En detalle: Las cinco medidas que aprobó Nueva York para proteger a los inmigrantes de ICE
Las nuevas leyes no impiden arrestos ni investigaciones federales, pero separan a las agencias locales del control migratorio civil
La gobernadora Hochul sigue siendo cuestionada por sectores demócratas que consideran que el paquete legislativo no es suficiente. Crédito: Susan Watts | NY Governor Office
Los agentes federales de inmigración ya no podrán ingresar a áreas privadas de escuelas, hospitales, refugios y otras instalaciones públicas sin una orden judicial, la policía local tendrá prohibido firmar acuerdos para actuar como brazo de La Migra y los estudiantes indocumentados recibirán mayores garantías para asistir a las escuelas públicas, sin temor a que su información migratoria sea compartida. Estas son algunas de las medidas más significativas del nuevo paquete de leyes firmado por la gobernadora Kathy Hochul como parte del presupuesto estatal 2026-2027.
El plan presentado por la mandataria estatal como respuesta al endurecimiento de la aplicación federal de las leyes migratorias, busca redefinir la relación entre las autoridades estatales y los oficiales federales de inmigración.
“Los abusos flagrantes de poder del gobierno federal no se tolerarán en Nueva York”, afirmó Hochul al anunciar este paquete normativo, que según la administración estatal pretende proteger derechos constitucionales y mantener el enfoque de las autoridades locales en la seguridad pública y no en el control migratorio.
Hay que aclarar que las nuevas leyes no eliminan la presencia, ni la autoridad del Servicio Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ni impiden investigaciones o arrestos autorizados por órdenes judiciales. Lo que hacen es limitar el uso de recursos y personal estatal o local para la aplicación del control migratorio civil.
Aunque el paquete representa uno de los esfuerzos estatales más ambiciosos para limitar la colaboración local con ICE y reforzar protecciones para inmigrantes, la gobernadora continúa bajo presión desde ambos extremos del debate migratorio.
Mientras legisladores republicanos la acusan de obstaculizar la aplicación de leyes federales y de debilitar la seguridad pública mediante políticas cercanas al modelo “santuario”, líderes demócratas progresistas y organizaciones proinmigrantes, sostienen que las medidas aún se quedan cortas y reclaman acciones más contundentes para restringir por completo la cooperación con las autoridades migratorias federales.
El plan busca cortar al máximo las alas a La Migra en la vida cotidiana de los neoyorquinos, aunque deja abierta la puerta para que tengan carta blanca para perseguir a criminales.
Aun así algunos sectores como el exgobernador demócrata, David Paterson, calificó ante medios locales el paquete como un “error grave”, advirtiendo que podría provocar más litigios, mayores costos para los contribuyentes y una respuesta más agresiva del gobierno federal.
Se espera que ejecutivos de condados republicanos probablemente demandarán a Hochul por restringir su capacidad para ayudar al gobierno federal a hacer cumplir las leyes migratorias.
1.- Policía enfocada en delitos locales
Uno de los cambios más importantes es la prohibición de los acuerdos conocidos como 287(g), mediante los cuales departamentos policiales y cárceles locales colaboran formalmente con el gobierno federal para tareas de control migratorio civil.
La nueva ley impide que gobiernos locales, policías y centros penitenciarios estatales o municipales utilicen personal o instalaciones para funciones de inmigración civil. También limita la participación local en la construcción o financiamiento de centros de detención migratoria.
2.- ICE fuera de lugares sensibles
Otra de las disposiciones con mayor impacto es la restricción del acceso de agentes migratorios a instalaciones públicas administradas por el estado o gobiernos locales.
Sin una orden judicial, empleados públicos no podrán permitir el ingreso de autoridades migratorias a áreas no públicas de hospitales, escuelas, bibliotecas, parques, albergues, residencias estudiantiles, centros comunitarios o centros de votación.
La norma también autoriza a instituciones privadas, incluyendo hospitales, guarderías, escuelas y lugares de culto, a aplicar restricciones similares.
El objetivo declarado es reducir el temor de migrantes y familias mixtas a utilizar servicios básicos.
3.- Más protección en escuelas
La legislación establece además barreras específicas para proteger información migratoria. Las agencias civiles estatales y locales, así como las escuelas públicas, tendrán prohibido utilizar personal o recursos para investigaciones migratorias civiles, salvo que exista obligación legal o judicial.
Los empleados públicos tampoco podrán compartir información personal con ICE para fines migratorios civiles, permitir acceso a áreas restringidas, utilizar agentes migratorios como intérpretes y transferir estudiantes a custodia migratoria sin orden judicial, incluso cuando un padre haya sido detenido.
4.- Derecho a la educación pública
El paquete legislativo también incorpora explícitamente el derecho de estudiantes inmigrantes a una educación pública gratuita, independientemente de su estatus migratorio.
La ley limita prácticas relacionadas con la recopilación o divulgación de información sobre estatus migratorio que puedan desalentar la matrícula o asistencia escolar.
La medida codifica protecciones ya reconocidas por precedentes legales, pero ahora las fortalece a nivel estatal.
5.- Agentes sin mascarillas
Entre las disposiciones más novedosas figura la prohibición del uso de cubrebocas por parte de agentes estatales, locales y federales cuando interactúan con el público, salvo excepciones médicas o tácticas.
La violación intencional podría constituir inicialmente una infracción y posteriormente un delito menor.
Asimismo, Nueva York creará un mecanismo estatal que permitirá demandar a funcionarios federales, además de estatales y locales, por presuntas violaciones de derechos constitucionales.
Hasta ahora, ese tipo de acciones legales contra agentes federales enfrentaba mayores limitaciones bajo la ley federal.
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