“La década pérdida”: informe de ONGs en Puerto Rico enumera el impacto de las medidas de la Junta y su “verdadera cara”
El informe concluyó que, tras una década en la isla, el organismo no electo por los puertorriqueños ha deteriorado las finanzas públicas y la calidad de vida
Los activistas entienden que la Junta de Control Fiscal no ha mejorado las condiciones económicas ni de vida en Puerto Rico en 10 años de estancia. Crédito: Archivo | AP
NUEVA YORK – Lejos de aliviarle la carga económica a los puertorriqueños y promover el desarrollo, las medidas impuestas por la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) en el transcurso de 10 años han menoscabado los servicios esenciales y agravado la condición colonial del territorio bajo el pretexto de reestructuración de la deuda pública, según un nuevo informe preparado por varias organizaciones no gubernamentales en la isla.
“Con la Junta de Control Fiscal (Junta de Supervisión y Administración Financiera de P.R.) se recrudeció el estatus colonial e inauguró un régimen antidemocrático que, a nombre de la reestructuración de la deuda, ha llevado a cabo severos ataques contra los servicios públicos esenciales y la autonomía local. La Junta se ha convertido en símbolo de la subordinación de las necesidades del pueblo al pago de la deuda pública”, lee parte del reporte titulado “La década pérdida: la verdadera cara de la Junta en Puerto Rico”.
El documento de 55 páginas es una recopilación que evalúa y enumera los resultados de las medidas de la Junta establecida en la isla mediante la ley PROMESA (Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico), que fue aprobada de manera bipartidista en el Congreso de Estados Unidos en el 2016.
El escrito fue divulgado este miércoles en el marco de una conferencia de prensa en Espacio Comunitario, en Hato Rey, en la que portavoces de las organizaciones que desarrollaron el análisis expusieron sus argumentos.
El contenido es resultado de una colaboración entre la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, Liga de Ciudades, Sembrando Sentido y Right To Democracy.
A grandes rasgos, el informe concluye que, tras una década operando en el país, el organismo no electo por los puertorriqueños ha deteriorado las finanzas públicas y la calidad de vida de sus habitantes sin atender las verdaderas raíces de la crisis.
Medidas de austeridad sin medir su impacto, mayor dependencia en fondos federales, incremento en la privatización de servicios públicos y el encarecimiento de los mismos para pagarle a los bonistas una deuda que es “impagable” son algunos de los resultados, según las entidades.
El texto destaca que la Junta ofrece cifras “engañosas” cuando presenta sus cálculos sobre el recorte de deuda al excluir miles de millones en pagos en efectivo y bonificaciones extras a los acreedores.
“En la práctica, se ha tenido que pagar mucho más a los bonistas, reduciendo el alivio real en el pago final de la deuda anunciado por la Junta”, resalta la evaluación.
Otra conclusión es que la Junta no le ahorra al pueblo de Puerto Rico, sino que le cuesta.
“Lo que la Junta llama eufemísticamente ‘ahorros’ para el pueblo o un beneficio a su bolsillo es un intento fallido de justificar sus verdaderos costos para Puerto Rico’, exponen.
En esa dirección, el documento indica que los recortes presupuestarios del organismo federal y el deterioro de los servicios públicos impactan directamente el bolsillo de los boricuas en la isla.
El reporte arroja que, al priorizar el pago de la deuda y el balance del presupuesto, la Junta obvia la necesidad de ajustar el modelo económico que facilitó o creó las condiciones que llevaron al endeudamiento.
“La desconexión de PROMESA y las causas de la crisis es evidente”, plantean.
De acuerdo con el estudio, los tres ejes de la estrategia de la Junta son las medidas de austeridad, aumentar la dependencia en fondos federales e impulsar “reformas estructurales” para, supuestamente, facilitar el crecimiento económico.
“Dichas políticas se han desarrollado de manera paralela y solo han deteriorado las condiciones de vida en Puerto Rico”, aseveran las organizaciones.
La Junta y los fondos federales
El escrito añade que la Junta se sostiene “gracias a la inmensa cantidad de fondos federales que han causado una leve recuperación económica”.
“Sin embargo, en vez de utilizar esta coyuntura extraordinaria de la pasada década para sentar las bases de una recuperación fiscal justa y sostenible, aprovechó la entrada masiva de fondos federales, y el leve repunte económico que propiciaron, para pactar mayores pagos de deuda, priorizando los intereses de los bonistas sobre la sostenibilidad futura del país”, arrojan los hallazgos.
En contraste, resaltan el lucro desproporcionado de los bonistas por el aumento temporero de los recaudos del Gobierno central gracias a los fondos federales para la reconstrucción.
En cuanto a medidas específicas, el reporte menciona los cambios al modelo de financiamiento para los municipios y la eliminación del Fondo de Equiparación, lo que ha dejado a 43 municipios en crisis y con pérdidas en sus Fondos Generales Municipales de hasta un 60%.
“La Junta prometió alternativas para sustituir esos recursos o aliviar el impacto negativo que nunca pasaron. Se desmontó un mecanismo importante de apoyo fiscal sin establecer otro capaz de compensar”, agrega el compendio.
A través del documento se cuestiona que, mientras la Junta celebra haber fomentado la disciplina fiscal y ahorros en contratos gubernamentales, desde el 2017, menos del 1% de los convenios sometidos para su evaluación han sido rechazados.
“Por el contrario, bajo la supervisión de la Junta, se ha consolidado la contratación pública y la privatización como uno de los principales mecanismos de reforma gubernamental sin atender primero las deficiencias institucionales aumentando el riesgo de ineficiencias, captura de recursos públicos, falta de competencia efectiva y debilitamiento de la capacidad del Estado para proveer, monitorear y evaluar servicios esenciales”, alertan.
Otra conclusión del análisis es que la presencia de la Junta ha agravado la situación colonial y el dominio de EE.UU. sobre Puerto Rico.
“La imposición de la Junta y su poder de anular legislación representan un quebrantamiento al principio de consentimiento de los gobernados y al derecho a la libre determinación. Lo anterior ha recrudecido la situación colonial de Puerto Rico y empeorado las condiciones de vida de la gente. El marco legal establecido por PROMESA también puede implementarse en otros territorios de EE. UU., lo que representa una amenaza de ampliación del dominio colonial estadounidense sobre Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de EE. UU.”, afirma al texto.
Los expertos plantean que la Junta ha ejercido “total poder y control, unilateral, antidemocrático y autoritario”, similar a los gobiernos militares antes de la Ley Foraker, también aprobada en el Congreso.
Bajo dicha ley, conocida como la Orgánica de 1900, se organizó el primer gobierno civil de Puerto Rico. Antes de dicho estatuto federal, en la isla existía un gobernador militar nombrado por el presidente de EE.UU.
“La Junta ha utilizado su poder para anular legislación, por vía judicial, para invalidar políticas públicas de bienestar social e implementar un modelo de extracción que prioriza los intereses económicos de acreedores y bonistas por encima del bienestar del pueblo puertorriqueño”, mencionan.
En el comunicado en el que se anunció la divulgación del informe, Eva Prados Rodríguez, directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana para la Auditoría, reafirma que la Junta omite el verdadero costo de sus medidas en la isla.
“La Junta no nos ahorra, nos cuesta. Además de sus gastos operacionales multimillonarios, lo que llama ‘ahorros’ para el pueblo es un intento fallido de justificar sus verdaderos costos para Puerto Rico. En sus informes omite miles de millones en pagos en efectivo y en bonificaciones extras a los bonistas cuando presenta sus cálculos sobre el recorte a la deuda, lo que hace que sus ahorros estimados sean engañosos. En la práctica, se ha tenido que pagar mucho más a los bonistas de lo que se anunció, desde $10,000 millones en pagos en efectivo a la firma de los acuerdos hasta pagos extras anuales que ya van por más de $1,500 millones”, sostiene.
Cristina M. Miranda Palacios, directora ejecutiva de la Liga de Ciudades, destaca que, con la eliminación del Fondo de Equiparación, se acabó con un mecanismo importante de apoyo sin otro sustitutivo.
“Entre 2017 y 2024, los planes fiscales certificados transformaron el modelo de financiamiento municipal. La eliminación del Fondo de Equiparación avanzó mediante recortes concretos y acumulativos, mientras la Junta prometía alternativas para sustituir esos recursos que nunca llegaron”, indica.
Issel Masses, directora ejecutiva de Sembrando Sentido, plantea la falta de acción real del organismo en cuanto a la revisión de contratos.
“La Junta ha presentado la revisión de contratos como uno de sus logros en transparencia y disciplina fiscal. Sin embargo, según se desprende de su propio Registro de Revisión de Contratos, menos del 1% de los contratos sometidos a evaluación han sido rechazados. Incluso encontramos contratos aprobados a pesar de que la propia Junta identificó deficiencias en los procesos de contratación, incluyendo problemas de competencia y riesgos asociados a los contratistas seleccionados”, aduce.
“La década pérdida: la verdadera cara de la Junta en Puerto Rico” está disponible para descarga en la página web de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público.
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