Familia de Charlie Kirk acusa a funcionarios de Utah de fallos que facilitaron su asesinato

La familia de Charlie Kirk también cuestiona que fuera trasladado en un vehículo privado y no en una ambulancia tras recibir el disparo que le causó la muerte

Erika Kirk sale del juzgado del Cuarto Distrito, el lunes 6 de julio de 2026, en Provo, Utah, tras una audiencia para Tyler Robinson, acusado del asesinato a tiros de Charlie Kirk.

Erika Kirk sale del juzgado del Cuarto Distrito, el lunes 6 de julio de 2026, en Provo, Utah, tras una audiencia para Tyler Robinson, acusado del asesinato a tiros de Charlie Kirk. Crédito: Marielle Scott | AP

La familia de Charlie Kirk responsabilizó a funcionarios de Utah y de la Universidad del Valle de Utah por una serie de decisiones de seguridad que, según sus abogados, dejaron al activista conservador expuesto al atacante que lo asesinó en septiembre de 2025.

En una notificación de homicidio culposo presentada este miércoles, los abogados de la familia calificaron esas decisiones de “imprudentes” y sostuvieron que los responsables del recinto no adoptaron medidas que podrían haber reducido el riesgo durante el evento en el que Kirk fue asesinado.

“Trágicamente, los partidos de la UVU no tomaron ninguna de estas medidas de seguridad —medidas que solo ellos tenían autoridad para tomar— lo que resultó en una situación que dejó al Sr. Kirk indefenso ante su asesino”, escribió el abogado D. Loren Washburn.

La familia señala que el tirador estaba apostado en una azotea situada a más de 122 metros del lugar donde Kirk, de 31 años, conversaba con estudiantes ante unas 3.000 personas.

La familia cuestiona la seguridad del evento

El documento acusa a los funcionarios universitarios de no haber realizado una evaluación adecuada de los riesgos, no establecer un perímetro de seguridad y no contar con suficiente personal policial y de respuesta para proteger el acto.

También cuestiona que no se utilizaran drones para vigilar las azoteas, que no se coordinara la seguridad con las fuerzas del orden locales y que no hubiera controles de bolsos ni detectores de metales.

Washburn sostuvo que el riesgo de un ataque desde una azotea debía haber sido una preocupación central.

“El riesgo de un atacante armado desde una azotea debería haber sido una preocupación primordial”, escribió, al recordar además el intento de asesinato contra el presidente Donald Trump perpetrado por un atacante desde una azotea el año anterior. Trump era amigo y aliado político de Kirk.

La familia también cuestionó la respuesta posterior al disparo y afirmó que Kirk no fue trasladado a un hospital en una ambulancia, sino en un vehículo privado, debido a la ausencia de personal de primera respuesta disponible de inmediato.

La universidad responde a la notificación

La reclamación identifica a la Universidad del Valle de Utah, a su entonces presidenta, Astrid Tuminez, al departamento de policía del campus y a su jefe, Jeffrey Long, además del estado de Utah.

Una portavoz de la universidad, Sharon Turner, confirmó que la institución conocía la notificación y afirmó que respondería “de acuerdo con nuestros procesos establecidos”.

“Nuestro objetivo principal sigue siendo apoyar a nuestra comunidad universitaria”, añadió, según NBC News.

Long había declarado después del tiroteo que seis agentes de la policía del campus participaron en el operativo y coordinaron con el equipo de seguridad privada de Kirk, integrado por ocho personas. Tras el asesinato, la universidad anunció que ampliaría su plantilla policial.

Una posible demanda contra funcionarios de Utah

La notificación, fechada el 9 de septiembre, constituye un paso obligatorio antes de que la familia pueda presentar una reclamación o una demanda formal bajo la legislación estatal.

El documento sostiene que las decisiones de las autoridades universitarias y estatales contribuyeron a crear las condiciones que permitieron el ataque.

El caso se desarrolla paralelamente al proceso penal contra Tyler Robinson, quien se entregó un día después del asesinato. Los fiscales lo acusan de asesinato con agravantes, un cargo que puede conllevar la pena de muerte si es declarado culpable. Un juez ordenó que el caso avance a juicio, aunque todavía no se ha establecido una fecha.

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