Gobierno de Trump dice que la orden de cerrar Alligator Alcatraz afecta capacidad para aplicar políticas migratorias
Una jueza estableció que el centro debía cesar operaciones en un plazo de 60 días, tiempo en el que los detenidos serían trasladados a otras instalaciones
Organizaciones denuncian que migrantes permanecen retenidos sin cargo en Alligator Alcatraz Crédito: Rebecca Blackwell | AP
El gobierno de Estados Unidos solicitó a una jueza en Miami que suspenda temporalmente su fallo que ordena el cierre del centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz, construido por el estado de Florida en los Everglades. La petición se presentó durante el fin de semana, mientras se tramita la apelación del caso.
Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional advirtieron que la decisión de la jueza federal Kathleen Williams, emitida la semana pasada, afectaría la capacidad del gobierno para hacer cumplir las leyes de inmigración, publicó la agencia AP.
En su escrito, pidieron que la magistrada se pronuncie sobre la suspensión antes del lunes en la noche.
El centro, con capacidad para 2,000 detenidos, se construyó hace apenas dos meses en un antiguo aeropuerto en pleno desierto de los Everglades, con contratos estatales que superan los $245 millones de dólares.
Fue inaugurado el 1 de julio y el presidente Donald Trump, que lo visitó semanas después, señaló que podría convertirse en modelo para instalaciones similares en el país.
Alligator Alcatraz pone en riesgo la flora y la fauna de Everglades
La orden judicial de cierre surgió tras una demanda de grupos ambientalistas y de la tribu Miccosukee, quienes denunciaron que la construcción afecta humedales protegidos y pone en riesgo flora y fauna en una zona donde se han invertido miles de millones de dólares en restauración ambiental.
La jueza Williams estableció que el centro debía cesar operaciones en un plazo de 60 días, tiempo en el que los detenidos serían trasladados a otras instalaciones.
Paralelamente, organizaciones de derechos civiles presentaron tres demandas contra el centro de Everglades y argumentaron que Florida carece de autoridad para operar un centro de detención de inmigrantes, lo que corresponde únicamente al gobierno federal.
También denunciaron que las condiciones dentro de la instalación son precarias, con reportes de inundaciones, mosquitos, falta de agua y limitaciones para contactar abogados.
Según estas organizaciones, migrantes permanecen retenidos sin cargos, sin aparecer en el localizador oficial de ICE y con obstáculos para acceder a representación legal. Incluso aseguran que algunas personas fueron presionadas para firmar deportaciones voluntarias sin consultar a un abogado.
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