Padrastro robó beneficios sociales SSI a nombre de niño con discapacidad: se declaró culpable en NJ
Un hombre se declaró culpable de fraude electrónico y robo de identidad al tomar el dinero de beneficios sociales destinado al hijo discapacitado de su ex novia luego de que ella desapareciera en 2017 en Nueva Jersey
Los fraudes al Seguro Social son delitos graves. Crédito: Olesia Bech | Shutterstock
Asmar Earp se declaró culpable de robar por años dinero de beneficios sociales destinado al hijo discapacitado de su ex novia poco después de que ella desapareciera en 2017 en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey, según el fiscal federal Philip Sellinger.
Earp tenía una relación romántica con una mujer identificada en documentos judiciales como “V.W.” La pareja vivía con un hijo discapacitado de ella que en ese momento era menor de edad.
V.W. solicitó Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) alrededor de septiembre de 2016 en nombre de su hijo, según los documentos judiciales citados por PIX11 News. El caso fue aprobado y la madre comenzó a recibir beneficios de SSI a través de una tarjeta de débito enviada por el programa alrededor de mayo de 2017.
Se emitió una segunda tarjeta el 3 de diciembre de 2017 y V.W. desapareció el 24 de diciembre de ese año. Earp tomó el control de los beneficios seis días después al cambiar el número PIN, según documentos judiciales.
El SSI proporciona pagos mensuales a personas con discapacidad y adultos mayores que tienen pocos ingresos o recursos. La acusación indica que Earp utilizó la información personal de V.W. para obtener una nueva tarjeta de débito en marzo y abril de 2018. Los documentos judiciales muestran que entre diciembre de 2017 y febrero de 2020 Earp, con la ayuda de otros, tomó dinero destinado a ayudar al niño y lo utilizó para uso personal.
En total Earp robó alrededor de $19,797 dólares, dijeron los fiscales. Fue acusado en mayo de 2023 y ahora se declaró culpable de dos cargos de fraude electrónico y un cargo de robo de identidad agravado. La ubicación de V.W. aún se desconoce, según documentos judiciales. Tampoco hubo información disponible sobre el paradero del niño.
Cada cargo de fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de $250,000 dólares o el doble de la pérdida bruta de la víctima o la ganancia del acusado, lo que sea mayor. En tanto, el cargo de robo de identidad agravado implica una pena obligatoria de dos años de prisión que se ejecuta consecutivamente a cualquier otra sentencia, y una multa similar al cargo anterior, destacó NBC News.
En abril un investigador de fraude del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) de la ciudad de Nueva York fue acusado como sospechoso de robar información de identidad durante la pandemia de COVID y luego venderla a un estafador en Nueva Jersey, alegaron las autoridades federales.
En otro caso similar, en marzo un empleado MTA y un funcionario judicial se declararon culpables de robar $777,000 dólares en préstamos COVID en el punto álgido de la pandemia del coronavirus y fueron sentenciados.
También ese mes una mujer se declaró culpable de un plan de fraude de unos $3.5 millones de dólares durante seis años, cuando era Directora de Finanzas y Administración en la Universidad de Nueva York (NYU).
En otro caso reciente de estafa con fondos públicos en Nueva York, una hispana que trabajaba en la Administración de Servicios para Niños (ACS) fue acusada de haber robado miles de dólares que estaban destinados a menores desfavorecidos, falsificando sus firmas para alimentar su lujoso estilo de vida, denunciaron los fiscales de Manhattan.
Días después unos empleados de la agencia de servicios para personas sin hogar de la ciudad de Nueva York (DHS), el Servicio Postal (USPS), la Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA), la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y un ex agente de seguridad escolar de NYPD se encontraban entre las 18 personas acusadas en Manhattan después de que una investigación de armas fantasma descubriera una estafa millonaria de robo de identidades a los neoyorquinos indigentes durante la pandemia.
Más temprano este año hubo otros escándalos relacionados con empleados municipales en Nueva York: el 29 de febrero el FBI llevó a cabo redadas en dos casas en El Bronx propiedad de Winnie Greco, directora de asuntos asiáticos del alcalde de la ciudad, Eric Adams.
Previamente los hogares y oficinas de dos jefes de inspecciones del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Nueva York (FDNY) fueron allanados como parte de una investigación de supuesta corrupción del FBI.
Días antes 55 empleados actuales de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) y 15 jubilados fuesen detenidos el 6 de febrero. La lista incluye a varios hispanos identificados como “súper” de edificios en varios condados. Fue el mayor número de cargos federales de soborno presentados en un sólo día en la historia del Departamento de Justicia (DOJ).
