Grupo de la diáspora boricua pide que Centro Carter envíe observadores a elecciones del 5 de noviembre en Puerto Rico

Puertorriqueños Unidos en Acción (PUA) dudan de potenciales monitores del Departamento de Justicia federal a raíz de la solicitud de demócratas

Elecciones de 2012 en Puerto Rico

Electores hacen fila para votar en San Juan, Puerto Rico, durante las elecciones generales del 2012.  Crédito: Ricardo Arduengo | AP

Nueva York – La organización Puertorriqueños Unidos en Acción (PUA) envió esta semana una carta al Centro Carter para que asigne observadores durante las elecciones generales del próximo 5 de noviembre en la isla.

La entidad, con sede en Virginia, argumenta en la misiva que el pedido surge en respuesta a las múltiples denuncias de irregularidades que se le han atribuido en los últimos meses a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en el manejo de listas de votación, procesos de registro y la descertificación de candidatos de minorías.

Esta solicitud surge a la luz de graves denuncias de fraude en las listas de votación, los registros de votantes y la exclusión de candidatos de partidos de oposición para aparecer en las papeletas de votación, lo que ha socavado significativamente la confianza pública en el proceso electoral”, planteó Manuel Rivera en la misiva enviada el miércoles a la institución.

En el documento que cita El Nuevo Día, el abogado especifica, sin embargo, que el Centro Carter requiere que este tipo de solicitud provenga de las autoridades electorales y esté avalada por los partidos políticos.

“Los partidos políticos están un poco tarde para solicitarlo”, señaló Rivera, quien vive en Washington D.C.

En la comunicación, el activista también hizo referencia a la complejidad y controversia que ha generado la convocatoria al plebiscito criollo el mismo día de las elecciones, que solo respalda el oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP).

La carta fue enviada a la directora adjunta del Programa de Democracia del Centro Carter, Avery Davis-Roberts.

La movida de la entidad responde además a la desconfianza ante los potenciales monitores que pueda enviar el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La semana pasada, cinco congresistas liderados por la demócrata de origen boricua Nydia Velázquez enviaron una carta a la agencia federal pidiendo observadores para garantizar que los derechos de los votantes en la isla sean salvaguardados.

Parte del planteamiento de los demócratas en la Cámara es que, ante los “obstáculos sin precedentes” que han enfrentado los puertorriqueños en su derecho al voto, el gobierno federal debe intervenir.

Los suscribientes también señalaron la necesidad de que el Departamento realice una auditoría sobre el uso de casi $7 millones de fondos HAVA (The Help America Vote Act of 2002) por parte de las autoridades en la isla que se supone fueran para mejorar los sistemas de votación y el acceso a los procesos electorales.

Alcance del Centro Carter

El Centro Carter es una organización no gubernamental sin fines de lucro que ha ayudado a mejorar la vida de las personas en más de 80 países mediante la resolución de conflictos, que incluyen asuntos electorales.

El Centro fue fundado en 1982 por el expresidente demócrata Jimmy Carter y su esposa, Rosalynn, en colaboración con la Universidad Emory.

El Programa para la Democracia del Centro Carter trabaja a nivel mundial para fomentar elecciones y gobernabilidad democráticas que estén en consonancia con los derechos humanos.

Desde el 1989, la entidad le ha dado seguimiento a más de 100 elecciones en 38 países.

La entidad recientemente fungió como observador internacional de los comicios presidenciales de Venezuela.

En ese caso, la delegación determinó que la elección presidencial en el país sudamericano no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática.

Las denuncias de irregularidades en la CEE

La CEE ha estado bajo mayor escrutinio público este año ante la cercanía de las elecciones y debido a varias deficiencias en los procesos, incluyendo la lentitud en la remoción de electores fallecidos de sus registros y las complicaciones que han enfrentado miles de boricuas para completar los tramites de inscripción electoral por internet y directamente en las Juntas de Inscripción Permanente (JIPs).

Esta semana, una jueza federal en Puerto Rico desestimó una demanda de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) que pedía extender el periodo de registro, que cerró el 21 de septiembre, hasta el 6 de octubre. Los demandantes plantearon que el propio Código Electoral de 2020 que rige los procesos de primarias y elecciones establece esa fecha como la límite.

Este mes además trascendió el informe de una misión de observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) en el que se identifican varias fallas en las primarias del pasado 2 de junio en Puerto Rico que van desde falta de uniformidad en el proceso de escrutinio y transmisión de resultados, ausencia de funcionarios electorales y vulneración del secretismo del voto.

¿Qué es PUA?

PUA fue fundada hace más de 20 años por cuatro puertorriqueños de diferentes ideologías políticas, según expuso Rivera en una columna de opinión en el 2020 en el referido periódico.

“La organización fue creada con el propósito de abogar por la participación de la diáspora en los procesos de autodeterminación de Puerto Rico que definirán, de una vez y por todas, el futuro estatus político del país. Según la misión de la organización, para poder ejercer ese derecho en forma democrática y soberana, se exige la transferencia de los poderes soberanos al pueblo de Puerto Rico”, especificó el portavoz en ese momento.

PUA se pronunció en contra del sexto plebiscito en la isla “Estadidad, sí o no”, promovido por el PNP.

En el escrito, Rivera planteó que la consulta plebiscitaria no abonaba en nada a adelantar la causa de la descolonización.

Este referéndum se presta para dividirnos como pueblo y dificulta los esfuerzos de los puertorriqueños que unidos buscan sinceramente avanzar la agenda que podría cambiar nuestras relaciones de subordinación política con Estados Unidos, sin importar la opción de estatus”, argumentó.

Más recientemente, en junio pasado, en una carta abierta, Rivera emplazó al presidente Joe Biden, en el marco de la audiencia ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas en la que se consideraría el tema de Puerto Rico, que instruyera a su delegación en la ONU a participar en los trabajos y a presentar una posición oficial.

“Hasta que Estados Unidos no dé los pasos necesarios para integrarse en los trabajos del Comité, cualquier intento del Congreso de abordar el tema del estatus será inútil, y tales acciones carecen de cualquier intento serio de resolver el problema”, afirmó.

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