Walmart pagará $50 millones por acusaciones de recetas ilegales de opioides

Walmart acordó pagar $50 millones para resolver acusaciones del gobierno federal de que sus farmacias surtieron durante años miles de recetas presuntamente ilegales de opioides y otras sustancias controladas en Estados Unidos.

El gobierno acusó a Walmart de violar una ley federal

El acuerdo fue anunciado por el Departamento de Justicia (DOJ) y la Administración para el Control de Drogas (DEA). La demanda señalaba que Walmart violó la Ley de Sustancias Controladas al despachar recetas que, según las autoridades, no eran válidas.

La querella fue presentada inicialmente al final del primer mandato del presidente Donald Trump y posteriormente modificada durante la administración del expresidente Joe Biden.

De acuerdo con el DOJ, las prácticas cuestionadas se remontan al menos a junio de 2013.

El gobierno sostuvo que algunos farmacéuticos y miembros del equipo de cumplimiento normativo de Walmart tenían conocimiento de las irregularidades.

El fiscal general asociado Stanley Woodward defendió el acuerdo y aseguró que las autoridades continuarán vigilando a las farmacias.

“El acuerdo de hoy demuestra que este departamento está comprometido con poner en primer lugar el bienestar de los estadounidenses”, dijo Woodward.

“El Congreso promulgó leyes para promover la responsabilidad y la rendición de cuentas de las compañías que dispensan sustancias controladas con el fin de proteger a los estadounidenses”, añadió.

Añadió: “Este departamento nunca evitará hacer cumplir enérgicamente las obligaciones de las farmacias de respetar esas protecciones, garantizando que las posibles ganancias nunca justifiquen contribuir a la epidemia de opioides de nuestra nación”.

Farmacéuticos habían reportado recetas sospechosas

Según el Departamento de Justicia, algunos farmacéuticos de Walmart alertaron internamente sobre recetas que consideraban ilegales y enviaron miles de formularios conocidos como ‘refusal-to-fill’, utilizados para documentar decisiones de no surtir determinados medicamentos.

Sin embargo, el gobierno acusó al equipo corporativo de cumplimiento de priorizar otros objetivos.

“El equipo de cumplimiento, sin embargo, priorizó otros objetivos por encima del cumplimiento de la CSA”, afirmó el DOJ.

En un correo citado por las autoridades, un director del área escribió que, en lugar de analizar esos reportes, consideraban que impulsar las ventas y el conocimiento de los pacientes era un uso mucho mejor del tiempo de nuestros directores de mercado y gerentes de mercado.

Recetas provenientes de presuntos ‘pill mills’

Las acusaciones también sostienen que farmacéuticos surtieron deliberadamente recetas provenientes de médicos relacionados con los llamados ‘pill mills’, establecimientos o prescriptores asociados con la distribución excesiva o inapropiada de medicamentos controlados.

Entre las señales de alerta mencionadas por el DOJ estaban combinaciones peligrosas de opioides con otros fármacos, solicitudes repetidas para surtir anticipadamente medicamentos frecuentemente abusados y dosis elevadas de opioides.

Walmart deberá reforzar sus controles

Además del pago de $50 millones, Walmart aceptó implementar nuevas medidas.

La empresa deberá establecer una línea telefónica para que empleados y pacientes puedan denunciar sospechas de actividades ilegales.

También tendrá que monitorear de manera proactiva los patrones de dispensación de medicamentos en sus farmacias para detectar posibles irregularidades.

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