Legislatura de condado Jackson en Missouri aprueba resolución en pro de soberanía alimentaria para Puerto Rico como parte de SNAP
El organismo legislativo también adoptó una resolución que busca que el Congreso de EE.UU. actúe para cerrar la laguna fiscal de la Ley 22 bajo la que se otorgan exenciones fiscales a extranjeros que se relocalizan en la isla
Alimentos cultivados localmente en Puerto Rico. Crédito: Carlos Giusti | AP
Nueva York – La legislatura del condado Jackson en Missouri aprobó dos resoluciones recientemente; una para incluir disposiciones que promuevan la soberanía alimentaria en Puerto Rico como parte de una eventual transición al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), y la segunda para cerrar la laguna fiscal de la Ley 22 bajo la que se otorgan exenciones contributivas a extranjeros multimillonarios que se establecen en la isla.
Las resoluciones adoptadas por el organismo fueron auspiciadas por Manuel Abarca IV, legislador del Distrito 1.
La Resolución 21628 en pro de la soberanía alimentaria para la isla pasó el cedazo del cuerpo legislativo el 10 de junio luego de que fuera presentada el 20 de mayo.
El documento, que pide la inclusión de lenguaje que incentive la soberanía alimentaria como parte de la nueva “Farm Bill” (Ley de Agricultura) que se discute en el Congreso de Estados Unidos, señala que actualmente Puerto Rico importa aproximadamente el 85% de sus alimentos, lo que deja a los residentes de la isla expuestos a las fluctuaciones del mercado global y a merced de interrupciones en la cadena de suministro.
“Reforzar el sector de la agricultura local reprogramando los fondos del Departamento de Agricultura federal (USDA) hacia la compra de artículos cultivados localmente mejorará significativamente la soberanía alimentaria y la resiliencia en la isla”, expone el texto enviado a El Diario.
Soberanía alimentaria también implica mayor resilencia en medio de desastres naturales
Mediante la resolución se plantea que lo anterior también ayudará a Puerto Rico en su habilidad de recuperarse de desastres naturales reduciendo su dependencia a ayuda federal y demostrando un modelo de resiliencia que puede replicarse a través del país.
A juicio de los legisladores, otros de los efectos positivos de apoyar la agricultura local mediante Farm Bill sería un impulso del crecimiento económico, el empresarismo y la creación de empleos.
Adicional, la iniciativa promoverá prácticas agrícolas sustentables que reducen las huellas de carbono asociadas al transporte de alimentos, lo que a su vez contribuirá a mitigar los efectos del cambio climático.
En específico, la legislatura del condado respalda que, como parte de una transición del PAN (Programa de Asistencia Nutricional) a SNAP, se reprogramen los fondos a Puerto Rico para la compra de productos cultivados localmente, y se provea la información de los cambios en idioma español o de una manera culturalmente competente para facilitar la inserción de los agricultores boricuas en los procesos.
El PAN es la subvención en bloque o limitada de SNAP que aplica al territorio desde el 1982. Diversos sectores han estado abogando desde el año pasado por la inclusión de Puerto Rico en el programa SNAP de la manera en que aplica en los estados y en otros territorios como Islas Vírgenes y Guam.
Farm Bill es una legislación ómnibus que debe ser reautorizada cada cinco años. El paquete legislativo incluye el financimiento para programas de asistencia alimentaria tanto para estados, territorios y otras jurisdicciones. Hasta el momento, demócratas y republicanos no han logrado ponerse de acuerdo sobre el contenido final de la misma.
La inclusión de Puerto Rico a SNAP fue descartada en la versión del Farm Bill aprobada en el comité de Agricultura de la Cámara de Representantes que dirige el republicano de Pennsylvania, Glen Thompson.
En el caso del Senado, permanece la provisión para la transición, presentada por la demócrata de Michigan, Debbie Stabenow, quien también es la presidenta de la comisión de Agricultura en ese cuerpo.
Activistas ligados al tema y liderados por la coalición Power4PuertoRico han estado presionando para que la nueva Farm Bill que se discute en la capital federal incluya disposiciones que promuevan la soberanía alimentaria en la isla o el derecho de las comunidades a decidir cómo producen, comercializan y consumen sus alimentos.
Por ejemplo, en mayo pasado, puertorriqueños de 15 estados que forman parte del colectivo realizaron una jornada de abogacía en el Congreso federal en la que insistieron en la necesidad de avanzar en esta discusión. El recorrido incluyó reuniones con 34 miembros del Congreso.
En ese momento, los exponentes plantearon que la necesidad de seguridad alimentaria en el archipiélago puede convertirse en una asunto de vida o muerte en casos de emergencias como huracanes cuando se interrumpe la cadena de distribución y el tránsito de productos a la isla.
Legislatura del condado también aprueba resolución contra Ley 22
La legislatura del condado Jackson también aprobó la Resolución 21627 con el fin de emplazar al Congreso federal a que actúe sobre la laguna contributiva de la Ley 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, otro de los reclamos clave de la referida organización de la diáspora.
El documento expone que, aunque el fin de los decretos de exención contributiva que otorga el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) a extranjeros que se relocalizan en la isla era promover la inversión y por ende el crecimiento económico, los resultados han ido en otra dirección.
“Una década después, evidencia de una investigación del Servicio de Rentas Internas (IRS) indica el mal uso de estos incentivos, lo que lleva a crecientes fustraciones entre puertorriqueños debido al aparente favoritismo; y a pesar de la afluencia de inversores, hay evidencia limitada de beneficios indirectos para una economía más amplia en Puerto Rico, según reportó el Washington Post el 22 de septiembre de 2023”, señala la resolución.
Peor aún, los legisladores argumentan que el mal uso de este privilegio socava la intención de los incentivos fiscales, desplazando a residentes locales y causando significativas disparidades económicas.
El organismo legislativo le pide a los congresistas tomar acción inmediata para clarificar y enmendar el código de impuestos de EE.UU. para prevenir lo anterior.
Matizan que cualquier enmienda a dicha ley debe preservar la intención de promover el crecimiento económico de Puerto Rico, al tiempo que previenen el potencial mal uso y atiende los impactos económicos negativos a la población local.
Esta resolución, aunque fue aprobada el 20 de mayo, también fue divulgada esta semana.
Las resoluciones fueron enviadas a los principales líderes de Cámara y Senado en EE.UU.; al presidente Joe Biden, y al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.
La Ley 22, aprobada por la legislatura de Puerto Rico en el 2012, exime del pago de impuestos por dividendos, intereses y ganancias de capital a los extranjeros que se instalen en Puerto Rico durante al menos 183 días al año.
Actualmente, el comité de Finanzas del Senado de EE.UU. investiga la fiscalización que está llevando el cabo el IRS de unos 100 recipientes de la Ley 22 que presuntamente han mentido sobre su estancia en la isla para no pagar los impuestos federales que les corresponden.
