Demandan al Gobierno de EE.UU. por la deportación de beneficiaria protegida por DACA

María de Jesús Estrada Juárez, residente de Sacramento, California, por casi 30 años y beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), presentó una demanda exigiendo su retorno inmediato a Estados Unidos luego de ser deportada en lo que sus abogados denominan como una violación flagrante de la ley federal y la Constitución.

De una entrevista a una deportación

El 18 de febrero, Estrada Juárez se presentó a una cita programada en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en Sacramento para una entrevista de ajuste de estatus de residencia permanente, acompañada por su hija, Damaris Bello, de 22 años, ciudadana estadounidense, quien la estaba patrocinando para su residencia.

No obstante, en vez de procesar su trámite, apenas minutos después de empezada la entrevista, agentes vestidos de civil la detuvieron y la expulsaron a México al día siguiente.

De acuerdo con la demanda, la deportación en cuestión se ejecutó de la siguiente manera:

• Sin notificación previa de una orden de remoción legal.
• Sin oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración.
• Sin el debido proceso, pese a tener su estatus de DACA vigente y no tener antecedentes penales, fue encadenada frente a su hija y expulsada al día siguiente.
• Privación de derechos: la demanda dice que se le negó acceso a sus abogados y, de acuerdo con reportes, en principio se le negó el acceso a sus medicamentos para la diabetes tras su arresto.

“La deportación de Maria fue ilegal y violó los principios básicos del debido proceso”, aseguró su abogada, Stacy Tolchin. “Ella cumplió con las reglas, se presentó a su cita y nunca debió ser removida del país”.

Vida interrumpida

Estrada Juárez llegó a Estados Unidos cuando era menor de edad y ha vivido en Sacramento por 27 años. Es madre de una joven de 22 años y ha laborado bajo la protección de DACA para sostener a su familia.

En la actualidad, ella está varada en México, separada de su comunidad y sus seres queridos.

“Estados Unidos es el único hogar que realmente he conocido”, manifestó Estrada Juarez en un comunicado. “Seguí las reglas y me presenté a mi cita creyendo que daba un paso hacia la estabilidad. En cambio, me alejaron de mi hija y me obligaron a salir del país de la noche a la mañana“.

Batalla legal

La demanda, presentada ante un tribunal federal, argumenta violaciones a la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la Ley de Procedimiento Administrativo y la Cláusula del Debido Proceso de la Constitución.

Los abogados han pedido una orden judicial de emergencia para que el gobierno facilite el regreso de Estrada Juárez al territorio estadounidense y, además, se le restituya el estatus legal que poseía antes de su deportación, mientras el caso sigue en curso.

El alegato del Gobierno

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la medida argumentando que Estrada Juarez tenía una orden de remoción final emitida en 1998, cuando ella apenas contaba con 15 años. De acuerdo con la agencia, la orden fue “reinstaurada”, tras lo cual la denominaron como una reentrada ilegal al país.

No obstante, la defensa refutó ese argumento indicando:

• Desconocimiento de la orden: Estrada Juárez asegura que nunca fue notificada de esa orden de 1998.

• Permisos federales anteriores: En el año 2014, el mismo gobierno le otorgó un “Advance Parole” (permiso de viaje), permitiéndole visitar a su madre en México y reingresar legalmente a Estados Unidos sin incidentes, lo que invalidaría la tesis de una reentrada ilegal “feloniosa” citada por el DHS.

“Parecía que entramos en una trampa”, declaró su hija Damaris a medios locales tras el arresto. “Hicimos todo de la manera correcta, seguimos las reglas, y nos respondieron con esto”.

Próximos pasos legales

La demanda no solo está buscando el regreso de Estrada Juárez, sino que se declare la deportación como una violación a la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los abogados han pedido una orden de emergencia para que el tribunal obligue al gobierno a facilitar su retorno mientras el litigio sigue, alegando que su vida y la de su hija están sufriendo un daño irreparable.

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