Trump vuelve a cargar contra juez por el proyecto del “puerto de drones” en la Casa Blanca
El mandatario republicano compartió una imagen del que sería el puerto de drones que estaría ubicado sobre el posible salón de baile de la Casa Blanca
El presidente ha defendido el proyecto valorado en unos $400 millones de dólares. Crédito: Donald Trump / Truth Social | Cortesía
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a defender el proyecto de ampliación de la Casa Blanca y arremetió contra el juez federal Richard Leon, a quien acusó de obstaculizar una infraestructura que considera necesaria para la seguridad nacional del país.
A través de una publicación en Truth Social, el mandatario republicano compartió una imagen conceptual del denominado Drone Port o puerto de drones que estaría ubicado sobre el posible salón de baile de la residencia presidencial. Aseguró que la instalación servirá para proteger Washington.
“Esto algún día salvará a Washington. El juez Leon tiene que apartarse del camino, ¡y rápido! ¡Está poniendo a nuestro país en peligro!”, escribió Trump junto a una imagen que muestra varios drones militares desplegados sobre la azotea del edificio proyectado.
El presidente ha defendido el proyecto valorado en unos $400 millones de dólares, que incluye un salón de baile de aproximadamente 8,400 metros cuadrados, un sistema de defensa aérea basado en drones y una serie de instalaciones subterráneas de seguridad.
Según había informado previamente Fox News, Trump sostiene que el puerto de drones sería “quizás el más sofisticado del mundo” y permitiría proteger la capital estadounidense frente a amenazas modernas.
Ha argumentado que los riesgos actuales exigen nuevas capacidades defensivas. “Con la llegada de armamento moderno altamente sofisticado y potente, ya no podemos defender Washington solo con rifles y pistolas”, afirmó en otra publicación reciente citada por Fox News.
Obstáculos judiciales contra el proyecto de Trump
El principal obstáculo para el proyecto ha sido una batalla legal encabezada por el National Trust for Historic Preservation, una organización dedicada a la preservación del patrimonio histórico estadounidense.
En abril, el juez federal Richard Leon, nombrado durante la presidencia de George W. Bush, concluyó que la administración no tenía autoridad legal para avanzar con la construcción del salón de baile sin la aprobación del Congreso. Como consecuencia, ordenó detener las obras en superficie, aunque permitió que continuaran ciertos trabajos subterráneos relacionados con instalaciones de seguridad nacional.
Posteriormente, una corte de apelaciones suspendió temporalmente esa decisión, lo que permitió que la construcción siguiera adelante mientras continúa el litigio.
Trump ha convertido a Leon en uno de los principales blancos de sus críticas. De acuerdo con información publicada por el New York Post, el presidente ha llegado a advertir que el magistrado sería responsable si ocurriera un ataque contra la Casa Blanca debido a los retrasos ocasionados por la disputa judicial.
La Casa Blanca sostiene que el proyecto no se limita a la construcción de un salón de baile para eventos oficiales, sino que incorpora medidas defensivas consideradas esenciales.
Durante una visita con periodistas realizada a finales de mayo, Trump aseguró que el techo del nuevo edificio estará diseñado para uso militar y funcionará como una plataforma de defensa aérea.
“Todo el techo está construido para uso militar. Tiene una enorme capacidad para drones”, afirmó entonces, reportó New York Post.
La administración también ha señalado que la estructura incluirá elementos como techos reforzados, barreras de seguridad, vidrio especializado e instalaciones subterráneas destinadas a responder a amenazas como drones, misiles balísticos o ataques biológicos.
Durante una audiencia celebrada el viernes ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, abogados del gobierno defendieron la continuidad de las obras bajo el argumento de que el proyecto responde a necesidades de seguridad nacional y que solo el Congreso tendría autoridad para detenerlo, publicó Associated Press.
Los representantes del National Trust, por su parte, insisten en que la construcción debería permanecer suspendida hasta que el Congreso autorice formalmente la obra.
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