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Lefranc Fortuño y Buxó Santiago, los dos delegados por la estadidad en Washington que más han cobrado en sueldos y gastos permitidos

Los pagos a los delegados, grupo creado bajo la Ley 167 de 2020, sobrepasan, al momento, el millón de dólares, según los datos provistos por PRFAA a El Diario de NY

Capitolio de EE.UU.

Vista del Capitolio en Washington D.C. Crédito: Mariam Zuhaib | AP

Nueva York – Robert Lefranc Fortuño, uno de los delegados por la estadidad en Washington D.C., es el miembro de ese grupo que más ha cobrado entre sueldos y gastos permitidos (reembolsos), según datos suministrados por la Oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en la Capital (PRFAA) a pedido de El Diario de NY.

PRFAA es la oficina encargada de pagar la nómina a la delegación que inició labores en el 2021 luego de ser electos en una consulta especial impulsada por el oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) y efectuada el 16 de mayo de ese año.

El documento provisto por la entidad enumera los sueldos y gastos permitidos que se le ha desembolsado a cada delegado desde el 1 de julio de 2021 hasta el presente. La información incluye los pagos a las dos delegadas que ya no están en funciones, Elizabeth Torres Rodríguez, deshabilitada por los tribunales en la isla por no presentar sus informes; y la exalcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez, quien renunció por motivos de salud.

¿Cuánto han cobrado los delegados por la estadidad?

El documento indica que Lefranc Fortuño, exlegislador municipal de Guaynabo, ha cobrado $232,500.00 en sueldos y $59,535.20 en gastos permitidos.

En la lista le sigue Zoraida Buxó Santiago, abogada y exsecretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación de P.R. con $232,500.00 en sueldos, y $44,246.17 en gastos permitidos.

A Buxó Santiago, le sucede la exlegisladora estatal Melinda Romero Donnelly, con $232,500.00 en sueldos; y $2,535.43 en gastos permitidos.

La cuarta que cobró más entre sueldos y reembolsos hasta el 26 de julio del año pasado fue Torres Rodríguez. Según el cálculo de PRFAA, recibió $186,500.00 y $16,714.61en gastos permitidos.

En el caso de Meléndez, hasta el 15 de julio del año anterior, se le pagó $183,750.00 en sueldos y $5,783.28 en gastos permitidos.

El exgobernador Ricardo Rosselló, quien renunció al cargo en el 2019 tras masivas protestas por la divulgación de un ofensivo chat en Telegram, no cobra por el cabildeo pro estadidad en Washington.

Cabe señalar que Rosselló ganó la elección especial por nominación directa o “write in”.

Los pagos a los delegados sobrepasan, al momento, el millón de dólares.

Sueldos y gastos permitidos de los delegados por la estadidad en Washington D.C. Documento es cortesía de Prfaa.
Sueldos y gastos permitidos de cada uno de los delegados por la estadidad en Washigton D.C. Fuente: PRFAA

La Ley Núm. 167 creó la delegación congresional

La Ley Núm. 167 de 30 de diciembre de 2020 bajo la que se creó la delegación dispone para el pago de $90,000 anuales y hasta $30,000 en reembolsos asociados con las gestiones de estos funcionarios en Washington, D.C., que incluyen viajes y transporte, entre otros.

Cabe señalar que, aparte de lo anterior, la ley no establece límites en cuanto a ingresos por labores que realicen los delegados en el sector privado.

El pedido de El Diario se dio como parte de una entrevista al director ejecutivo de PRFAA, Luis Dávila Pernas, sobre su gestión en Washington y los temas prioritarios en su agenda para este año.

En el intercambio, Dávila Pernas defendió la labor del grupo y la catalogó como una parte importante de las gestiones en Washington D.C. para avanzar en el tema de la estadidad para Puerto Rico y de la descolonización en general.

“Yo he visto de primera mano a varios de los delegados trabajando, inclusive previo a que se presentara este proyecto. Muchos de ellos estuvieron en el Senado muchísimo tiempo pidiendo que se presentara un proyecto hermano. Así que esa información la tengo que contradecir. Sí han estado trabajando y la evidencia más grande de que la delegación ha funcionado, que ha sido una aportación positiva a la gestión que estamos haciendo, es la delegación extendida que se creó por iniciativa del exgobernador Ricardo Rosselló, que al día de hoy…son creo que más de 15,000 voluntarios que existen a través de todos los estados, residentes de los estados de los que tiene que responder el senador y congresista del distrito donde vive ese delegado directamente a esa persona porque ellos sí tienen poder del voto que no tenemos nosotros los puertorriqueños”, planteó.

A preguntas sobre la cantidad que se le ha pagado a los delegados con fondos públicos respondió: “Se aprobó un proyecto en Cámara, se presentó un proyecto en el Senado con la mayor cantidad de coauspiciadores en la historia del Senado. Nunca ha habido un proyecto con tantos coauspiciadores. Bajó una declaración de política pública del presidente y de la Casa Blanca endosando el proyecto para que se convierta en ley. Hemos visto cómo se han reclutado más de 15,000 voluntarios al momento en los estados. Se ha tornado también un issue de campaña en los EE.UU. donde los propios republicanos utilizan esto como ‘talking point’ en sus rallys; los demócratas lo usan también. Hemos visto cómo organizaciones de derechos civiles se han unido también a esta causa…Así que todo eso acumulado, yo lo veo como un avance y lo veo como positivo”, insistió.

La “Ley para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico” dispuso para la celebración de una elección especial en la que se eligió a dos delegados especiales al Senado de Estados Unidos y cuatro delegados especiales a la Cámara de Representantes de Estados Unidos que representarán a Puerto Rico ante el Congreso con el fin de “exigir que se respete el mandato electoral a favor de la estadidad y que se proceda a admitir a Puerto Rico como un Estado de Estados Unidos de América”.

La Delegación Congresional de Puerto Rico, cuya vigencia culmina el 31 de enero de este año, comenzó sus labores en Washington, D.C., el 1 de julio del 2021.

Los gastos permitidos de la delegación y los salarios de los delegados serán sufragados por los fondos asignados a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA)”, estableció la misma ley.

El estatuto además ordenó, que una vez fueran certificados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), cada uno de los delegados presentará un informe cada 90 días sobre sus gestiones al Gobernador de Puerto Rico.

Delegados por la estadidad, un tema divisorio

El tema de los delegados ha sido uno que ha dividido a los puertorriqueños desde antes de la celebración de la consulta.

Los populares, por ejemplo, intentaron sin éxito derogar la Ley 167 para disolver la delegación, ya que, entre otras cosas, consideran que es un despilfarro de fondos públicos. Entre las más recientes acciones de la colectividad figura una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para que investigue el alegado incumplimiento con la ley que los creó.

En específico, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, alega que los cuatro delegados que quedan activos violan la ley, porque actualmente no está ante la consideración del Congreso ningún proyecto de ley para anexionar la isla a Estados Unidos o convertirlo en el estado 51.

“Este grupo de delegados fue creado para abogar exclusivamente por un proyecto de anexión de Puerto Rico como estado, basado en el plebiscito del 2020, y actualmente en el Congreso de los Estados Unidos no existe un proyecto de anexión que busque que la isla sea admitida como un estado de la nación americana”, declaró en ese momento Ortiz en conferencia de prensa.

La realidad es que sí existe un proyecto en la Cámara para admitir a Puerto Rico como estado de la Unión. Sin embargo, el proyecto H.R. 1522 presentado en el 2021 por el demócrata de Florida, Darren Soto, quedó sobre la mesa tras las negociaciones entre la comisionada residente Jenniffer González y la demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez, que se tradujeron en la presentación y aprobación, a finales del 2022, del H.R.8393 para un plebiscito en la isla entre las opciones de estadidad, independencia y libre asociación.

En entrevista con El Diario, Buxó Santiago defendió su labor en Washington y lo que ha cobrado entre salario y reembolsos.

Como parte de sus argumentos, la abogada destacó sus movimientos para aumentar el número de coauspiciadores al proyecto del Senado 3231, presentado en noviembre pasado y que viene a ser el proyecto hermano del 8393 en la Cámara.

“En el caso de este proyecto, desde antes que comenzara este Congreso, el 118, yo estuve en conversaciones directas con oficinas y con el mismo Martin Heinrich para que se presentara la versión de consenso que fue aprobada en la Cámara. En eso yo he tenido una participación directa. No voy a reclamar ni la autoría ni el crédito completamente porque es un esfuerzo de muchas personas”, declaró Buxó Santiago.

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