Líderes de la diáspora boricua envían carta a Harris y Walz para pedir que remuevan el “Puerto Rico Status Act” de plataforma demócrata
Las organizaciones e individuos solicitan a los aspirantes descartar la medida para un plebiscito no territorial en la isla
Kamala Harris y Tim Walz en un evento de campaña en Desert Diamond Arena, en Glendale, Arizona. Crédito: Julia Nikhinson | AP
Nueva York – Ocho organizaciones y 11 individuos, algunos políticos activos, firmaron una carta en la que le piden a la aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, y a su virtual compañero de papeleta, Tim Walz, que remuevan del programa de gobierno de la colectividad el apoyo al “Puerto Rico Status Act”, legislación ante la consideración del Congreso federal que propone un plebiscito entre opciones no territoriales.
La misiva, liderada por la coalición Power 4 Puerto Rico y con fecha del 15 de agosto, propone, en cambio, un compromiso con el mecanismo de Asamblea de Estatus para impulsar un proceso de autodeterminación que conduzca a la solución del problema colonial.
Los suscribientes inician la carta planteando lo significativo de que una mujer de origen caribeño y sudasiático esté aspirando a la presidencia, no solo en términos de Estados Unidos sino para los puertorriqueños en la isla y en la diáspora.
En esa dirección exponen que los boricuas son el segundo grupo más grande de latinos en EE.UU. con amplia presencia en estados como Pennsylvania, Florida, Minnesota y California.
A juicio de los líderes y organizaciones, esa es una de las razones base para desarrollar y comprometerse a trabajar con electores en la diáspora en un plan de acción inclusivo para Puerto Rico que se enfoque en temas como el estatus, una vez asuman labores de resultar electos en los comicios presidenciales del 5 de noviembre.
“Como líderes, activistas y organizadores de una fuerte diáspora puertorriqueña de 6 millones, les pedimos aprovechar esta oportunidad histórica para presentar un plan que atienda las injusticias sistémicas enraizadas en el colonialismo. Este plan debe acabar con 126 años de dominio colonial sobre naciones del Caribe y las Islas del Pacífico- una realidad que contradice los principios de democracia y derechos humanos que su campaña representa”, argumentan los boricuas en el documento.
A juicio de los activistas, el “Puerto Rico Status Act”, con versiones tanto en la Cámara de Representantes y el Senado federal, no es “equitativo” ni “transparente” como herramienta para solucionar el dilema colonial.
“La próxima administración enfrenta una decisión crítica: ¿esta nación finalmente acabará con 126 años de control sobre la vida de los puertorriqueños y las personas de otras colonias estadounidenses en el Caribe y el Pacífico? ¿Lo hará en los pilares de equidad y transparencia? La Ley de Estatus de (Puerto Rico Status Act, H.R. 2757 / S. 3231), aprobado en el borrador actual de la plataforma del Partido Demócrata no pasa esta prueba. La legislación en cuestión afirma atender esta injusticia de larga data, mientras sostiene las mismas estructuras que pretende desmantelar. Al permanecer silentes en preguntas fundamentales, esta legislación pone a Puerto Rico en el camino de tomar una decisión irrevocable sin información crucial-autocumpliendo con la continuación del statu quo colonial”, exponen los detractores de la medida.
Los asuntos que hay que aclarar en el Puerto Rico Status Act
Uno de los asuntos que amerita ser aclarado, según los solicitantes, es si bajo la estadidad el idioma español continuaría controlando las escuelas, cortes y operaciones gubernamentales, o si Puerto Rico se vería forzado a seguir el precedente de Arizona con el inglés como idioma principal.
Sobre la representación de Puerto Rico en las Olimpiadas bajo la estadidad, preguntan si la isla retendría la misma o estaría obligada a cumplir con la ley federal como los estados.
El asunto de la transferencia de la ciudadanía bajo la independencia también es un punto en debate.
“Si la independencia es elegida, ¿por qué el Congreso le negará igual protección a los hijos de ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico? ¿Cómo no viola la cláusula de igual protección de la Constitución de Estados Unidos prohibir a los ciudadanos por nacimiento transmitir su ciudadanía estadounidense a sus hijos bajo una nueva república puertorriqueña?”, añaden.
Otro tema en cuestionamiento son los impuestos y la deuda.
Las organizaciones e individuos piden aclarar que, en el caso de que la estadidad prevalezca en una contienda, los puertorriqueños enfrentarían una tasa impositiva de 70%.
“¿Cómo Puerto Rico evitará despidos masivos y al mismo tiempo continuará pagando la deuda de $72,000 millones?”, señalan.
En cuanto a representación sin tributación, piden clarificar si los individuos beneficiarios de la Ley 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico” continuarán evadiendo impuestos federales al tiempo que tienen voz y voto en la resolución final del tema de descolonización.
“Mientras tanto, ¿los evacuados por el huracán María, cuyos desplazamientos no fueron su decisión, quedarían excluidos de participar en la decisión final”, contrastan.
La carta además pide el desmantelamiento de la no electa Junta de Control Fiscal que “sofoca” a Puerto Rico.
Los miembros de la diáspora boricua también reclaman un compromiso firme para asegurar la soberanía alimentaria y una justa transición al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para residentes en Puerto Rico. “Mientras muchos otros asuntos relacionados con Puerto Rico requerirán su atención, atender las barreras estructurales de mucho tiempo que actualmente paralizan la democracia en nuestra isla-nación le permitirá a los puertorriqueños tomar mayor control de un futuro más próspero y democrático”, argumenta el grupo.
“La Administración Harris-Walz tiene la oportunidad de ser un verdadero compañero al trazar una nueva dirección, al tiempo que apoya el camino de Puerto Rico hacia su libertad. Nosotros los urgimos a liderar con transparencia y con un compromise firme de descolonización, desmantelar la Junta de Control Fiscal y abordar las barreras económicas estructurales que han sofocado la prosperidad de Puerto Rico por demasiado tiempo. Bajo su liderazgo, nosotros podemos unir, batallar, y triunfar de una manera que realmente sirva a la gente puertorriqueña, y que sea consistente con los más altos ideales estadounidenses de libertad”, puntualizaron.
¿Quiénes firmaron la carta?
La carta fue firmada por las siguientes organizaciones e individuos:
Alianza for Progress – Florida
Boricuas Unidos en la Diáspora (BUDPR)
CASA in Action
Colectividad Puertorriqueña de Houston – Texas
La Mesa Boricua – Florida
La Tejedora – Puerto Rico
Puerto Rican Cultural Center – Illinois
La representante estatal de Minnesota María Isa Pérez-Vega
La concejal de Chicago Jessie Fuentes
El comisionado del condado Cook County, en Illinois, Anthony Quezada
La segunda vicepresidenta del Partido Demócrata de Carolina del Sur, Mayra Rivera
La representante estatal de Florida Johanna López
La concejal de St. Louis, Missouri, Daniela Velázquez
La exconcejal de la ciudad de Philadelphia, María Quiñones
La expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark-Viverito
El exdirector del comité demócrata en Laconia, New Hampshire, Carlos Cardona
Los líderes comunitarios de Florida, Adriana Rivera y Eliseo Santana
Se espera que la plataforma demócrata sea aprobada durante la convención nacional que inicia el próximo lunes, 19 de agosto, en Chicago, Illinois. En el evento, oficialmente se nominará a Harris y a Walz como candidatos demócratas a la presidencia y vicepresidencia de Estados Unidos.
La enmienda que incluye la inclusión del Puerto Rico Status Act en el plan de gobierno se realizó en una reunión del Comité Nacional Demócrata (DNC) el pasado 16 de julio.
La medida dispone para la celebración de un plebiscito en la isla entre las opciones de estadidad, independencia y libre asociación. El Estado Libre Asociado (ELA), actual sistema de gobierno en la isla, fue excluido de la consulta por ser territorial.
Parte de los argumentos del entrante presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico (DPPR), Luis Dávila Pernas, ante sus colegas durante la reunión fue que el término autodeterminación es uno ambiguo que no propicia una discusión seria sobre las alternativas legalmente viables para atender el tema del estatus.
En ese momento, la coalición divulgó un comunicado en el que expresaba que, en cuanto al asunto del estatus, el plan de gobierno demócrata no era democrático.
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