Audiencia en Nueva York expone fallas y reclamos por el impuesto a las segundas residencias de Mamdani

Concejales de Nueva York criticaron este martes la implementación del nuevo impuesto a las segundas residencias de lujo por parte del alcalde Zohran Mamdani y su administración, y expresaron su molestia por la ausencia de funcionarios de la alcaldía durante una audiencia del Concejo Municipal.

La audiencia de supervisión buscaba obtener respuestas sobre la puesta en marcha del llamado impuesto pied-à-terre, una de las principales promesas fiscales de Mamdani. Sin embargo, la administración municipal decidió no comparecer debido a la demanda que actualmente cuestiona la legalidad y la implementación del impuesto, reportó ABC7 NY.

El medio señaló que los concejales manifestaron su frustración incluso sentándose frente a sillas vacías durante la sesión. “Estamos planteando preguntas básicas sobre cómo se administró un impuesto importante”, dijo el concejal Frank Morano.

El malestar se concentra especialmente en la decisión de notificar a miles de propietarios que podrían estar sujetos al recargo, incluidos algunos que aseguran utilizar sus propiedades como residencia principal y que consideran que fueron identificados de manera errónea.

“Los residentes de mi distrito no deberían tener que contratar abogados para demostrar que viven en su propia casa”, afirmó el concejal Phil Wong.

Propietarios cuestionan el proceso

El impuesto está dirigido a viviendas que no constituyen la residencia principal de sus propietarios y que alcanzan determinados valores. La medida fue concebida para gravar principalmente propiedades residenciales de lujo y forma parte de la agenda de Mamdani para incrementar la contribución fiscal de los sectores de mayores ingresos.

El alcalde había defendido el gravamen como una medida dirigida a los propietarios más adinerados. En un video difundido anteriormente, Mamdani afirmó que el impuesto estaba diseñado “específicamente para los más ricos entre los ricos”.

Pero la aplicación del programa generó un problema distinto: propietarios que aseguran ser residentes permanentes recibieron notificaciones que los identificaban como potencialmente sujetos al impuesto y tuvieron que presentar documentación para demostrar que sus viviendas son sus residencias principales.

ABC 7 había reportado que alrededor de 17,000 propietarios recibieron comunicaciones relacionadas con el posible pago del impuesto y que algunos cuestionaban que fueran incluidos en el proceso.

Durante la audiencia, la concejala Kamillah Hanks comparó el registro con una “lista negra” y cuestionó las consecuencias que puede tener para quienes son identificados inicialmente como posibles contribuyentes.

Los críticos, incluidos representantes de distintos sectores políticos, sostienen que el sistema parte de una presunción de culpabilidad porque el propietario aparece inicialmente como potencialmente sujeto al impuesto y debe demostrar posteriormente que reúne las condiciones para quedar excluido.

Una batalla judicial

El impuesto pied-à-terre establece un recargo para determinadas propiedades residenciales que no son la vivienda principal del propietario. La medida contempla propiedades valoradas en al menos $5 millones de dólares, además de determinados condominios y cooperativas con valores de $1 millón de dólares o más, con tasas que pueden variar según el tipo y valor del inmueble.

El gravamen fue incorporado al presupuesto estatal aprobado en mayo y comenzó su implementación el 1 de julio. Su vigencia está contemplada, en principio, hasta junio de 2031.

El proceso judicial se intensificó la semana pasada, cuando el juez Wayne Ozzi ordenó temporalmente detener la implementación del impuesto tras una demanda presentada por propietarios que cuestionaron, entre otros aspectos, la manera en que la ciudad identificó a las personas potencialmente obligadas a pagarlo.

La alcaldía apeló esa decisión y, posteriormente, el juez Phillip Hom, de la División de Apelaciones de Brooklyn, permitió que la ciudad continuara con la implementación mientras avanza el litigio. Por esa razón, la administración de Mamdani argumentó que no podía participar en la audiencia del Concejo mientras el caso continúa pendiente ante los tribunales.

La ciudad defiende su actuación

El comisionado del Departamento de Finanzas, Richard Lee, no acudió personalmente a la audiencia, pero presentó una declaración escrita en la que defendió el trabajo de su agencia.

El funcionario sostuvo que el Departamento de Finanzas está comprometido con garantizar que el recargo se aplique únicamente a las propiedades que legalmente están sujetas al impuesto y reconoció la necesidad de comunicar de manera clara las nuevas reglas.

Los concejales consideraron insuficiente esa explicación. “Creo que los neoyorquinos tienen derecho a hacer una pregunta muy sencilla: ¿Qué están ocultando?”, cuestionó Morano.

Lee ha negado que la ciudad esté ocultando información y se ha ofrecido a comparecer ante el Concejo en una fecha posterior.

La administración también ha defendido el proceso para que los propietarios puedan solicitar una exención. El plazo para demostrar que una propiedad es una residencia principal fue extendido hasta el 18 de septiembre, dando más tiempo a los propietarios que consideran que fueron incluidos incorrectamente.

Durante la audiencia también surgieron advertencias sobre los posibles efectos económicos de la medida. Los críticos expresaron que las consecuencias podrían alcanzar a personas que no encajan en la imagen de multimillonarios con apartamentos de lujo que Mamdani utilizó para promocionar el impuesto.

“No se trata solo de multimillonarios. Son los neoyorquinos trabajadores que se dedican a hacer que esta ciudad funcione y que están muy preocupados por el impacto que esto pueda tener”, dijo uno de los testigos.

El debate se suma a las críticas que grupos inmobiliarios y propietarios han expresado desde que comenzó a implementarse el gravamen. ABC 7 había recogido cuestionamientos de representantes del sector, quienes advertían sobre las dificultades de administrar un impuesto basado en la determinación de cuál es la residencia principal de un propietario.

Asimismo, el presidente Donald Trump arremetió contra el gravamen y dijo que estudia si el gobierno federal tiene alguna autoridad legal para impedir su aplicación.

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