Centro para la Nueva Economía (CNE) explica la “política industrial” que propone para Puerto Rico en nuevo informe
Presentan las medidas que puede implementar el Gobierno para encaminar la isla hacia su desarrollo partiendo de que los fondos federales no durarán para siempre
Vía que conduce al Viejo San Juan. Crédito: Ricardo Arduengo | AP
Nueva York-Para avanzar en una “política industrial” o estrategia de desarrollo económico para Puerto Rico que incentive a distintos sectores es necesario que el Gobierno trabaje en coordinación y constante diálogo con empresarios, sindicalistas y representantes de organizaciones sin fines de lucro, destaca el más reciente informe del Centro para la Nueva Economía (CNE).
“El sector privado tiene la información de dónde está el potencial, la innovación; y el gobierno de Puerto Rico es el que tiene la autoridad y la capacidad de implementar políticas públicas que ayuden a incentivar y traer esos sectores a Puerto Rico”, destacó en entrevista con El Diario Sergio M. Marxuach, director de Política Pública de CNE y autor del estudio.
“Si se lo dejas solamente al sector privado, va a proteger su finquita y no van a hacer nada por Puerto Rico. Si se lo dejas solo al Gobierno, el Gobierno simplemente no tiene la información ni el conocimiento de dónde están las tecnologías emergentes…”, agregó sobre los límites en la colaboración.
Marxuach aclaró que una política industrial efectiva requiere la diversificación más allá de la manufactura.
“Retomamos esta idea de hacer una estrategia económica. El término académico es política industrial. Eso suena un poco confuso, porque no se enfoca solamente en manufactura, sino en determinar cuáles sectores de una economía en general tienen oportunidades de crecer para en conjunto con el sector privado invertir en esos sectores. La idea es crecer la economía, añadir más valor, empleos mejor remunerados. Ese tipo de cosas”, explicó.
Marxuach expuso que, como parte del proceso, se tienen que crear instituciones que sirvan como enlace a los distintos actores.
“Ahí tenemos que hacer mucho trabajo y nosotros lo decimos claramente. No es solamente fomento. Necesitas otras instituciones que hagan enlace con líderes de la industria, con inversionistas de EE.UU., Europa, con las uniones de trabajadores en Puerto Rico; hasta el sector sin fines de lucro que también puede colaborar en ciertas partes, identificando ideas, haciendo investigación en áreas en las que Puerto Rico pudiera tener oportunidades para crecer la economía en una manera que añada trabajos y sean trabajos bien pagos”, argumentó.
En este contexto, Marxuach mencionó la evolución económica de Irlanda.
“A finales de lo 80, principios de los 90, era una economía que era un desastre. El gobierno de Irlanda a través de una serie de acuerdos políticos entre el Gobierno, representantes del sector privado, sindicatos, lograron enderezar el camino de Irlanda, y, ahora mismo, es una de las economías con el producto interno bruto más alto de Europa; lograron revertir el patrón de migración. Irlanda ya no es un país que pierde población; está ganando población todos los años”, reconoció.
El informe titulado “La oportunidad de una generación para Puerto Rico”, divulgado a principios de mes, es una propuesta económica que lleva cuajándose desde hace años, reveló el también asesor general de la entidad con presencia no solo en la isla, sino en Washington D.C. y Madrid, España.
“La idea había surgido hace más de 10 años…Todo el mundo se queja que no hay un plan, una visión para Puerto Rico a largo plazo, y por la quiebra, el huracán (María), la pandemia, pues se quedó como en el tintero, y ahora hemos decidido volverlo a sacar, porque creemos que hay una conjunción de eventos que lo hace propicio. Primero, porque el gobierno central salió de la quiebra, aunque todavía falta (la Autoridad de) Energía Eléctrica…Segundo, está empezando a correr, aunque lento, el dinero de la reconstrucción de María, que eso ha sido un asunto complicado. Eso nos debe ayudar a montar una infraestructura bastante moderna, una infraestructura del siglo 21…Asumiendo que se logra ese objetivo de modernizar nuestra infraestructura, ¿qué hacemos?”, abundó Marxuach quien fue socio de la firma legal internacional con sede en Nueva York Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP.
El texto de 13 páginas resume las medidas que puede implementar el Gobierno para encaminar a la isla hacia su desarrollo partiendo de que los fondos federales, particularmente, los de reconstrucción no durarán para siempre.
“Todo el mundo habla mucho de que hay mucho dinero federal, que está ocurriendo, que eso es lo que está manteniendo la economía, y, hasta cierto punto, eso es cierto, porque estamos hablando de una cantidad enorme. Pero, una vez se termine eso, ¿qué hacemos en Puerto Rico? O sea, estamos mirando una o dos movidas más adelante”, resaltó el economista.
Otro asunto que hace pertinente el estudio en estos momentos es la inclinación de las autoridades en Estados Unidos a la producción nacional.
“Estados Unidos, también después de la pandemia, tanto bajo Trump como bajo Biden se dio cuenta que tener buena parte de su producción, mayormente de manufactura, fuera de EE.UU. para productos claves e importantes para una emergencia, pues no hacía mucho sentido, especialmente si está en China que sabemos que es un rival geopolítico”, resaltó.
Si se analiza esta realidad desde la óptica de Puerto Rico como territorio, son varias las industrias con potencial de crecimiento, argumentó.
“Puerto Rico es un territorio de la bandera americana, nos guste o no; esa es la realidad. Y pues yo creo que hay una oportunidad ahí…con experiencia en producción sofisticada de medicinas, productos médicos, de maquinaria electrónica por muchos años…tenemos esa habilidad. Si estas compañías están abriendo nuevas subsidiarias en Arizona o en Ohio, por qué no se puede hacer en Puerto Rico”, apuntó el entrevistado.
Añadió que en el área de biotecnología, que comprende cinco ramas, humana, ambiental, industrial, animal y vegetal, hay productos especializados que se pueden desarrollar en la isla.
“Hay unas áreas interesantes que en Puerto Rico han crecido como silvestremente, que son productos que se utilizan mayormente para la manufactura de medicinas complicadas…, por ejemplo, manufactura de proteínas, de enzimas que se utilizan para crear medicamentos biotecnológicos; ahí hay una oportunidad grande. Hay una oportunidad grande también en el sector aeroespacial que se ha desarrollado bastante en los últimos años. Ahora yo creo que con todo esto de la rivalidad geopolítica con China cobra gran importancia. Va a haber mucho dinero del Pentágono que se va a estar gastando en el sector aeroespacial que yo creo que Puerto Rico tiene la oportunidad de capturar alguno de esos contratos, si nos movemos”, anticipó.
En cuanto a agricultura, Marxuach apostó a la producción en poco volumen, pero de alto precio como especias.
“En el sector de la agricultura también hay oportunidades. Obviamente no estamos hablando de regresar a la caña y tener 500,000 personas trabajando, cortando caña, porque eso no va a pasar. Pero hay unos nichos, mayormente con agricultura hidropónica que consume menos tierra”, matizó.
Retos para la política industrial
El informe alerta que uno de los principales retos para la política industrial es la voluntad de ejecución por parte de las autoridades gubernamentales.
“Un país puede diseñar la mejor estrategia económica del mundo, pero si sus instituciones estatales y el sector privado no son capaces de ejecutarla, entonces el esfuerzo no tendrá impacto significativo en la economía”, especifica el documento.
Marxuach añadió que es complicado, pero no imposible. Esto partiendo de la premisa de que en los 50, con menos recursos y conocimiento, se avanzó en el programa “Operación Manos a la Obra” con el fin de industrializar el territorio y promover el crecimiento económico.
“¿Cómo logramos esa capacidad del Gobierno de ejecutar eficientemente? Lo pudimos hacer hace 50 años. ¿Por qué no lo podemos hacer ahora? Eso es un análisis que tenemos que hacer honestamente nosotros, indagar, y ver qué es lo que está pasando. ¿Es la politización?, ¿son los partidos políticos? La gente preparada se está yendo de Puerto Rico, ¿por qué?, ¿cómo los podemos traer? Hay que hacer un análisis bien a fondo y honesto, y ahí es que el Gobierno tal vez diga, ‘mira, yo no me quiero meter en esto’. Pero, hay que darle espacio a la nueva gobernadora a que monte su equipo y presente su visión para la economía de Puerto Rico”, emplazó.
Otro desafío a la propuesta presentada por el CNE es el Plan de Ajuste de la Deuda para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo Título III que inició en el 2018 y continúa en litigio en el tribunal federal en la isla.
Aunque reconoció que el PAD es un riesgo para avanzar en las metas de desarrollo económico, agregó que falta camino por recorrer todavia.
Partiendo de las expresiones de la jueza federal que ve el caso, Laura Taylor Swain, Marxuach apostó a que el llamado a un acuerdo sostenible será clave en la determinación final.
“Eso se está negociando…es el único que queda y es el más difícil. Están considerando opciones ahora mismo. No sabemos cómo va a acabar esto. Los bonistas sí han logrado dos victorias importantes en el Tribunal de Apelaciones de Boston que les ha dado más fortaleza al argumento de ellos de cobrar el 100%. Yo creo que eventualmente no van a poder cobrar el 100% porque la economía de Puerto Rico simplemente no lo aguanta y no es en el interés de los bonistas que la economía de Puerto Rico se vaya otra vez a una recesión, porque entonces sí que no van a poder recobrar nada”, afirmó.
Sobre aumentos en la tarifa eléctrica como resultado de una potencial confirmación del PAD, el economista insistió en que solo avances en la transición a energía renovable evitarán mayor carga en el bolsillo de los puertorriqueños.
“El costo de la energía, la única manera de reducirlo es eliminando la dependencia en combustibles fósiles, y estamos ya bien atrasados en hacer esa transición. Hay planes desde el 2019 para fincas solares, sistemas solares en techos, molinos de viento; se han considerado también otras tecnologías más modernas…Eso es lo que verdaderamente va a reducir porque vas a dejar de pagar casi 3,000 millones al año en combustible…porque sustituyes esa generación con energía renovable…”, planteó.
A preguntas de El Diario sobre el impacto que podría tener cualquier acción tomada por la Administración entrante de Donald Trump para limitar el desembolso de fondos federales en esa dirección, Marxuach indicó que el asunto afrontará reservas por parte de los republicanos más moderados.
“Hay una diferencia entre lo que dijo Trump y la persona que nombró para secretario de Energía (Chris Wright), y lo que han dicho algunos gobernadores republicanos, ‘mira, esto me está creando empleos en mi estado, no me recortes estos programas, por básicamente razones ideológicas que no tienen nada que ver nada con mi estado’. O sea, que no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar ahí. Probablemente, sí, se recorten algunos programas, pero no creo que los van a poder eliminar todos, porque hay presión del mismo lado republicano…Yo creo que ahí Trump va a tener que llegar a un punto medio entre el ala más radical de gente que está con él y los gobernadores y otros políticos que están con el oído en tierra…Ahí va a haber una puja política y no sabemos cómo se va a resolver”, estimó.
“Yo creo que ese dinero federal, en la medida en que ya esté comprometido, va a ser bien difícil que el Gobierno federal lo vuelva a recuperar. Ahora, lo que no se haya asignado a un proyecto específico, eso sí podría ser retractado. Pero que están es riesgo esos fondos, definitivamente. El gobierno de Puerto Rico debería tener preparada una estrategia legal, en caso de que suceda, para ir a los tribunales, y una estrategia política para cabildear en Washington”, agregó.
Wright, fundador y CEO de Liberty Energy, es por obvias razones defensor del “fracking” y se espera que cumpla con la promesa de Trump de incrementar la producción de combustibles fósiles.
Información apunta a que el presidente entrante planea cerrar la Oficina de Programas de Préstamos (LPO) del Departamento de Energía federal (DOE) o usar la entidad para las metas anteriores.
Lo anterior habría llevado a que la LPO incrementara su poder crediticio bajo el programa de “Reinversión en Infraestructura Energética” de $57,000 millones a $246,000 millones en los meses finales de la presidencia de Biden.
En el caso de Puerto Rico, el DOE anunció la semana pasada los equipos seleccionados para las negociaciones de adjudicación para el “Programa de Comunidades Resilientes”, con el fin de levantar sistemas solares fotovoltaicos en techos con almacenamiento de baterías e instalaciones de salud comunitarias, así como áreas comunes ubicadas en propiedades de vivienda pública.
A esos fines se asignaron $365 millones.
El Diario también indagó sobre el impacto de las exenciones contributivas a extranjeros bajo leyes como la 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”. Los efectos del estatuto han sido cuestionados dentro y fuera de la isla porque, en lugar de promover la creación de empleos y desarrollo económico, presuntamente han convertido el territorio en un “paraíso fiscal”.
“Lo importante ahí es fiscalizar. Si una compañía te dice que va a crear 3,000 empleos de aquí a cinco años, pues de aquí a cinco años tienes que asegurarte que haya creado los 3,000 empleos, y esté operando y produciendo. Si no lo está haciendo, pues entonces hay que eliminarlos, y ahí es donde hemos fallado grandemente. Muchos de estos incentivos, una vez se otorgan, siguen en piloto automático y no se hace un análisis del costo beneficio; si cuesta tanto, pero no está generando lo que se esperaba, pues lo debes eliminar. Pero, muchas veces, por la inercia del Gobierno, esa es la parte que yo creo que Puerto Rico ha fallado. La otra parte en la que hemos fallado es en que estas compañías creen enlaces con la industria puertorriqueña…”, argumentó.
En esa dirección, el informe expone que “Puerto Rico lleva décadas negociando acuerdos de inversión con empresas multinacionales, y, en cuanto a recursos, el presupuesto consolidado ya destina miles de millones de dólares, tanto en gasto directo como en incentivos fiscales, al ‘desarrollo económico’”.
“Puerto Rico ha fallado ha sido en establecer vínculos entre el sector extranjero y el nacional, en permitir transferencias efectivas de conocimientos a los productores nacionales y en coordinar eficazmente el gasto público en desarrollo económico, que generalmente se lleva a cabo de forma fragmentada”, añade el material.
