción de energía renovable para millones de residentes que de otra forma no resultarían bonificados.
“No solo compensa a los propietarios por su contribución a la red y reducción en la dependencia de combustibles importados, pero además hace la producción de energía renovable económicamente viable para millones que de otro modo estarían fuera de su alcance. La medición neta es un motor para la recuperación económica. Al momento, el sector de renovables contribuye en aproximadamente $1,500 millones de dólares a la economía de P.R. cada año y emplea a más de 10,000 personas”, destacan los congresistas.
El grupo añadió que los sistemas son un sostén para la población en caso de apagones debido a desastres naturales.
“Adicional a los beneficios económicos directos, la decenas de miles de instalaciones solares y de almacenamiento en la isla proveen hoy apoyo crítico eléctrico a las familias puertorriqueñas y negocios, ayudándoles a evitar dificultades económicas al mismo tiempo que respaldan la actividad económica ininterrumpida durante los cortes de energía. Muchos de estos sistemas proveen literalmente un salvavidas a personas que dependen de la operación ininterrumpida de equipo médico”, abundan.
En abril pasado, la Junta concluyó que la Ley 10 atenta contra la independencia del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) e incumple con el plan fiscal de la AEE.
“El plan fiscal de la AEE requiere al NEPR determinar si debe hacer cambios al sistema de medición neta e iniciar los cambios para el 11 de abril de 2024. La Ley 10 pospone esa fecha por, al menos, seis años y las modificaciones de precios para participantes actuales y futuros del programa de medición neta por 20 años luego de que el NEPR realice cambios a la política. Por lo tanto, la ley choca directamente con el plan fiscal”, argumentó la Junta en una carta enviada al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, con fecha del 10 de abril.
En otra misiva enviada al gobernador la semana pasada, así como a los líderes de Cámara y Senado en la isla, la Junta exigió que se le diera paso al proyecto para derogar o enmendar la Ley 10 no más tarde del 30 de junio cuando culmina la actual sesión ordinaria.
“Si el gobernador y la Legislatura no derogan o enmiendan la Ley 10, la Junta de Supervisión, que se reserva todos sus derechos, tomará las acciones que considere necesarias, incluyendo litigar, para lograr la anulación de la Ley 10″, advirtió el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica en el documento con fecha del 2 de mayo.
En octubre de 2022, Grijalva encabezó una carta firmada por 38 representantes pidiéndole a líderes del comité de Apropiaciones que asignaran fondos para sistemas de placas solares y baterías para puertorriqueños de bajos recursos o con discapacidad.
La gestión se tradujo en una partida de $1,000 millones incluida en la ley ómnibus para el año fiscal 2024 que se está utilizando para el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF) que administra el Departamento de Energía federal (DOE).
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