Proyecto de cable submarino para conectar República Dominicana y Puerto Rico aún espera por varios permisos

NUEVA YORK – El proyecto para la construcción de un cable submarino para suministro de electricidad entre Puerto Rico y República Dominicana todavía espera por el visto bueno de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP).

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Rafael Vélez Domínguez, fundador y presidente de Caribbean Transmission Development Co. LLC (CTDC), compañía que encabeza el proyecto, indicó a El Diario, que, tras la concesión del permiso presidencial por parte de la Administración de Donald Trump en febrero pasado, aún faltan autorizaciones tanto de las autoridades en Puerto Rico y República Dominicana como de las federales.

CTDC, una subsidiaria de Atabey Capital, LLC, sometió en mayo pasado una propuesta no solicitada ante la AAPP para desarrollar la infraestructura a través de un proyecto de alianza público-privada.

“Nosotros obtuvimos el permiso presidencial de Estados Unidos que para eso hace falta el visto bueno del proyecto con el Departamento de Energía (DOE), Estado y Defensa. Se ha coordinado conjuntamente con el Departamento de Energía lo que es el visto bueno de otras agencias federales como la EPA (Agencia de Protección Ambiental), (Servicio de) Pesca y Vida Silvestre (FWS), el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (USACE), la Guardia Costera (USCG), etc. Hacen falta permisos locales, tanto en Puerto Rico como en República Dominicana. No obstante, ahora mismo estamos en un proceso donde nosotros sometimos una propuesta no solicitada, el 14 de mayo, ante la P3 (Autoridad para las Alianzas Público Privadas) y está ante la consideración de la P3 para que nos llamen a dilucidar esa propuesta”, confirmó a este medio Vélez Domínguez.

Según el entrevistado, en el documento expusieron la “propuesta de lo que sería el acuerdo de compra y venta de energía” con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Tenemos que esperar que P3 apruebe eso y que después lo presente a la AEE y a la Junta de Control Fiscal (FOMBPR), pero mientras tenemos esas conversaciones, a la misma vez, estaremos ordenando los equipos que toma mucho tiempo y queremos tratar de ordenarlos lo antes posible para que se haga la puesta en marcha a principios del 2031, que es la fecha que nos hemos propuesto”, explicó el ejecutivo.

Vélez Domínguez precisó que la meta es empezar la construcción a principios del 2028.

Un informe de Notiséis el 26 de mayo señaló que el director ejecutivo de la AAPP, Josué A. Colón Ortiz, realizó una evaluación preliminar de cumplimiento que incluyó la presentación formal de la propuesta, la entrega de documentación requerida, la identificación del proponente, la firma de un representante autorizado y el pago del cargo de evaluación.

A partir de esa fecha, empieza a contar un periodo de 60 días para examinar a fondo el material y establecer los próximos pasos en virtud de la Ley 29-2009 (Ley de Alianzas Público-Privadas) y la reglamentación vigente.

A preguntas de cuánto peso tendría la opinión de la Junta en este esfuerzo, respondió: “Todas las partes interesadas juegan un papel importante, P3, PREPA (AEE), que es el comprador; LUMA (Energy), que es el operador de la transmisión y la distribución; el Negociado de Energía (NEPR), que es el regulador, y al final todo lo que tenga que ver que impacte el presupuesto de Puerto Rico, tiene que ser aprobado por la Junta de Control Fiscal”.

Añadió que han mantenido varias reuniones con el organismo federal que maneja las finanzas del gobierno de Puerto Rico y aprueba o rechaza contratos.

“Nosotros hemos tenido varias reuniones (con la Junta) en las que los hemos puesto al tanto de lo que es el proyecto, pero hasta que no tengamos un acuerdo con P3 y la AEE en lo que tiene que ver el acuerdo de compra y venta de energía hasta ese momento no vale la pena ir sobre el detalle con la Junta a nivel financiero”, expuso.

En términos de las autoridades federales, el desarrollador no anticipa mayores inconvenientes con entidades como FWS y la EPA en vista de que ya recibieron un aval inicial.

“Ellos están totalmente al tanto del proyecto. No tienen objeción con el proyecto. Le hemos enseñado, no solo los estudios ambientales que hemos preparado, sino también parte de lo que son las vistas públicas que se hicieron para el proyecto. Ellos han tenido acceso a ellas. Como el proyecto entra en aguas de Puerto Rico por el puerto de Mayagüez, haría falta un permiso de ellos como tal, pero ya que conocen el proyecto y tienen una no objeción, pues no creo que sea algo muy difícil de lograr”, apostó.

Vélez Domínguez insistió en que el proyecto no resolverá toda la crisis energética en Puerto Rico, pero que proveerá mayor resiliencia particularmente en periodo de huracanes.

“Yo creo que hacen falta muchas iniciativas para resolver la crisis energética. El sistema energético de Puerto Rico es sumamente complejo y va desde la importación del combustible; dónde se genera; cuáles son los puntos de interconexión y hay que trabajar en la transmisión y distribución. Este proyecto meramente le provee resiliencia a Puerto Rico en caso de que tengamos un huracán, como pasa en Florida o en New Orleans, que, como el sistema interconectado a otros estados, puede levantarse rápidamente. Actualmente, cuando Puerto Rico recibe un apagón, nos tardamos dos y tres días en levantar el sistema. Con este proyecto, nosotros podríamos levantar el sistema en 15 minutos”, planteó.

El 4 de febrero pasado, el DOE aprobó la solicitud de permiso presidencial de la empresa.

Esa autorización es clave para avanzar con el proyecto por tratarse de uno que trasciende las fronteras de Puerto Rico.

La solicitud de permiso presidencial de CTDC ante el DOE señala que el pedido es para “la construcción, conexión, operación y mantenimiento de instalaciones de transmisión de energía eléctrica en la frontera internacional entre Puerto Rico y la República Dominicana”.

El texto describe el “Proyecto Hostos” como uno de transmisión de electricidad a través de un cable submarino de corriente continua de alta tensión (HVDC) entre ambas islas para interconectar las dos redes de energía existentes, “proporcionando redundancia y resiliencia energética”.

“El cable operará a 320 kilovoltios (kV) de corriente continua con una capacidad para transportar electricidad de hasta 700 megavatios (MW) en ambas direcciones sin requerir la interrupción de las operaciones de ninguna de las dos redes. El cable también permitirá el arranque a oscuras luego de un apagón (“blackstart”) de la red de Puerto Rico en caso de una pérdida completa de energía de la red”, lee la introducción al documento de 161 páginas.

En una entrevista previa con El Diario, Vélez Domínguez afirmó que Dominicana estaría suministrando un 20% de la demanda energética de la isla hermana.

El CEO de CTDC argumentó que a esos fines tienen en agenda la construcción de una planta de generación de ciclo combinado en San Pedro de Macorís.

Vélez Domínguez, quien además es presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (PRMA), rechazó que, como resultado de la iniciativa, Puerto Rico esté dependiendo de otro país para levantar su sistema eléctrico.

“No es que Dominicana está sosteniendo a P.R., esa no es la idea. Recuerda que aquí de lo que estamos hablando es de un 20%. La demanda de R.D. son 3,900 MW. Lo que sí vamos a compartir con R.D. es la terminal que está construida en Caucedo para proveerle gas a esta planta que estamos hablando que va entonces a proveerle la energía a Puerto Rico. Pero, este proyecto le da resiliencia a R.D. también. El cable es bidireccional y en el momento en que le dé un huracán a R.D. o que necesite energía de P.R., ciertamente este cable podrá proveer esa energía”, recalcó sobre la propuesta valorada en $2,500 millones de dólares.

Vélez Domínguez le restó peso a la oposición de entidades como Caribbean Basin Power Authority y The North American Electric Reliability Corporation (NERC) en la fase de comentarios públicos. Las organizaciones plantearon, entre otras cosas, que el proyecto no atiende preocupaciones de seguridad nacional, no apoya las metas de políticas de EE.UU. en R.D. y podría alterar la autoridad jurisdiccional de la FERC (Federal Energy Regulatory Commission) en P.R.

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