PIP impugna ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico plebiscito criollo convocado por gobernador Pierluisi
Los líderes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), encabezados por el candidato a la gobernación, Juan Dalmau, consideran que, de manera anticonstitucional, el gobernador asume poderes que le corresponden a la Asamblea Legislativa
Juan Dalmau (centro), candidato a la gobernación por el PIP, anunció este viernes que la colectividad acudió al Tribunal Supremo en contra del plebiscito criollo convocado por Pierluisi. Crédito: PIP | Cortesía
Nueva York – El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) encabezado por su candidato a la gobernación, Juan Dalmau, impugnó ante el Tribunal Supremo de la isla el plebiscito convocado por el primer ejecutivo Pedro Pierluisi para el mismo día de las elecciones generales del 5 de noviembre por entender que la acción es “anticonstitucional, ilegal, fraudulenta y engañosa”.
En específico, el también secretario general del PIP junto a otros miembros de la colectividad pusieron en cuestionamiento la Ley 165 de 2020 o “Ley para Implementar la Petición de Estadidad del Plebiscito de 2020”, bajo la que el gobernador Pedro Pierluisi del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) se amparó para convocar, mediante orden ejecutiva, la consulta el pasado 1 de julio.
La Ley 165 del 30 de diciembre de 2020, aprobada por los miembros del PNP tras perder la mayoría legislativa en los comicios de ese año, “dispone los procedimientos y los parámetros que regirán la celebración de toda consulta electoral cuyo propósito sea hacer valer la voluntad electoral de la mayoría absoluta de los electores en el plebiscito de 3 de noviembre de 2020, incluyendo cualquier petición, propuesta, respuesta o ratificación electoral relacionada con el estatus político de Puerto Rico que sea presentada o solicitada por una o ambas cámaras legislativas del Congreso, el Presidente de Estados Unidos de América o ambos”.
En las elecciones generales del 3 de noviembre de 2020 se le suministró a los votantes una papeleta para que seleccionaran “Estadidad, sí o no”; un 54 % votó en la afirmativa.
Con base en esos resultados, el PNP impulsa este séptimo plebiscito criollo que incluirá las opciones no territoriales de independencia, estadidad y libre asociación, acorde con los más recientes proyectos de estatus presentados tanto en la Cámara como en el Senado de Estados Unidos.
Sin embargo, a juicio de los representantes del PIP, la Administración Pierluisi asume facultades que le corresponden a la Rama Legislativa.
“Luego de las elecciones del 2020, el PNP perdió el control de la Asamblea Legislativa. Conscientes de que ya no tendrían mayoría en Senado y Cámara, decidieron aprobar una ley en la que le delegaban de manera inconstitucional al gobernador poderes inherentemente legislativos, de manera que no dependiera de la Asamblea Legislativa que el gobernador, a capricho y conveniencia, pudiese convocar un plebiscito por orden legislativa bajo las condiciones que el gobernador quisiera”, planteó Dalmau en una conferencia de prensa este viernes desde la sede del partido en Hato Rey.
Dalmau sostuvo que la razón de fondo para la convocatoria de Pierluisi es atraer a las urnas la “hemorragia” de electores estadistas que ya no se sienten identificados con el PNP y han abandonado sus filas.
“Esto de lo que se trata en realidad; número uno, es de oportunismo político del PNP después de las elecciones y haber perdido el control de la Asamblea Legislativa; de retener control de una convocatoria inconstitucionalmente para que el gobernador pudiera convocarla a conveniencia de esa colectividad. En segundo lugar, se trata de un acto engañoso por parte del liderato PNP que ha visto cada vez menos apoyo dentro de las filas estadistas que ya no votan por los líderes de ese partido. El engaño es usar como carnada un supuesto plebiscito para que los estadistas salgan a votar; y cree ese liderato que cuando los estadistas salgan a votar…votarían por los candidatos del PNP. Así que también tiene ese elemento de oportunismo electoral para movilizar a esos electores que ya quedó claro que siendo estadistas no se sienten representados por el liderato del PNP ni sus candidatos”, señaló.
Para sostener su punto, el líder pipiolo se refirió a la baja participación en las pasadas primarias del 2 de junio en las que prevaleció la actual comisionada residente Jenniffer González frente a Pierluisi.
En el evento, unos 292,332 electores del PNP participaron, según datos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Dalmau mencionó que los penepés esperaban a medio millón. El candidato a la gobernación también hizo referencia al 54 % que votó a favor de la estadidad en el plebiscito del 2020 versus el 33 % que respaldó a Pierluisi.
Dalmau dijo que el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), con el que mantiene una alianza de cara a los comicios de noviembre con miras a acabar con el bipartidismo en el territorio, no se unió a la demanda porque el recurso fue una determinación tomada institucionalmente o a nivel de partido.
“Esta es una determinación que estamos tomando institucionalmente en el PIP. Puede haber participación de otros partidos políticos o movimientos políticos que quieran unirse, pero hicimos esta gestión como parte de lo que veníamos denunciando desde el 2020″, indicó el exsenador.
Dalmau insistió en que la herramienta “seria” para atender el tema de la descolonización que impulsará de llegar a la gobernación es la Asamblea de Estatus, mediante la cual delegados de distintas ideologías definen un acuerdo para resolver la relación de Puerto Rico y Estados Unidos.
“Yo me reitero en que yo tomo en serio la descolonización para Puerto Rico, y me comprometo a que, de ser gobernador, convocaré un proceso democrático en donde los puertorriqueños y puertorriqueñas puedan escoger entre fórmulas no territoriales y no coloniales con delegados. Pero eso va a ser un proceso serio. Lo que está haciendo el liderato del PNP es un proceso engañoso y fraudulento; pero, para colmo, inconstitucional e ilegal”, insistió.
Una violación a la separación de poderes
Carlos Gorrín Peralta, abogado constitucionalista que redactó la demanda, dijo que como resultado de la ley, el gobernador usurpa funciones que le corresponden a la Asamblea Legislativa como resultado de la separación de poderes, según la Constitución.
“Como ustedes saben, existe el concepto de la separación de poderes, y qué quiere decir eso, pues que hay tres ramas de gobierno y que los que diseñaron eso decidieron que la mejor forma de evitar el abuso del poder era fragmentar el poder, entre esas ramas, poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y, por lo tanto, la Legislatura, legisla; el Ejecutivo las pone en vigor; y el poder judicial resuelve controversias que surjan de ellas. Cuando uno de esos poderes usurpa las funciones de otro poder, entonces resulta inconstitucional lo que haya hecho ese poder”, expuso.
Aunque el gobernador puede emitir ordenes ejecutivas para eventos y procedimientos en agencias de gobierno, según Gorrin Peralta, tienen que ser bajo unos estándares muy claros.
En ese sentido, el abogado afirmó que el estatuto otorga un papel en blanco que deja en manos del primer ejecutivo la autoridad para convocar lo que quiera.
“Esa ley dice, en su título, que es una ley para adelantar la estadidad y el mandato de la estadidad; pero lo que hace realmente esa ley es decirle al gobernador, ‘usted puede convocar una consulta, la que usted quiera’. Puede ser una consulta para hacerle una pregunta al pueblo; la pregunta que él quiera, sin estándares. O un plebiscito con opciones que sea el gobernador el que va a definir…un montón de cosas, pero no dice cómo, el qué, ni el cuándo, ni el dónde…”, manifestó.
“No hay chavos para hacer ese plebiscito”
El experto en derecho constitucional además cuestionó la falta de dinero para llevar a cabo la consulta.
“Además de que violenta la separación de poderes, porque es una claudicación de la facultad legislativa, y una usurpación del Ejecutivo al aprobar ese plebiscito; en segundo lugar, no hay chavos para hacer ese plebiscito. No hay una asignación en el presupuesto que se aprobó en junio y que modificó la Junta de Control Fiscal, por supuesto, para hacer este plebiscito. Y la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones dijo que no tiene chavos para celebrar esto; pagar las papeletas y todo esto”, alertó.
En declaraciones escritas a El Diario NY días antes de que el gobernador hiciera la convocatoria oficial de la quinta papeleta, la presidenta de la CEE, Jessika Padilla Rivera, señaló que necesitan más fondos para aspectos como impresión de las boletas.
“En la eventualidad de que, mediante orden ejecutiva o legislación se ordene a la Comisión incluir una quinta papeleta para una consulta de estatus, que forme parte del evento, es imprescindible que se nos asignen los fondos para poder cumplir con dicho mandato. De igual forma, el factor tiempo es crucial en este proceso, teniendo en cuenta que aspectos relacionados con la producción de papeletas deberán ser atendidos en o antes de la primera semana del mes de agosto (7 de agosto)”, declaró en ese momento Padilla Rivera.
Sobre este particular, Gorrín Peralta alegó que el gobernador también está usurpando la labor de la CEE en términos del presupuesto.
“La ley dice que la presidenta tendrá 15 días para someterle al gobernador un borrador de papeleta, un proyecto de presupuesto sin que la Comisión tenga que ver nada con esas decisiones. Y además de eso, esa papeleta va al gobernador para que el gobernador la apruebe; y el presupuesto es para que el gobernador lo apruebe. Y, ¿cómo el gobernador va a poder aprobar un presupuesto si no tiene chavos asignados? Pues la ley dice que tiene que reunirse con el secretario de Hacienda y con dos funcionarios más del gobierno para que busquen chavos que no se sabe dónde están. Es decir, que la ley autoriza previamente a que el gobernador viole el presupuesto aprobado en la Asamblea Legislativa en junio pasado, lo cual es otra usurpación de la función legislativa. Pero además está usurpando funciones de la Comisión de Elecciones, porque el Código Electoral dice que es el pleno el que tiene que aprobar reglamentos que tengan que ver con los procesos electorales”, enunció.
Los demandantes indicaron que el pleito fue presentado en el Tribunal Supremo porque la propia Ley 165 establece que cualquier impugnación tiene que hacerse en ese foro.
El representante del PIP, Denis Márquez Lebrón, indicó, por su parte, que desde enero de 2021, junto a su homóloga en el Senado, María de Lourdes Santiago, presentaron medidas legislativas para derogar la Ley 165.
Además objetaron las sesiones extraordinarias para aprobar la ley luego de las elecciones de noviembre de 2020.
La medida radicada inicialmente en el Senado por Santiago obtuvo un informe positivo. Sin embargo, su versión en la Cámara no pasó el trámite legislativo inicial.
“El Proyecto del Senado 93 se atendió e, incluso, se rindió (un) informe positivo y estaba listo para llevarlo a votación. No obstante, el PNP se opuso y rindieron un informe de minoría y nunca se llevó a votación. Por lo tanto, estamos en este proceso de impugnar (la Ley 65) en los tribunales”, detalló el legislador también desde la conferencia de prensa.
Por su parte, Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del PIP, consideró que incluir una papeleta más en el paquete complica aún más los procesos para la CEE que completó el proceso de escrutinio de los votos de las primarias más tarde de lo previsto por fallas técnicas.
“El 5 de noviembre deberían haber solo tres papeletas después de esa mala experiencia de las primarias, hay que hacer un proceso sencillo, y es importante aclarar aquí que ya hay legislación aprobada para una cuarta papeleta que es un voto simbólico por el presidente de EE.UU. que ninguna consecuencia tiene en nuestro país. Así que ahora se está hablando de una quinta”, dijo Aponte, al tiempo que alertó que el trabajo para incluir la quinta papeleta implicará más dinero para cambios en la programación del software de las computadoras.
El proceso de escrutinio de los resultados de las primarias del 2 de junio culminó el 29 de ese mes.
Dominion Voting Systems señaló, hace unas tres semanas en una audiencia pública ante una comisión de la Cámara de Representantes en la isla, que las incongruencias entre los resultados reportados el día de las primarias y los del escrutinio general se debieron a un “error menor” en la exportación de los datos almacenados en las máquinas.
Un comité técnico fue creado para examinar las máquinas de escrutinio electrónico y continuar realizando pruebas para garantizar la confiabilidad de los procesos de cara a la elección general.
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