Senado en Puerto Rico colgó medida presentada por líderes del PIP para devolver a manos públicas el control del sistema eléctrico
La “Ley para el Rescate Público del Sistema Eléctrico de Puerto Rico” buscaba devolver activos y operaciones a la AEE a través de una nueva entidad
Líderes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), encabezados por su secretario general Juan Dalmau, presentaron este miércoles la “Ley para el Rescate Público del Sistema Eléctrico de Puerto Rico”. Crédito: Cortesía
NUEVA YORK – Menos de dos días después de haber sido radicado por miembros del Partido Independentista de Puerto Rico (PIP), el Proyecto del Senado 695, que buscaba devolver a manos públicas el sistema eléctrico de la isla, encabezado por las compañías privadas LUMA Energy y Genera PR, fue derrotado bajo la modalidad de descargue en ese cuerpo legislativo.
La medida fue votada a viva voz, sin evaluación, informe ni vistas públicas.
Bajo el proceso de descargue, el proyecto no pasa por una comisión y va directo a votación a la Asamblea Legislativa, lo que no permite una discusión a fondo e inclusiva.
Los legisladores del PIP anunciaron el miércoles la radicación del proyecto tanto en el Senado como en la Cámara. Entre otras cosas, la legislación proponía enmendar la Ley 83 de 1941 para que el control del sistema eléctrico en Puerto Rico vuelva a autoridades públicas, al tiempo que pone fin a los contratos de privatización entre el Gobierno y las referidas compañías.
El 695 fue una de 10 medidas derrotadas durante las primeras dos jornadas de trabajo en el Senado como parte de la sesión ordinaria corriente.
El secretario general del PIP, Juan Dalmau, catalogó como un acto de cobardía la acción de los miembros de la mayoría del PNP (Partido Nuevo Progresista) en el Senado.
“El Senado PNP en un acto de cobardía legislativa y sin vistas públicas, descargó y derrotó el proyecto que quita de las manos de LUMA y Genera el sistema energético y se lo devuelve al pueblo”, expuso en un comunicado.
“El país ahora sabe, sin engaños, quiénes son los políticos que LUMA y Genera PR tienen en sus bolsillos“, añadió el también excandidato a la gobernación bajo la Alianza electoral con Victoria Ciudadana (MVC) en las pasadas elecciones.
Para Dalmau, el proceder legislativo es prueba de que los miembros del partido oficialista tienen un doble discurso, ya que, por un lado, afirman que quieren sacar a LUMA pero no actúan en esa dirección.
“El liderato del PNP es guardaespaldas e LUMA y Genera, y su hipocresía quedo desenmascarada”, planteó.
“Critican a LUMA de la boca para afuera, pero al momento de actuar y evaluar la única alternativa seria y sensata que se ha presentado para combatir los abusos de LUMA, lo derrotan”, puntualizó.
En una entrada previa en redes, Dalmau hizo referencia a una publicación desde la cuenta de la senadora del PIP, María de Lourdes Santiago, en la que esta notifica sobre el descargue de la medida.
“La contribución de hoy del PNP al debate democrático: bajar por descargue nuestro proyecto para recuperar el sistema eléctrico para colgarlo“, compartió la legisladora.
Por su parte, el comisionado electoral el PIP, Roberto Iván Aponte, cuestionó la narrativa tanto del PNP como del PPD (Partido Popular Democrático) de que el PIP no presenta proyectos de ley en beneficio del país.
“El bipartidismo PNPPPD siempre ha mentido propagando el falso mito de que el PIP nunca presenta alternativas al país. En su trayectoria política, el PIP ha presentado cientos de propuestas serias para resolver los problemas del día a día. Ayer y hoy, el gobierno de turno rechaza sin siquiera leer nuestra propuesta para atender la emergencia del sistema eléctrico. Así son”, cuestionó
Desde el hemiciclo del Senado, Adrián González Costa, otro senador independentista, argumentó que el proyecto 695 beneficiaba a todos los puertorriqueños más allá de ideología o partido de preferencia.
“Nuestra propuesta es para el país, para todo el mundo. No es para el PIP; no es para la Alianza. A todo el mundo se le va la luz. El lunes fue discusión aquí la chef Myrta Pérez, que el propio presidente (del Senado) dijo que siempre ha sido PNP (Partido Nuevo Progresista) y lo seguirá siendo, y qué bueno. Tiene que haber de todo en el país. La chef Myrta Pérez es una PNP a la que se le va la luz y es una comerciante a la que se le va la luz. Nosotros no queremos que se le vuelva a ir la luz a Myrta Pérez aunque sea PNP, ni a otro chef que sea popular, ni a otro chef que sea independentista, pipiolo, y a los que no votan tampoco porque a todos se nos va la luz, y le cuesta al país. Por eso es que nuestro llamado es que, más allá de líneas partidistas, devolverle al pueblo de Puerto Rico la fiscalización que LUMA ni el Gobierno no puede hacer a LUMA. Es la única garantía, a través de un organismo público, que nos salga más económica, despolitizada, y que haya luz en los comercios y en las residencias. Que ningún comercio tenga que cerrar para dejar decenas de familias sin trabajo, y ningún residente pierda la compra y enseres eléctricos”, esbozó el legislador.
En los pasados días, Pérez se volvió viral en redes luego de que se populariza un video en el que truena contra los apagones de LUMA y resalta los miles de dólares en pérdidas materiales en su restaurante en Fajardo.
Para los miembros del PIP, cuatro años después de que se privatizó el sistema de energía en la isla, “el modelo ha demostrado un fracaso rotundo: no ha aumentado la resiliencia del sistema frente a huracanes, no responde con eficacia a los apagones, incumple los planes de mantenimiento, ha permitido alzas constantes en la factura de los abonados y se encuentra muy rezagado en el cumplimiento con el calendario de energías renovables”.
Según expusieron en la conferencia de prensa, extender el contrato de LUMA por 15 años representaría un costo adicional de $792 millones de dólares.
Los impulsores de la medida también resaltaron la imposición de la Ley PROMESA (Ley de Estabilidad, Administración y Supervisión Económica de Puerto Rico) en el 2016 y la reestructuración de una deuda que asciende a $8,000 millones como detonante de la crisis.
La propuesta de los pipiolos busca atajar problemas de larga data en la AEE como mala administración, politización, nombramientos sin base en el mérito, recortes al presupuesto, falta de mantenimiento del sistema, entre otras acciones contraproducentes.
A través de la legislación, los independentistas proponen una reorganización de la AEE y su Junta de Gobierno para librar la corporación de influencia político partidista y reforzar la rendición de cuentas.
“Ante el fracaso evidente y reiterado de la privatización, la única vía sensata es recobrar el control del sistema eléctrico, superando los males de la antigua operación de la AEE –como la politización y la falta de transparencia– y entendiendo el servicio de energía como un derecho humano”, apostó Santiago.
Para el representante Denis Márquez, la insatisfacción general con el desempeño de LUMA, es prueba del fracaso de la privatización de un servicio esencial.
“Los frecuentes apagones y el aumento sin precedentes en la factura de luz son un claro ejemplo del fracaso de LUMA, la privatización y la politización de nuestros servicios esenciales. El bipartidismo debilitó por décadas la energía eléctrica y vendió la idea de la privatización como la ‘varita mágica’ que venía a resolver todos los problemas. Hoy está claro que fue un fracaso rotundo. La energía es un derecho humano fundamental, que no debe estar en manos privadas que operan sin rendición decuentas. Es momento de brindarle al pueblo seguridad energética”, emplazó.
Durante el intercambio con los medios, el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez, experto en PROMESA y litigante en el caso por la quiebra de la AEE, señaló que la corporación fue “demonizada” por las deficiencias de su ley orgánica, lo que se tradujo en el sistema privatizado actual.
“La privatización ha resultado en un desastre, como se anticipó, y ya, hasta la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) y los bonistas le han dicho a la jueza Laura Taylor Swain que la privatización resultó en un proceso mucho más costoso para la generación y transmisión de energía eléctrica, y que estamos peor de lo que estábamos anteriormente, y que, a pesar de las grandísimas inversiones que van cerca de los $2,000 millones en esa privatización, no ha habido ningún avance”, argumentó.
“Este proyecto… va a la médula del problema. La médula del problema es que la privatización no funciona dentro de las circunstancias y contexto de Puerto Rico, hace el servicio mucho más caro y el ánimo de lucro, la lógica de los mercados, hace que estas compañías solo trabajen para beneficio de sus accionistas”, continuó.
A juicio de Emmanuelli Jiménez, la posibilidad de que otra compañía privada termine asumiendo las labores que actualmente realizan LUMA y Genera implicaría un gasto mayor, por lo que la solución no es traer otro operador.
“Ese contrato, tarde o temprano, se tiene que cancelar. Los contratos de LUMA, Genera, etc. ¿Y qué pasa luego de la cancelación? La aspiración de mucha gente enemigas del pueblo de Puerto Rico es que venga otra compañía privada de rapiña a lidiar con el sistema eléctrico y a cobrar más dinero, porque, cuando vean el desastre de LUMA, cómo le fue a Luma, ellos van a querer más dinero…”
El abogado sostuvo que es necesario revertir la entrega de esos activos y operaciones a la Autoridad de Energía Eléctrica, pero a través de una nueva entidad.
“Ahí es que este proyecto atiende esta situación haciendo los cambios en la ley para que la AEE se profesionalice estableciendo requisitos estrictos de cualificaciones para todos los niveles gerenciales de la entidad, para que no venga ningún político a ocupar plazas para las cuales no está preparado. Se va a democratizar a la Autoridad para que haya gobernanza verdaderamente democrática y participación de los constituyentes en los procesos de toma de decisiones de la AEE. Se va a hacer autónoma de las influencias políticas y se va a crear una entidad que operacionalmente funcione bajo una transparencia y claridad de los procesos que permita una fiscalización adecuada para impedir la corrupción”, explicó.
El texto del proyecto señala que el fin es crear la “Ley para el Rescate Público del Sistema Eléctrico de Puerto Rico” para establecer la nueva política sobre el control y manejo de los activos, facultades, operaciones y contrataciones de la AEE. Con esa intención se enmendaría varios artículos de la Ley 17-2019 conocida como la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, para que el Pueblo de Puerto Rico retome el control sobre la AEE. Además, la legislación enmendaría la Ley 57-2014, conocida como la “Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico”, para evitar monopolios de compañías privadas en la industria energética de Puerto Rico y conflicto de interese en el Negociado de Energía (NEPR).
La medida también propone enmendar y añadir secciones a la Ley 83 – 1941, conocida como “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico” con el fin de reestructurar y reorganizar el cuerpo rector de la AEE de modo que se asegure una gobernanza participativa, transparente y totalmente independiente de la política partidista; establecer prohibiciones y obligaciones, la imposición de penas y las reglas para la elección de los representantes de los consumidores en la Junta de Gobierno para que ésta sea efectiva, transparente, democrática y sobre todo, más representativa de la sociedad puertorriqueña, e incluir el principio del mérito en el proceso de reclutamiento.
Por otro lado, el proyecto derogaría la Ley 120-2018 o “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”.
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