Boricuas Unidos en la Diáspora lidera carta a Peter Hegseth que pide cese de prácticas militares en Puerto Rico
Ocho grupos de puertorriqueños suscribieron la misiva en medio del incremento de la tensión en el Caribe Sur y el ataque a lanchas por parte de EE.UU.
El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un evento en Marine Corps Base Quantico. Crédito: Evan Vucci | AP
NUEVA YORK – Nueve organizaciones, lideradas por Boricuas Unidos en la Diáspora (BUDPR), le enviaron una carta al secretario del Departamento de Defensa, Peter Hegseth, en la que piden el cese inmediato de toda actividad militar en Puerto Rico, así como que cancele los planes para aumentar la presencia de la milicia en el territorio.
La misiva con fecha de este lunes vincula el incremento en las fuerzas militares en la isla a los “intentos ilegales” de derrocar al gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro.
“Condenamos inequívocamente estas operaciones que están directamente relacionadas con los intentos ilegales de Estados Unidos de derrocar al gobierno de Venezuela y con las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el Caribe y el Pacífico bajo el falso pretexto de combatir el ‘narcoterrorismo’”, exponen los suscribientes en el escrito que también fue enviado a varios líderes del Congreso federal.
En el documento, que lleva como encabezado “Acción urgente para detener los ejercicios y planes militares en Puerto Rico”, los activistas argumentan que las acciones del gobierno federal están arrastrando a la isla a un “camino peligroso” .
“Puerto Rico está siendo arrastrado, sin debate público, transparencia ni consentimiento, a una peligrosa escalada de la actividad militar estadounidense. Esta escalada está vinculada a los ataques estadounidenses contra al menos 22 embarcaciones y a la ejecución extrajudicial de al menos 87 civiles, lo que coloca a nuestra región en un camino peligroso que podría derivar rápidamente en una guerra interminable. Mientras tanto, los puertorriqueños han estado esperando que la Marina, desde el cierre del Campo de Entrenamiento Naval de Vieques en 2003 y la Base Naval de Roosevelt Roads en 2004, cumpla con su responsabilidad y sus compromisos de limpiar y restaurar completamente estos y todos los antiguos campos de tiro y emplazamientos militares en Puerto Rico”, alertan los suscribientes.
El texto procede a explicar cómo ha ido aumentado la presencia militar en la isla desde el 14 de agosto.
“El despliegue militar estadounidense en Puerto Rico y sus aguas ha consistido en buques de asalto anfibio y navales, 10 aviones F-35B estacionados en la recién reactivada Base Naval Roosevelt Roads; aproximadamente, 11 buques de guerra (destructores y cruceros) y 5,000 efectivos para brindar apoyo a unos 15,000 soldados en la región del Caribe, que ahora incluye también al Grupo de Ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford”, mencionan.
A juicio de los firmantes, el despliegue sin precedentes ha generado una “constante oposición por parte de los puertorriqueños, ya que reabre viejas heridas”, esto en referencia al uso de la Isla Nena por décadas como espacio de práctica de la Marina.
“El uso de Vieques como campo de tiro por parte de la Armada durante 60 años provocó graves daños ambientales y tasas de cáncer desproporcionadamente altas entre sus residentes. La operación de la Base Naval Roosevelt Roads en Ceiba no se tradujo en prosperidad económica para la región durante ese mismo período. En su testimonio ante el Congreso (“Desarrollo económico y estatus político de Puerto Rico”, junio de 2021), el economista José Caraballo Cueto destacó que las operaciones militares estadounidenses no fomentaron el desarrollo económico sostenible ni la inversión en infraestructura en las comunidades aledañas. Además, los datos del propio Departamento del Trabajo del territorio muestran que las tasas de desempleo disminuyeron en Vieques (en un 3.3%) y en Ceiba (en un 1.4%) una vez que se cerraron ambas bases militares”, exponen los miembros de la diáspora.
Sobre el caso de Vieques, que las autoridades militares se vieron forzados a abandonar en el 2003 en medio de masivas protestas multisectoriales, la carta destaca la alta incidencia de enfermedades como el cáncer.
“La incidencia de cáncer en Vieques ha sido históricamente más alta que en el resto de Puerto Rico. El legado de contaminación dejado por la Marina fue estudiado en un artículo revisado por pares, publicado en 2017 en la revista Global Security: Health, Science and Policy, que demostró que las mujeres de Vieques presentaban una tasa de cáncer de pulmón o bronquios un 280% mayor que la de otras mujeres puertorriqueñas, y los hombres, una tasa un 200% mayor. En 2020, otro análisis publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health confirmó que la población presentaba niveles elevados de metales pesados, como aluminio, plomo y arsénico”, cita el documento.
El escrito además recuerda cómo la muerte del guardia civil David Sanes, debido a una bomba lanzada por error, intensificó la movilización en contra de la Marina que eventualmente se tradujo en su salida de la isla municipio.
“Cuando una bomba lanzada por error desde un avión de combate de la Marina estadounidense mató a un civil puertorriqueño en Vieques en 1999, los puertorriqueños y sus aliados en Estados Unidos iniciaron un movimiento masivo de protesta y desobediencia civil. Este movimiento generó una crisis política para el gobierno estadounidense, que se vio obligado a cesar todas las operaciones en Vieques y cerrar la base después de más de seis décadas. Hoy, el pueblo puertorriqueño está listo para actuar de nuevo si continúa la reactivación militar del archipiélago”, anticipan las organizaciones.
La misiva hace tres llamados centrales al secretario de Defensa.
El primero es detener de inmediato toda actividad militar en Puerto Rico y el uso del espacio marítimo, aéreo y terrestre para entrenamientos y maniobras en el Caribe.
El segundo pedido fue que se cancelen “todos los planes para aumentar la presencia militar en el territorio con el fin de evitar reabrir uno de los capítulos más conflictivos en las relaciones recientes entre EE.UU. y Puerto Rico”.
Los grupos también exigieron que se ordene al Comando de Sistemas de Ingeniería de Instalaciones Navales (NAVFAC) y a cualquier otra agencia militar o civil que asuma su responsabilidad, conforme al Programa de Restauración Ambiental de Defensa (DERP), para completar la limpieza y restauración de todos los antiguos campos de tiro y enclaves militares en el territorio.
“Eliminar la presencia militar estadounidense en Puerto Rico sería una medida audaz que reduciría la dependencia, evitaría conflictos políticos innecesarios y encaminaría a Puerto Rico y a EE.UU. hacia un futuro basado en el respeto mutuo, la cooperación regional y una paz duradera”, concluyen las organizaciones.
La carta fue suscrita por Power4PuertoRico, VAMOS Puerto Rico, Plan B: Independencia, Madres Contra la Guerra, el Comité Internacional de DSA, Demand Progress, Popular Democracy Action y Just Foreign Policy.
El aumento en las fuerzas militares estadounidenses en la isla cuenta con el aval de la gobernadora Jenniffer González, quien insiste en que el uso de instalaciones militares y otros espacios como las costas de Arroyo, son prueba del papel estratégico de Puerto Rico en la región en términos de seguridad nacional.
Un reciente reporte en la revista Jacobin, de corte demócrata socialista, argumenta que en los planes del presidente Donald Trump para “restaurar la supremacía estadounidense en el hemisferio occidental”, a través de acciones ejecutivas y mayor poderío militar sin que medie la intervención del Congreso, Puerto Rico es pieza clave.
El artículo argumenta que el republicano está replicando prácticas asociadas a la Doctrina Monroe con el fin de lograr “autoridad unilateral sobre América Latina y el Caribe”.
Debido a que Puerto Rico es un territorio de EE.UU., no cuenta con su propia milicia. Los puertorriqueños han estado sirviendo en las fuerzas armadas estadounidenses desde principios del siglo pasado.
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