Puerto Rico Statehood Council defiende plebiscito criollo convocado por Pierluisi a pesar de oposición de miembros del PPD y el PIP

Nueva York – George Laws García, cabildero pro estadidad en Washington D.C., consideró que el plebiscito convocado por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, para el mismo día de las elecciones generales del 5 de noviembre es una herramienta importante para que los boricuas se expresen sobre la necesidad de resolver el estatus territorial.

A juicio de Laws García, también presidente ejecutivo de Puerto Rico Statehood Council (PRSC), a pesar de que la consulta no es vinculante o carece de fuerza de ley a nivel federal, a través de la misma se envía un mensaje al Congreso de que debe atender el asunto, además de reflejar la inclinación de los electores boricuas en cuanto a las alternativas de estatus.

“Yo creo que la razón más importante para hacer este plebiscito es que necesitamos continuar proveyéndole oportunidades a los votantes en Puerto Rico para que se expresen sobre su perspectiva en términos de la necesidad de resolver el tema del territorio, al igual que cuáles son sus preferencias entre las opciones viables bajo la Constitución de los EE.UU. que son no territoriales. Ese es el propósito principal. Es otra oportunidad más para que los ciudadanos ejerzan su soberanía y su voluntad a través de las urnas, y lleven ese mensaje al Congreso de que no queremos seguir en el territorio, y que, entre las opciones no territoriales, podamos escoger cuál es la que favorecemos por mayoría…”, planteó el activista a preguntas de El Diario sobre el alcance de la elección.

En cunto a la controversia por la falta de fondos en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para celebrar el evento, asunto sobre el que ha alertado la propia presidenta interina Jessika Padilla Rivera, dijo que no es una excusa válida para descartar la consulta.

“La falta de igualdad y la desigualdad estructural dentro del territorio es el factor principal que limita el desarrollo económico, al igual que la situación presupuestaria en la isla; así que si vamos a utilizar la falta de presupuesto como razón para no atender el tema de estatus, nunca la vamos a atender. Siempre va a existir una situación que limita o presenta una excusa para no atender este tema. Yo creo que el gobernador está teniendo la voluntad de ejercer su autoridad bajo la ley de llevar esto a votación…De esa forma lo que el gobernador está haciendo es dándole poder a los votantes para que ellos se expresen”, sostuvo.

Según Laws García, la propia Ley PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) aprobada en el Congreso y que establece pautas para que Puerto Rico salga de la quiebra y cumpla con el pago a los bonistas, contiene provisiones para viabilizar una consulta de este tipo.

“Hay una provisión dentro de PROMESA que limita la capacidad de que esa ley o cualquier entidad creada dentro de la ley, entiéndase la Junta de Control Fiscal, limite la capacidad del pueblo de Puerto Rico para expresar su voluntad sobre la autodeterminación. Lo que corresponde es que el gobierno de Puerto Rico trabaje con la Junta para encontrar los recursos necesarios para asignarlos, para permitir que esa voluntad que el Congreso protegió, cuando creó ese estatuto, se pueda ejercer”, indicó.

Con el plebiscito convocado por Pierluisi, el 1 de julio, por medio de la Ley 165 del 2020, ya serían siete las consultas de este tipo celebradas en la isla. Por ser un territorio de EE.UU., al final del día, es el Congreso federal el que debe convocar a un proceso de autodeterminación que lleve a la solución del tema del estatus de Puerto Rico.

Puerto Rico se encuentra sujeto a los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos bajo la Cláusula 2 o la Cláusula territorial de la Constitución federal.

El impacto a nivel federal de plebiscitos criollos en Puerto Rico

Sin embargo, el estadista cuestionó las críticas de los partidos opositores al Nuevo Progresista (PNP) que argumentan que realizar un plebiscito criollo es una pérdida de esfuerzos y dinero.

“Aquellas personas que piensan que no tiene impacto, probablemente lo están mirando desde la perspectiva de su institución política local y el impacto sobre las franquicias políticas en la isla. Una perspectiva más amplia toma en cuenta el impacto mediático que eso tiene a nivel nacional donde cada uno de estos plebiscitos, cuando salen los resultados, un impacto mediático a nivel nacional donde sea concientizado el público en los estados, al igual que a nivel global, primero de que hay un deseo de cambio; y segundo, por los menos en los últimos plebiscitos, que el mayor nivel para una opción no territorial es a favor de la estadidad”, expuso.

Laws García argumentó que, desde el 2012 hasta el presente, los eventos plebiscitarios llevados a cabo en la isla han tenido influencia en la legislatura en Washington D.C.

“Lo que hemos visto es que, en respuesta a cada uno de los últimos plebiscitos, 2012, 2017 y 2020, hemos visto la introducción de proyectos legislativos para atender este tema; algunos con mayor éxito, otros que han tenido sus dificultades o no han avanzado de la misma forma; se han llevado a cabo vistas sobre este asunto. El proceso entero del Puerto Rico Status Act inició en 2021 como respuesta al plebiscito que ocurrió en 2020”, destacó.

A finales del 2022, la mayoría demócrata y algunos republicanos en la Cámara de Representantes aprobaron el H.R. 8393 o Ley de Estatus de Puerto Rico que dispuso para la celebración de un plebiscito avalado por el Congreso entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia y libre asociación.

Sin embargo, la medida no fue presentada en el Senado en esa sesión.

El año pasado, se radicó una segunda versión de la legislación en la Cámara, nombrada H.R. 2757 por parte de Raúl Grijalva, demócrata de Arizona. Una versión hermana también fue radicada en el Senado (S.3231), por el demócrata de Nuevo México, Martin Heinrich. El proyecto de ley en el Senado cuenta con 26 coauspiciadores, pero ninguno es republicano. Mientras que el 2757 suma 96, tanto demócratas como republicanos.

En el Senado, también circula otra versión del Puerto Rico Status Act, el S.2944, presentado por Roger Wicker, republicano de Mississippi. A diferencia de las medidas anteriores, la de Wicker incluye el Estado Libre Asociado (ELA) territorial entre las opciones.

Para que un proyecto como este pase a la consideración del presidente para su firma necesita ser aprobado en ambos cuerpos. Antes de la evaluación en el pleno de cada cámara, la medida debe ser examinada en comités.

El PPD y las divisiones por la definición del ELA

El Partido Popular Democrático (PPD), el segundo de mayoría en la isla, entiende que el hecho de que el ELA no se encuentre en tres de los cuatro proyectos mencionados, excluye a los votantes puertorriqueños que creen en el sistema de gobierno que actualmente rige el país.

Sin embargo, para Laws García, el rechazo repetitivo de los populares a consultas de estatus se debe a que no han podido articular una definición consensuada sobre el ELA.

“El Partido Popular Democrático es uno que tuvo un gran nivel de importancia en la política territorial en Puerto Rico durante el siglo 20, y han visto una decadencia masiva en el siglo 21, y principalmente es por la falta de una visión clara de hacia donde quieren llevar al pueblo de Puerto Rico. Su existencia como franquicia política depende de la continuación del estatus territorial, y no han podido articular hasta este momento una visión clara y constitucionalmente viable de qué es lo que quieren como alternativa al estatus territorial actual. Por esa razón es que ellos se oponen a cualquier voto que pueda ocurrir, no importa cuáles sean las definiciones, opciones ni nada, porque cualquier cosa que lleve a cabo un cambio hacia algo diferente, no territorial, es básicamente un reto a la existencia de su partido”, argumentó.

Populares piden dejar papeleta de plebiscito en blanco

“El boicot al que está llamando el PPD (de dejar la papeleta en blanco), ¿qué efecto cree que tendrá en las urnas?”, preguntó El Diario.

“Yo creo que el PPD le ha hecho un mal servicio al pueblo de Puerto Rico y a sus propios votantes; y la razón es que, cuando uno aboga por no participar dentro de un proceso democrático, lo que está haciendo es suprimiendo la capacidad de que las personas voten entre las opciones que se han presentado. En el proceso democrático nunca gana la opción de las personas que no votaron; siempre gana la opción que obtuvo la mayoría de los votantes que sí participaron”, respondió.

“Pero dejarla en blanco es una opción válida; tampoco es ilegal…”, prosiguió El Diario.

“No es ilegal y se puede hacer, pero lo que estoy diciendo es que las razones por las cuales ellos justifican por qué se debe de dejar en blanco, son razones ilusas. Ejemplo, en el voto de 2012 y en el 2017, la razón para dejar la papeleta en blanco era la forma en que se había definido el estatus territorial no era lo que ellos internamente, dentro de su partido, piensan que es la realidad del estatus territorial actual, porque en su visión y filosofía política el estatus territorial actual no existe. Piensan que P.R. es un Estado Libre Asociado con un nivel de autogobierno diferente a un territorio”, amplió.

Otro de los planteamientos de líderes del PPD es que el llamado al plebiscito es una estrategia electoral del PNP para atraer votantes a las urnas.

El entrevistado dijo que no ve problema con eso, si fuera el caso.“Siempre que se atraiga más votantes de cualquier ideología a las urnas, es algo bueno. Mientras mayor participación hay, mayor democracia hay. Así que yo creo que cualquier esfuerzo para tratar de decir si se hace o no el plebiscito, más gente va a venir y que eso es algo malo, están básicamente asustados de que ellos con la propuesta política que tienen no van a poder convencer a esos votantes. Eso es algo que no hace ningún sentido”, afirmó.

“Pero, ¿esa es la táctica realmente detrás de llamar al plebiscito?, es mi pregunta…¿es realmente lo que está de raíz en términos de esta convocatoria?”, insistió este periódico.

“Yo creo que lo que el gobernador ha visto aquí en el Congreso es que hay un momentum real para seguir adelantando el proceso legislativo, y que al convocar este plebiscito, y ofrecer a los votantes en Puerto Rico volver a expresar su preferencia con respecto a terminar el estatus territorial, eso lo que va a hacer es que va a añadir presión adicional para que el Congreso siga actuando y adelantando el proceso legislativo que ya hemos ido avanzando desde el 2021. Yo creo que esa es la intención fundamental del gobernador”, contestó.

PIP impugna en el tribunal el plebiscito criollo

Precisamente, este viernes, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) anunció que presentó un recurso en el Tribunal Supremo de Puerto Rico para impugnar la consulta plebiscitaria. Parte de los argumentos de los pipiolos, encabezados por el candidato a la gobernación Juan Dalmau, es que la acción de Pierluisi es anticonstitucional, ya que atenta contra la separación de poderes. Según los demandantes, el gobernador, a través de la Ley 165 del 2020, se atribuyó facultades o funciones que le corresponden a la Asamblea Legislativa.

Laws García dijo que no le sorprende la acción del PIP, debido a que la colectividad no cuenta con el apoyo electoral necesario para que la alternativa de independencia que defienden prevalezca en la consulta.

“Yo entiendo que un partido, que cuando se presenta la opción de ellos en las urnas no puede obtener un número que llegue siquiera a ser competitivo con las opciones de mayor preferencia, va a tener miedo con respecto a un proceso electoral; así que eso es natural. Y, como hemos visto en ocasiones anteriores, se han presentado casos en el tribunal para tratar de oponerse y paralizar los procesos de votación plebiscitarios…Honestamente, eso no me sorprende en lo absoluto”, aseguró.

“Yo no voy a entrar en los méritos de un pleito legal, porque no he leído su argumentación ni nada de eso, pero entiendo que lo que sea que ocurra, en los tribunales en general, con la mayor probabilidad van a fallar a favor del derecho de Puerto Rico para que se exprese. En términos de la autoridad del gobernador, yo creo que la ley sí lo faculta a él con la capacidad de hacer la convocatoria que acaba de hacer a través de la orden ejecutiva”, añadió sobre el argumento de usurpación de poderes.

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