Comisionado Pablo José Hernández presenta proyecto para agilizar desembolso de fondos FEMA para reconstrucción en Puerto Rico
El H.R. 7829 busca revocar la regla de la exsecretaria del DHS, Kristi Noem, que limitó el desembolso de fondos para proyectos que excedan los $100,000
Pablo José Hernández Rivera, comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., en conferencia de prensa este lunes. Crédito: Oficina del comisionado residente | Cortesía
NUEVA YORK – El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, introdujo un proyecto de ley que busca revocar la regla impuesta por la exsecretaria del DHS (Departamento de Seguridad Nacional), Kristi Noem, que limitó el desembolso de fondos federales para reconstrucción en casos de proyectos que excedan los $100,000 dólares.
El H.R. 7829, introducido el 5 de marzo, pero anunciado formalmente este lunes en una conferencia de prensa, busca acelerar el desarrollo de proyectos en Puerto Rico y en otras jurisdicciones afectadas por desastres naturales como huracanes.
“The Disaster Aid Without Delay Act of 2026” (Ley de Ayuda Sin Demora en Casos de Desastre de 2026), busca prohibir que el secretario del DHS implemente cualquier política “que imponga un umbral monetario arbitrario a la obligación o desembolso de fondos de socorro en casos de desastre, y para otros fines”.
Hernández Rivera indicó, por medio de un comunicado, que la decisión de la Administración Trump se ha traducido en trabas innecesarias que impactan directamente a comunidades que intentan recuperarse de eventos catastróficos.
“Esta política impuesta por Kristi Noem ha generado retrasos innecesarios cuando comunidades como muchas en Puerto Rico intentan recuperarse y reconstruirse. A pesar de que Trump la despidió, el Congreso debe garantizar que ningún futuro secretario pueda usar umbrales arbitrarios para retrasar la ayuda por desastre o tratar a las comunidades de manera diferente. Mi proyecto de ley deja claro que, cuando ocurre un desastre, la ayuda federal debe llegar a nuestras comunidades lo más rápido posible y sin retrasos innecesarios”, afirmó Hernández Rivera.
En junio pasado, trascendió que el DHS estaría revisando contratos, subvenciones y adjudicaciones para proyectos a través de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) que superaran los $100,000 dólares.
Un informe de demócratas en el Senado divulgado la semana pasada arrojó que la revisión que encabezó Noem, hasta el 8 de septiembre, se había traducido en el retraso de más de 1,000 proyectos.
Con base en un rastreador interno proporcionado por denunciantes, el informe del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales y del Subcomité de Gestión de Desastres concluyó que la directiva de Noem se estaba implementando mediante un proceso de revisión ad hoc sin plazos obligatorios, “lo que ha provocado retrasos promedio de tres semanas, e incluso mucho mayores en algunos casos”.
Al menos 1,034 contratos, subvenciones o asignaciones de asistencia por desastre de FEMA se han retrasado o han quedado pendientes, de acuerdo con los datos que manejaron los senadores. El retraso estaría afectando, incluso, a sobrevivientes de las inundaciones repentinas de julio de 2025 en Texas y del huracán Helene.
La información provista por la oficina del comisionado residente apuntó a que la directiva vigente ha generado una burocracia sin precedentes y la retención de $17,0000 millones en fondos de FEMA ya aprobados para comunidades de todo el país.
En el caso de Puerto Rico, la lentitud en el desembolso se refleja en las partidas para proyectos relacionados con el huracán María (2017), los terremotos de 2019-20 y el huracán Fiona (2022).
El representante de Nueva York Tim Kennedy, miembro de mayor rango del subcomité de Manejo de Emergencias y Tecnología, consideró que las víctimas de desastres no deberían tener que esperar asistencia crítica debido a lo que llamó “mala gestión administrativa” o “incompetencia” del DHS.
“La misión de FEMA es brindar ayuda cuando los estadounidenses más la necesitan. La política de aprobación de $100,000 impuesta por la exsecretaria Noem ralentizó la respuesta crítica y creó una disfunción innecesaria en una agencia de la que las comunidades dependen en sus momentos más difíciles. Felicito al Comisionado Residente Hernández por impulsar una legislación que restablezca el sentido común y la eficiencia en FEMA, garantizando que la asistencia por desastre pueda avanzar con rapidez y que ningún futuro secretario pueda volver a hundir a FEMA en este tipo de desorden”, expuso el congresista a través del parte de prensa.
Un ejemplo del impacto negativo de la directriz del DHS en proyectos de reconstrucción en la isla es el caso del municipio de Lares, donde el proyecto de más de $120 millones para reubicar el cementerio municipal se retrasó.
“La asignación de fondos a través de FEMA para la construcción de un nuevo cementerio en Lares es urgente y necesaria. Agradezco al comisionado residente Pablo José Hernández su colaboración para visibilizar esta situación que afecta a cientos de familias en Lares. Exhorto a los miembros del Congreso a aprobar esta legislación”, declaró el alcalde Fabián Arroyo Rodríguez.
El proyecto de reconstrucción del Coliseo Héctor Solá Bezares en Caguas, para el que se asignaron más de $20 millones, también experimenta retrasos debido al referido requisito. Otro proyecto estancado, según la recopilación del comisionado residente, es el del puente Magos-Calabazas en la carretera 438, en San Sebastián, afectado por el huracán María. En esa instancia, fueron aguantados unos $5 millones en fondos de FEMA.
La medida, referida al Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, cuenta con 12 coauspiciadores, todos demócratas.
Aparte de Kennedy, Greg Stanton (AZ-04), Debbie Wasserman Schultz (FL-25), Darren Soto (FL-09), Frederica S. Wilson (FL-24), Nydia M. Velázquez (NY-07), Ritchie Torres (NY-15), Nellie Pou (NJ-09), Al Green (TX-09), Jim Costa (CA-21) y Joyce Beatty (OH-03), respaldaron el proyecto de ley.
Antes de que Noem fuera removida del puesto, la Administración de la gobernadora Jenniffer González Colón informó que FEMA había autorizado la asignación de más de $1,000 millones para la ejecución de 176 proyectos de reconstrucción.
La Fortaleza señaló que los $1,183,611,623.16 serían invertidos en “proyectos en toda la isla para reconstruir y fortalecer nuestra red eléctrica, sistemas de agua y alcantarillado, instalaciones escolares y viviendas públicas”.
Pocos días después, el gobierno de Puerto Rico anunció la liberación de otros $700 millones.
La gobernadora vinculó la decisión del gobierno federal con la reunión que mantuvo con la entonces secretaria del DHS, el 20 de febrero, en Washington D.C.
FEMA es una de las dependencias bajo la sombrilla del DHS. Noem fue removida del cargo en pleno cierre parcial de la agencia.
En entrevista con El Diario el pasado 26 de febrero, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) de Puerto Rico ,Eduardo Soria Rivera, aseguró que el cierre del DHS no estaba afectando significativamente los proyectos de reconstrucción poshuracanes, a pesar de que se detuvieron los esfuerzos de respuesta no relacionados con desastres inmediatos.
“En la medida en que pasen semanas, un mes, tres meses, yo le puedo decir que puede haber algún tipo de interrupción. Pero, como funciona la reconstrucción, es que FEMA no está solo en esto. Estamos nosotros que seguimos trabajando con los municipios y las agencias, y en los municipios y agencias hay profesionales y consultores que siguen haciendo su trabajo. Los diseños continúan, las construcciones continúan, las planificaciones de los proyectos continúan, los desembolsos no se han detenido, porque los desembolsos dependen de mí y no de FEMA; o sea que la parte de la formulación de proyectos nuevos, sí, puede sufrir algún tipo de retraso, pero la reconstrucción es mucho más que eso”, planteó el funcionario.
Soria Rivera añadió que COR3 se estaba enfocando en encaminar los $16,000 millones en fondos federales que ya están en fases de diseño y construcción.
“Ya la mayoría de los proyectos están formulados. Hay $10,000 millones en construcción y casi $6,000 millones en diseño. Los diseños están en las manos de nosotros, no están en las manos de FEMA. Nosotros tenemos $16,000 millones entre construcción y diseño que están del lado de nosotros”, insistió el funcionario.
COR3 es la entidad que se encarga de desembolsar los fondos federales a municipios, agencias y organizaciones sin fines de lucro que FEMA obliga para proyectos, principalmente, bajo el programa de Asistencia Pública (PA).
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