Piden $2.3 millones adicionales a la CEE en Puerto Rico para orientar sobre plebiscito criollo
La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessika Padilla Rivera, tiene que decidir sobre la solicitud hecha por el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP)
Las elecciones generales en Puerto Rico se realizarán el 5 de noviembre al igual que las de Estados Unidos. Crédito: Carlos Giusti | AP
Nueva York – La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en Puerto Rico, Jessika Padilla Rivera, tiene que decidir sobre una petición para la asignación de $2.3 millones adicionales para la campaña publicitaria relacionada con el plebiscito criollo que se llevará a cabo el día de los comicios a raíz de una solicitud presentada por el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges.
La discusión sobre la asignación de fondos para el plebiscito, convocado por el gobernador Pedro Pierluisi en virtud de la Ley 165 del 2020, se dio en medio en una reunión entre los comisionados para hablar de los poco más de $3 millones para la publicidad general del evento electoral.
“Yo estoy haciendo esa petición, porque yo sé que hay una reserva de $4 millones en la Oficina de Gerencia y Presupuesto para la CEE. Por lo tanto, entendemos que $550,000 (para orientar sobre el plebiscito) no son suficientes, como alegan los demás. Entendemos que esto no es una simple papeleta. Esto es un evento electoral, de los cuales cada uno tiene que promocionar su fórmula, o sea, su estatus, y hay que explicarlo”, indicó Vega Borges según citado por El Nuevo Día.
Otro asunto en controversia que debe resolver la presidenta alterna de la CEE debido a que los comisionados están en desacuerdo son las pautas sobre el voto ausente y adelantado de cara a las elecciones del 5 de noviembre.
Este mismo debate se generó antes de las primarias del 2 de junio. La disputa tiene que ver con la edad mínima para solicitar y conceder este tipo de voto. Adicional, las posturas están encontradas en cuanto a si se debe usar o no el correo certificado para el envío de las papeletas, y si la correspondiente al plebiscito debe enviarse enviar sola o junto a las otras cuatro.
Según el comisionado electoral del PNP, la Ley 165 establece que la edad mínima para solicitar el voto ausente y adelantado es 60 años. Sin embargo, el Código Electoral la fija en 80 años.
“La Ley 165 del plebiscito habla de que las personas con 60 años o más tienen derecho a solicitar el voto adelantado. Así que, para mí, ya eso está claro. La Ley 165 dice y prohíbe que las papeletas se envíen vía correo certificado. Tiene que ser correo ordinario. Para nosotros, está claro y lo que hay que hacer es que ella (Padilla Rivera) vote a favor. Es lo que nosotros entendemos”, argumentó Vega Borges.
En cuanto al envío de papeletas, el PNP entiende que se deben enviar todas juntas sin que medie el correo certificado, contrario a la postura del resto de los comisionados.
El paquete electoral del 5 de noviembre incluye cinco papeletas, la estatal, legislativa, municipal, presidencial y plebiscitaria. En el caso de la consulta de estatus, el elector deberá seleccionar entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia o libre asociación.
En declaraciones previas a medios, Vega Borges dijo que la Junta de Control Fiscal, encargada de manejar las finanzas de la isla y aprobar los presupuestos de las agencias, no tendría jurisdicción sobre la asignación relacionada con la consulta de estatus debido a las propias disposiciones de la Ley PROMESA bajo el que fue creado el organismo.
El plebiscito criollo que ordenó el gobernador en virtud de la “Ley para Implementar la Petición de Estadidad del Plebiscito de 2020” costaría unos $1.3 millones, según estimados de la CEE.
El cálculo que sometió recientemente la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, a Pierluisi divide la partida de $1,322,800 en $550,000 para una campaña educativa, $472,500 para la impresión de 2.5 millones de papeletas, $172,500 para cubrir los costos del envío de papeletas para el voto por correo, y $127,800 para 114 libros de instrucciones.
En ese momento, Padilla Rivera dijo que la consulta se podría costear con la mencionada reserva de $4 millones de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
El Partido Independendista Puertorriqueño (PIP) presentó una demanda ante el Tribunal Supremo de la isla en la que buscan descarrilar la consulta bajo el argumento de que, al convocar la misma, Pierluisi usurpó poderes que le corresponden a la Asamblea Legislativa.
