¿Por qué Puerto Rico perdió a un aliado con la muerte del representante demócrata Raúl Grijalva?
Desde el estatus hasta la Junta y la crisis energética, fueron muchos los temas que el legislador atendió como miembro del Comité de Recursos Naturales
El representante demócrata Raúl Grijalva en una audiencia del comité de Recursos Naturales en el 2017 para examinar las labores de la Junta de Control Fiscal. Crédito: Alex Brandon | AP
Nueva York – Republicanos y demócratas lamentaron el fallecimiento del representante de Arizona, Raúl Grijalva, quien desde el comité de Recursos Naturales que dirigió priorizó diversos temas que impactan a Puerto Rico como territorio de Estados Unidos.
Grijalva, quien anunció en octubre pasado que no aspiraría a la reelección en el 2026, murió víctima del cáncer.
Grijalva nació en Canoa Ranch en el condado Pima.
Su padre era un trabajador migrante que ingresó a EE.UU. desde México a través del Programa Bracero. Su madre también era de origen mexicano, pero nacida en California.
El político demócrata fue electo a la Cámara de Representantes por primera vez en el 2002. Primero, representó al tercer distrito congresional de Arizona y, luego, al séptimo.
En abril de 2024, Grijalva fue diagnosticado con la enfermedad, lo que provocó que tuviera que ausentarse de los procesos parlamentarios varias veces. En noviembre pasado, retornó al Capitolio, luego de finalizar su tratamiento.
Grijalva fue presidente del referido comité, con jurisdicción primaria sobre los asuntos de Puerto Rico, desde el 2015 al 2022. En el 2002 inció labores en el organismo.
Mientras formaba parte del comité, el demócrata evaluó y legisló para atender temas como la estancia y el desempeño de la Junta de Control Fiscal (FOMB), el estatus político territorial y la crisis energética en la isla.
Nydia Velázquez, demócrata de origen boricua de Nueva York con la que legisló directamente sobre diversos temas incluyendo los relacionados con la isla, dijo estar devastada con la pérdida.
“Yo estoy devastada por el fallecimiento de mi querido amigo y colega de toda la vida, el congresista Raúl Grijalva. Raúl peleó una valiente batalla contra el cáncer, y su pérdida deja un vacío en el Congreso y en los corazones de esos que lo conocimos y lo quisimos”, indicó en un comunicado enviado a El Diario.
“Por más de dos décadas, yo tuve el honor de servir junto a Raúl en la Cámara. El lideró el camino en muchas batallas por justicia, por el ambiente y por los más vulnerables entre nosotros. Como presidente del Comité de Recursos Naturales, Raúl fue un campeón audaz en la batalla contra el cambio climático. El siempre centró las voces de las comunidades de primera línea y exigió rendición de cuentas por contaminadores corporativos. El trabajó incansablemente para asegurar inversiones históricas en acción climática y justicia medioambiental, y el impacto positivo de su trabajo perdurará por generaciones”, destacó.
Sobre su compromiso con Puerto Rico, Velázquez destacó el liderazgo en la discusión de la Ley de Estatus de Puerto Rico o “Puerto Rico Status Act” (H.R. 8393).
“Raúl estaba profundamente comprometido con el pueblo de Puerto Rico. Su liderazgo fue esencial en la aprobación de la Ley de Estatus de Puerto Rico (H.R. 8393), trabajando incansablemente para unir las voces de todos lados para encontrar terreno común sobre el futuro de la isla. Con mano firme y un profundo respeto a la autodeterminación, ayudó a presionar para que la conversación se moviera cuando más importaba”, consideró Velázquez, miembro del Caucus Progresista del Congreso, al que también perteneció Grijalva.
La republicana Jenniffer González, gobernadora de Puerto Rico, también manifestó sus respetos a Grijalva.
“Estoy profundamente triste por la muerte del congresista Raúl Grijalva. A lo largo de sus años en el Congreso, fue un firme defensor de sus electores y un dedicado servidor público”, expresó a través de Facebook.
González resaltó, entre las cualidades de Grijalva, su capacidad de diálogo.
“Tuve el privilegio de trabajar junto a él en asuntos que afectan a Puerto Rico, y aunque a menudo abordamos temas desde diferentes perspectivas, su pasión por el servicio y su respeto por el diálogo eran innegables”, añadió.
“Mis pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y colegas durante este momento difícil. Que descanse en paz”, concluyó la excomisionada residente.
El actual presidente del comité de Recursos Naturales, el republicano de Arizona, Bruce Westerman, se sumó al duelo por el fallecimiento del representante, a quien describió como un verdadero servidor público.
“Estoy profundamente triste de escuchar del fallecimiento del congresista Grijalva, un verdadero servidor público con una pasión y amor por el Comité de Recursos Naturales. Raúl tenía un respeto y un sincero compromiso con los estadounidenses a los que servimos. Estoy agradecido por el liderazgo que trajo a nuestro comité durante estos años como presidente y miembro de alto rango, y mis oraciones están con sus seres queridos”, resaltó Westerman desde la cuenta en la red social X del comité.
Puerto Rico Status Act
La gestión de Grijalva ayudó a que en el pleno de la Cámara se votara en diciembre del 2022 a favor de Puerto Rico Status Act, legislación que proponía un plebiscito en la isla entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia y libre asociación.
La medida fue resultado del consenso entre líderes demócratas y republicanos, particulamente de Velázquez y González, quienes mantuvieron por meses reuniones a puerta cerrada que se tradujeron en la legislación.
Previo a la aprobación del proyecto en la Cámara, dos piezas legislativas con el fin de resolver el estatus colonial de Puerto Rico competían por avanzar en la Cámara. Velázquez y otros colegas como la también boricua de Nueva York, Alexandria Ocasio Cortez (AOC), habían presentado el “Acta de Autodeterminación de Puerto Rico” o H.R. 2070. Por otro lado, González y el representante demócrata de Florida, Darren Soto, radicaron el H.R.1522 o “Acta de Admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión”.
El proyecto autorizaba un plebiscito federal impulsado por el Congreso para resolver el estatus político, y establecía un proceso y una línea de tiempo para que el Departamento de Justicia revisara el material educativo para los votantes y el diseño de la papeletas.
Además, autorizaba el financiamiento para, incluso, de ser necesario, realizar un plebiscito de segunda vuelta.
La consulta vinculante, según Grijalva, le otorgaría a la gente de Puerto Rico la oportunidad de escoger entre opciones de estatus no territoriales, y por primera vez, un proyecto describía como cada una de las opciones sería implementada y las implicaciones de las mismas, “para que los votantes pudieran hacer una selección informada sobre el estatus político que escogieran”.
En una columna el 19 de diciembre de 2022 en The Hill, luego de que la legislación pasó el cedazo de la Cámara, Grijalva resaltó el apoyo bipartidista a la medida en medio de críticas de grupos de la diáspora que entendían que el proyecto no era realmente inclusivo y requería profundizar en el impacto de las alternativas, particularmente de la estadidad.
“Como ningún compromiso, esta legislación no satisface completamente los ideales de todos los lados del debate politico del estatus de Puerto Rico. Pero, más importante, ofrece una oportunidad real para un proceso justo, transparente para la isla, por fin. Con su aprobación en el Senado, la Ley de Estatus de Puerto Rico alcanza el rango de legislación histórica, como la Ley para la Gente (For the People Act) y la Ley de Admisión de Washington, D.C., para realzar y consagrar los ideales democráticos de este país”, expuso.
El legislador destacó además que, contrario a propuestas anteriores, el proyecto de ley le requería al Congreso honrar el voto de los puertorriqueños e implementar el estatus político escogido por la mayoría. “La voz de la gente de Puerto Rico no puede ser ignorada más”, afirmó en el escrito de opinión.
Aunque fue aprobada en la Cámara, con la totalidad de los votos demócratas y algunos republicanos, la medida no pasó a la consideración del Senado.
PROMESA y la Junta de Control Fiscal
Por otro lado, Grijalva fue vocal en términos de la ley PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) que creó la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico (FOMBPR).
Aunque votó para su aprobación en el 2016 dejando claro sus reservas con varias partes de la ley, identificó sus deficiencias y legisló para intentar rectificarlas.
“Si se mide contra una legislación perfecta, la legislación es inadecuada. Si se mide contra la peor crisis humanitarian en Puerto Rico, esta legislación es necesaria” indicó Grijalva al describir a PROMESA como un salvavidas para el territorio ante la deuda pública.
Posteriormente, en marzo de 2019, en la coyuntura de una audiencia en el comité sobre el panorama económico en la isla, Grijalva cuestionó el enfoque de la Junta en cuanto a medidas de austeridad y el recorte en servicios.
Grijalva le preguntó a la entonces directora ejecutiva del organismo, Natalie Jaresko, sobre su postura de que los puertorriqueños no están dispuestos a trabajar si reciben asistencia del gobierno federal.
“Si la Junta intenta mantener su credibilidad, tanto con la gente de Puerto Rico como con el Congreso, necesita enfocarse más en reconstruir la economía puertorriqueña a largo plazo y menos en recortar servicios”, planteó el demócrata.
“Sugerir que los puertorriqueños que reciben escasa asistencia gubernamental simplemente no quieren trabajar, y que por eso es que la economía está como está hoy, es francamente escandaloso. A los miembros de la Junta se les paga salarios generosos con el dinero de los contribuyentes. ¿Eso no les hace no querer venir a trabajar en la mañana?”, argumentó.
En abril del 2022, se sumó al representante demócrata de Nueva York, también de origen boricua, Ritchie Torres, para introducir legislación que creaba las bases para adelantar la salida de la Junta.
“TRUST for Puerto Rico Act of 2022” (H.R. 7409) disponía para que el organismo abandonara la isla no más tarde de 90 días después de que se certificaran dos presupuestos. A partir de ese momento, todas las labores y responsabilidades de la Junta serían transferidas al gobierno de Puerto Rico.
En febrero de 2023, junto a Velázquez, Grijalva envió una carta a la Oficina Ejecutiva de los Fideicomisarios de Estados Unidos en el Departamento de Justicia para que investigara los alegados conflictos de interés por parte de empleados de McKinsey & Co., una de las principales empresas asesoras de la Junta.
“Desde la aprobación de PRRADA, informes han revelado que varios asesores de la Junta poseen conflictos de intereses preocupantes.The Wall Street Journal reportó que la firma consultora McKinsey & Co., que se estima ha ganado al menos $120 millones en honorarios de asesoramientos a la Junta, también tiene a Quanta Services entre sus clientes. Quanta Services es propietaria de la mitad de LUMA Energy, la compañía privada que ganó en el 2020 el lucrativo contraro para para el sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico”, lee parte del comunicado sobre la misiva.
El texto además menciona a la firma O’Neill & Borges que también enfrenta escrutinio luego de que un ciudadano privado presentó una moción en la corte de distrito federal en Puerto Rico en la que alega que la entidad representa a la Junta al tiempo que ofrece los mismos servicios a cuatro compañías financieras que adquirieron $384 millones en cartera de préstamos por parte del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDEPR). Las transacciones de BDEPR son supervisadas por la Junta.
La crisis energética de Puerto Rico
Otro tema que abordó Grijalva desde el comité fue la crisis energética y la privatización de los servicios en Puerto Rico bajo LUMA Energy.
En agosto del 2022, como presidente del organismo, pidió acción ante los apagones que estaba experimentando la isla bajo LUMA.
“Los estadounidenses merecen acceso a energía confiable. La gente de Puerto Rico no deben enfrentar apagones eléctricos prolongados y la incertidumbre que los fuerza a escenarios potencialmente peligrosos. La situación con el sistema eléctrico de Puerto Rico es inaceptable”, señaló.
De paso, Grijalva emplazó al gobierno de Puerto Rico a fiscalizar la gestión de LUMA.
“El Comité de Recursos Naturales está monitoreando la situación y continuará supervisando esta cuestión”, puntualizó mediante un comunicado.
En noviembre de ese mismo año, Grijalva encabezó una audiencia para indagar en las acciones del gobierno de Puerto Rico para atender la crisis.
En un mensaje introductorio a los procesos, el legislador insistió en su llamado en contra de LUMA ante el incremento en el número de apagones generales reportados.
“Es necesaria la rendición de cuentas adicional. Los residentes de Puerto Rico merecen un servicio de energía eléctrica confiable”, reafirmó Grijalva.
El entonces presidente del comité además cuestionó el lento proceso en el desembolso de fondos federales para reconstrucción en la isla.
“El proceso de reconstrucción se ha movido lento, muy lento. Por los pasados tres años con millones de dólares para proyectos provistos por FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) la respuesta de la agencia ha sido obstaculizada por protocolos que han fallado en responder a los problemas estructurales de Puerto Rico“, expuso.
“El gobierno de Puerto Rico ha sido criticado por su incapacidad para desembolsar los fondos en un tiempo razonable para proyectos críticos, organizaciones comunitarias y pequeños negocios”, añadió Grijalva.
Placas solares para residentes de bajos recursos en Puerto Rico
Grijalva además fue clave en los esfuerzos para la aprobación en el Congreso de los $1,000 millones de dólares para el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF) como parte de la Ley de Apropiaciones Consolidadas del 2023. Ese dinero sería utilizado para la instalación de placas solares y sistemas de almacenamiento de baterías en hogares de bajos recursos y de pacientes con condiciones médicas que requieren equipos eléctricos.
Más recientemente, en mayo del año pasado, junto a la entonces comisionada residente y a otros líderes de la Cámara le enviaron una carta a la Junta para pedirle que no eliminara el programa de medición neta que incentiva el uso de energía renovable en Puerto Rico.
De acuerdo con la carta, derogar o modificar la Ley 10 de 2024 retrasaría las metas de energía limpia para Puerto Rico.
“Debilitar o poner fin a la medición neta en Puerto Rico podría ser devastador. Los techos solares han añadido sobre 800 MW a un sistema eléctrico cuya demanda es de, aproximadamente, 2,500-3,000 MW. Como resultado, la tecnología solar residencial es responsable del mayor progreso que el archipiélago ha alcanzado hacia su objetivo final de generar 100% de energía renovable para el 2050. Los programas de medición neta y de techos solares exitosamente han desplazado energía que de otra forma habría sido generada por combustibles fósiles importados reduciendo los costos generales para todos los contribuyentes”, lee parte de la carta.
El programa de medición neta, que bajo la Ley 10 se supone que se extienda hasta el 2031, facilita que sistemas de energía limpia como paneles solares sean menos costosos y más asequibles al reembolsar a las familias por la energía extra que producen, pero no utilizan.
